EU pone en la mira a otros dos gobernadores: investiga a Durazo y Villarreal: LA Times
Redacción Animal Político · 3 de junio de 2026
El gobierno de Estados Unidos, que encabeza el presidente republicano Donald Trump, estaría investigando a los morenistas Alfonso Durazo y Américo Villarreal, gobernadores en funciones de los estados de Sonora y Tamaulipas, respectivamente, dijeron varias fuentes al diario estadounidense Los Angeles Times.
Esta supuesta indagatoria se encuentra en el marco de las acusaciones del Departamento de Justicia contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el también morenista Rubén Rocha Moya, por supuestos vínculos con el Cártel del Pacífico. Este señalamiento representó la primera acusación de Estados Unidos en contra de un gobernador mexicano en funciones.
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El diario estadounidense afirmó que Alfonso Durazo y Américo Villarreal fueron despojados de sus visados estadounidenses por las investigaciones penales en su contra. Ambos gobernadores son aliados conocidos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien ha criticado las investigaciones que apuntan contra gobernantes mexicanos.
“Esta medida contra funcionarios públicos en ejercicio amenaza con socavar al partido gobernante de México —que llegó al poder con la promesa de combatir la corrupción— y con tensar aún más las ya tensas relaciones entre ambos países”, señaló Los Angeles Times.
En abril pasado, recordó el diario, el Departamento de Justicia acusó a Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios, exfuncionarios y mandos, entre ellos el senador Enrique Inzunza, de colaborar con el Cártel de Sinaloa para traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina en Estados Unidos “a cambio de millones de dólares en sobornos y de ayuda para ganar las elecciones”.
EU señala a Alfonso Durazo por vínculos con el crimen organizado
Alfonso Durazo, gobernador del estado fronterizo de Sonora, es uno de los gobernadores que el gobierno estadounidense presuntamente tendría en la mira. El político sonorense es presidente del Consejo Nacional del partido gobernante Morena y ocupó el cargo de secretario de Seguridad de México durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La visa del gobernador Alfonso Durazo habría sido cancelada en 2025, debido a que Estados Unidos lo está investigando por presuntos vínculos con el crimen organizado, señalaron personas familiarizadas con el caso a Los Angeles Times.
De acuerdo con la información del medio, el gobernador de Sonora viaja al país vecino para “recibir tratamiento especializado por una afección médica”, esto dentro de un programa de libertad condicional que está reservado para personas que cooperan con autoridades estadounidenses.
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Citada por el medio, Vanda Brown, investigadora de la Brookings Institution, afirmó que el programa conocido como “libertad condicional por beneficio público significativo” está “pensado para ser utilizado como herramienta para recabar información y obtener pruebas”. Este permite a los que no son ciudadanos estadounidenses testificar para aminorar las penas de los cargos en su contra.
Américo Villarreal es investigado por “huachicol”
La indagatoria de la administración estadounidense en contra del gobernador tamaulipeco, Américo Villarreal, estaría relacionada con el contrabando de combustible, conocido en México como “huachicol”, afirmaron fuentes a Los Angeles Times.
Según el medio, el morenista también se encuentra dentro del programa estadounidense de libertad condicional, como Alfonso Durazo. “A menudo (el gobernador Villarreal) es escoltado por funcionarios estadounidenses” cuando ingresa a Estados Unidos, dijo una persona familiarizada con su caso.
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En la publicación se destacó que Tamaulipas, que limita con el estado de Texas, “es un punto clave para el contrabando de combustible hacia y desde Estados Unidos”. Los Angeles Times indicó que estas revelaciones podrían aumentar las presiones sobre el partido gobernante Morena y la tensión con México.
“Es probable que estas nuevas revelaciones aumenten la presión sobre Morena, cuyo fundador, López Obrador, llegó al poder con la promesa de combatir la corrupción, que, según él, alimentaba la violencia. Prometió que no se perdonaría a nadie implicado en la corrupción, ni siquiera a los ‘compañeros de armas’”, publicó.
Rocha Moya, el primer acusado de EU
El 29 de abril, el gobierno de Estados Unidos cimbró a la clase política en México tras revelar una acusación formal contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el ahora gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El expediente, radicado en Nueva York, señala presuntos acuerdos entre integrantes del gobierno sinaloense y la facción criminal de “Los Chapitos”, a quienes supuestamente se habría brindado protección institucional, información sobre operativos y respaldo político a cambio de sobornos.
Rocha Moya se convirtió en el primer mandatario estatal mexicano en funciones en ser señalado por Estados Unidos. El político solicitó licencia temporal a su cargo el 1 de mayo, luego de que su nombre apareciera dentro de la acusación estadounidense.
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El mandatario fue sustituido por Yeraldine Bonilla, quien era secretaria general del gobierno. La investigación lo señala de haber comprometido posiciones dentro de su administración a favor de perfiles ligados al grupo criminal y de facilitar condiciones de impunidad para sus operaciones.
Paralela a la investigación de Estados Unidos, el gobierno de México inició sus propias indagatorias, por lo que Rocha Moya fue convocado el pasado 26 de mayo a comparecer ante la Fiscalía General de la República en calidad de testigo.
Sheinbaum acusa injerencia de Estados Unidos
La presidenta Claudia Sheinbaum acusó injerencia del gobierno de Estados Unidos el pasado 31 de mayo en un acto en el Monumento a la Revolución, ante la solicitud de detención con fines de extradición en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
“Vienen por unos, luego por otros, hasta que las oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector en México. Eso no lo podemos permitir”, advirtió ante cientos de simpatizantes.
“Pero ocurrió algo más grave”, dijo en su mensaje. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó la extradición, “sin presentar públicamente pruebas que sustentaran esa solicitud”, de Rocha Moya; el senador por Morena, Enrique Inzunza; el alcalde con licencia Juan de Dios Gámez, y otros siete exfuncionarios de Sinaloa.
“¿Es realmente interés legítimo, genuino, por ayudar a México?, ¿es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada?, ¿o quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026?, ¿o acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país? No son preguntas retóricas”, cuestionó.