Caso Rocha Moya: entre ausencias públicas, comparecencias en México y una detención en EU
Noroeste · 2 de junio de 2026
A más de un mes de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara una acusación formal contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, el caso ha derivado en renuncias temporales, investigaciones abiertas en México y la entrega voluntaria de algunos implicados ante autoridades estadounidenses.
El expediente, radicado en Nueva York, señala presuntos acuerdos entre integrantes del gobierno sinaloense y la facción criminal de “Los Chapitos”, a quienes supuestamente se habría brindado protección institucional, información sobre operativos y respaldo político a cambio de sobornos.
El 29 de abril de este 2026, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer una acusación formal contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. Los delitos de los que se señala van desde conspiración para la importación de narcóticos, posesión de armas y, en uno de los casos, por asesinato.
Sigue leyendo: Evidencia contra Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Rocha, “es abundante”, advierte jueza en EU
Rocha: el primer gobernador en funciones acusado por EU
El 29 de abril, el gobernador Rubén Rocha Moya se convirtió en el primer mandatario estatal mexicano en funciones en ser señalado por el gobierno de Estados Unidos.
El gobernador de Sinaloa solicitó licencia temporal a su cargo el 1 de mayo, luego de que su nombre apareciera dentro de la acusación estadounidense. El mandatario fue sustituido por Yeraldine Bonilla Valverde, quien era secretaria general de la administración.
La investigación lo señala de presuntamente haber comprometido posiciones dentro de su administración a favor de perfiles ligados al grupo criminal y de facilitar condiciones de impunidad para sus operaciones.
Desde su separación del cargo no ha sido visto en público y su paradero ha sido cuestionado por medios de comunicación y la oposición.
Paralela a la investigación de Estados Unidos, el Gobierno de México inició sus propias indagatorias, por lo que Rocha Moya fue convocado el pasado 26 de mayo a comparecer ante la Fiscalía General de la República en calidad de testigo.
El gobernador publicó vía X que había acudido a la cita con las autoridades federales, sin embargo, no fue visto al entrar o al salir de las instalaciones de la FGR en Culiacán.
También lee: Reaparece exdirector de policía de Sinaloa y rechaza que se haya entregado a autoridades de EU
Enrique Inzunza: el operador político señalado
El senador de Morena y exsecretario general de gobierno permaneció varias semanas ausente de sus actividades legislativas, pero publicando contenido afirmando que se encontraba en Sinaloa.
El 26 de mayo acudió a las instalaciones de la FGR en Culiacán y evadió declarar públicamente ante medios de comunicación. Después, el 28 de mayo, solicitó licencia al Senado durante un periodo de 22 horas.
En redes sociales han circulado fotografías y videos de su presencia en Culiacán en las últimas semanas.
Las autoridades estadounidenses lo identifican como un supuesto vínculo entre el gobierno estatal y “Los Chapitos”, además de atribuirle presuntos acuerdos políticos con integrantes del cártel.
Dámaso Castro Zaavedra: el vicefiscal acusado de filtrar operativos
El vicefiscal de Sinaloa dejó temporalmente el cargo días después de hacerse pública la acusación de Estados Unidos en su contra.
Según el expediente, habría alertado al grupo criminal sobre cateos y acciones contra laboratorios clandestinos para permitir el retiro de evidencias. Antes de comparecer ante la FGR aseguró, ante medios de comunicación, ser inocente.
“Confiamos en las instituciones y en el trabajo de investigación. Estamos confiando en la información que se está integrando”, expresó el 26 de mayo.
Marco Antonio Almanza Avilés: el exjefe de la PDI
El exdirector de la Policía de Investigación acudió también a declarar ante autoridades federales en Culiacán el pasado 26 de mayo y rechazó colaborar como testigo protegido.
La acusación sostiene que habría recibido pagos periódicos a cambio de facilitar operaciones del Cártel de Sinaloa y ordenar liberaciones de integrantes detenidos.
Juan de Dios Gámez: el alcalde que evitó declarar
El presidente municipal de Culiacán solicitó licencia a su cargo tras la publicación del expediente; el 1 de mayo, el Cabildo votó el nombramiento de Ana Miriam Ramos Villareal como alcaldesa sustituta en una sesión extraordinaria nocturna.
La acusación estadounidense lo relaciona con presuntos pagos mensuales para permitir operaciones criminales sin intervención gubernamental.
A Gámez Mendívil no se le ha visto desde las acusaciones en su contra y ha omitido posicionamientos ante la prensa.
El 26 de mayo trascendió que compareció ante la FGR, pero sin posicionamientos al respecto.
Gerardo Mérida Sánchez: el primer detenido
El exsecretario de Seguridad Pública estatal se convirtió en el primer implicado bajo custodia estadounidense luego de entregarse voluntariamente en la frontera de Sonora. Su entrega ocurrió a mediados de mayo.
Actualmente, permanece recluido en una prisión federal de Brooklyn, Nueva York, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas.
Este 1 de junio acudió a su primera audiencia para ser presentado como parte del proceso que enfrenta tras ser acusado en Estados Unidos de presuntos nexos con “Los Chapitos”.
Sobre su caso, la jueza federal de Nueva York, Katherine Polk, detalló que existe “abundante evidencia” en su contra, por lo que dio un plazo de 60 días para que sea procesada y se entregue a la defensa.
Enrique Díaz Vega: el exfuncionario y empresario
El extitular de Administración y Finanzas fue reportado en Europa tras la publicación de la acusación.
Aunque medios nacionales informaron que se encontraba bajo resguardo de autoridades, hasta el momento no existe confirmación pública de una detención formal en Estados Unidos. Tampoco acudió a la comparecencia de la FGR ni se ha registrado su presencia en México.
De acuerdo con la acusación, entregó a los líderes de “Los Chapitos” los nombres y domicilios de los candidatos rivales de Rocha Moya por la gubernatura.
Los cargos son conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Alberto Jorge Contreras Núñez: el mando desaparecido del radar
Conocido como “El Cholo”, el exdirector de la Policía de Investigación no ha reaparecido públicamente desde que se reveló el caso. La acusación lo relaciona con presuntos pagos mensuales para proteger actividades del grupo criminal y facilitar liberaciones de detenidos.
José Antonio Dionisio: exsubdirector acusado de favorecer al grupo criminal
José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, el exsubdirector de la Policía Estatal, es señalado de presuntamente colocar agentes afines al grupo delictivo y facilitar municiones. Hasta ahora se desconoce oficialmente su ubicación.
Juan Valenzuela Millán: acusado de homicidio
El excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, identificado como “Juanito”, permanece sin paradero conocido.
Además de cargos relacionados con narcotráfico y armas, la acusación lo vincula con el presunto secuestro y asesinato de un informante de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Mientras avanzan las investigaciones en México y Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera mantiene el bloqueo preventivo de cuentas bancarias vinculadas con varios de los señalados y sus familiares.