Alfredo Maza · 23 de junio de 2026
Autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) recibieron esta tarde a un grupo de jueces y magistrados cesados tras la reforma judicial, que denuncian el incumplimiento del pago de las indemnizaciones y pensiones por parte del nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ).
Los juzgadores fueron recibidos por Tonatiuh Ramírez, titular de la Unidad de Gobierno de la Segob, y dos funcionarios más, quienes tomaron nota de sus demandas y se comprometieron a darle seguimiento.
De acuerdo con la magistrada Elba Sánchez Pozos, los funcionarios de la Segob les indicaron que en un plazo aproximado de 15 días les darán una respuesta o avance sobre su situación, luego de buscar a Néstor Vargas Solano, presidente del OAJ, para que dé más información.

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“Nos fue bien, salimos con esperanza. El trato fue cálido, tomaron nota de las dos reclamaciones y se comprometieron, en aproximadamente 15 días, a darnos respuesta de lo que avanzaron en las conversaciones con el presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ)”, señaló en entrevista con Animal Político.
Desde ayer, los juzgadores cesados convocaron a una “caminata pacífica” para denunciar la falta de pago de sus indemnizaciones y pensiones derivadas de la reforma judicial. El objetivo era buscar un acercamiento directo con la presidenta Claudia Sheinbaum y con legisladores del Congreso de la Unión.
“Necesitamos un diálogo ya con la presidenta de la República y con todas las autoridades que intervinieron en la emisión de la reforma judicial, específicamente del Artículo Décimo Transitorio que, en su primer párrafo, establece estas dos cuestiones que reclamamos […] Necesitamos que nos escuche de viva voz porque Néstor Vargas, quien está a cargo del OAJ, nos ha tratado de forma despótica, no entiende razones y nos ha insultado”.
Esta mañana, en punto de las 11:30 a. m., iniciaron su manifestación desde la plaza del Monumento a la Revolución con dirección al Senado de la República y la Segob, donde entregaron escritos dirigidos a Laura Itzel, presidenta del Senado, y a la secretaria Rosa Icela, para pedir una mesa de diálogo.
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“En ese sentido, pues nos quedamos con buen sabor de boca, porque sí nos comentaron que la secretaria de Gobernación, desde ayer, dio indicaciones de que sí nos atendieran en una mesa de trabajo”, señaló la magistrada Sánchez Pozos.
El conflicto central radica en que, tras la conclusión anticipada de las funciones de los juzgadores, como consecuencia de la reforma judicial, el Estado no ha efectuado los pagos correspondientes a las liquidaciones constitucionales ni a las pensiones que les corresponden.

El colectivo afirma haber seguido todas las vías institucionales y haber entregado la documentación requerida sin obtener, hasta la fecha, una respuesta que justifique la falta de pago, incluso en casos donde ya existen resoluciones previas del extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que ordenan la entrega de los recursos.
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Actualmente, el problema afecta a cerca de 200 personas juzgadoras en retiro anticipado (120 personas de pensiones complementarias y 90 de indemnizaciones).
El grupo señala que los recientes cambios en el sistema han generado incertidumbre sobre qué instancias deben resolver estos reclamos y han limitado sus posibilidades de impugnación.
“Esta movilización no busca privilegios, concesiones ni beneficios extraordinarios. Busca algo mucho más elemental: que el Estado mexicano cumpla la norma constitucional que él mismo creó”.