Diputados aprueban Plan B electoral con apoyo de Morena, aliados y MC; se va a Congresos estatales

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en lo general y en lo particular, el dictamen del llamado Plan B electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, al alcanzar la mayoría calificada de dos terceras partes requerida para reformas constitucionales, por lo que fue remitido a a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para sus efectos constitucionales.

El respaldo de Morena, sus aliados y Movimiento Ciudadano (MC) fue decisivo para lograr la votación de 343 votos a favor 124 en contra y una abstención, en una minuta que llegó a San Lázaro tras las modificaciones realizadas por el Senado de la República al dictamen, misma que avaló el pasado 26 de marzo.

El proyecto aprobado ya no incorporó la propuesta original de empatar la revocación de mandato presidencial con las elecciones de 2027, pues esa disposición fue eliminada por el Senado al revisar la nueva iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El dictamen se discutió hoy en el pleno, luego de que ayer las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral lo aprobaron por 60 votos a favor del PT, PVEM, Morena y MC, y 13 en contra del PAN y PRI.

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La reforma al artículo 115 establece que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento elegido por voto popular directo, integrado por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías. Además, se incorpora la obligación de garantizar la paridad de género tanto vertical como horizontal, así como la perspectiva de género y la igualdad sustantiva en el acceso, integración y ejercicio del poder público a nivel municipal.

Por su parte, el artículo 116 dispone que las constituciones estatales deberán fijar un límite al presupuesto anual de los congresos locales, el cual no podrá superar el 0.70 % del presupuesto total de la entidad. También se refuerza la obligación de asegurar la paridad, la igualdad sustantiva y la perspectiva de género en los órganos legislativos. En tanto, el artículo 134 establece que las remuneraciones de autoridades electorales y personal directivo de organismos electorales, tanto nacionales como locales, deberán ajustarse al tope previsto en la Constitución, evitando exceder los límites salariales establecidos.

Defensa del dictamen en tribuna

Durante la fundamentación, el diputado Víctor Hugo Lobo Román, presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral, defendió que el Plan B representa “una etapa más en el proceso histórico hacia un modelo de gestión pública más racional, responsable y cercano”. Señaló que la propuesta no buscaba trastocar la autonomía de las instituciones electorales, sino “robustecer la democracia”, eliminar privilegios y avanzar hacia un servicio público más austero.

Lobo Román subrayó que las reformas a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución buscan estandarizar la integración de gobiernos municipales, corregir asimetrías presupuestales en congresos locales y asegurar que todos los servidores públicos, incluidos quienes laboran en órganos electorales, se apeguen al régimen salarial previsto en el artículo 127.

Afirmó que estos ajustes generarían economías para fortalecer programas sociales y servicios municipales, sin vulnerar el federalismo.

Sostuvo que el dictamen recogía “el más amplio sentir ciudadano”, pues —aseguró— se nutrió de propuestas derivadas de audiencias públicas dentro y fuera del país, así como de estudios demoscópicos. Lamentó que algunos elementos de la iniciativa original del Ejecutivo quedaran fuera por el rechazo de diversos partidos, pero llamó a respaldar la minuta como “un avance significativo” hacia instituciones más eficientes y austeras.

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MC respalda, aunque considera insuficiente la reforma

En posicionamientos de las bancadas, Movimiento Ciudadano anunció su voto a favor. El diputado Pablo Vázquez afirmó que su partido asumía una postura “responsable y sensata”, aun cuando consideraba que la reforma “se quedaba corta” y no alcanzaba una transformación de fondo.

Criticó que el oficialismo no hubiera impulsado un debate más amplio e indicó que la minuta que regresó del Senado ya no era la misma propuesta inicialmente por el Ejecutivo, debido a la eliminación del apartado de revocación de mandato.

Aun así, afirmó que MC “no sería parte de la polarización ni un obstáculo” para ajustes orientados a reducir gastos excesivos en órganos electorales.

PRI y PAN rechazan el dictamen

El PRI se mantuvo en contra desde el inicio. La legisladora Abigaíl Redondo Ramos calificó la reforma de “incongruente, engañosa e insuficiente”, pues en su opinión no atiende los problemas de fondo de la democracia.

Afirmó que la minuta se construyó sobre “premisas falsas” relacionadas con el gasto público en estados y municipios, los cuales —recordó— han enfrentado recortes federales de alrededor del 10%.

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Redondo advirtió que la reducción de regidurías tendría un impacto mínimo y podría incluso provocar incentivos para aumentar otros cargos, elevando así el gasto local. También alertó que la disminución de síndicos podría generar “inoperancia” en los ayuntamientos y afectar la prestación de servicios.

Criticó además que la reforma vulnera la soberanía de los estados, omite una consulta indígena pese a su impacto municipal y se elaboró —dijo— con opacidad.

Por su parte, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, en representación del PAN, afirmó que la iniciativa no surgió de un diagnóstico serio ni de un proceso de diálogo parlamentario, sino de “un atropello al principio de legalidad”.

Aseguró que la reforma representa un retroceso para el federalismo y la división de poderes al intervenir en atribuciones locales, y consideró que no atiende problemas de fondo del sistema electoral, como la seguridad de candidaturas, la fiscalización del gasto o la prevención del crimen organizado en procesos electorales.

Morena defiende las modificaciones constitucionales

En su defensa de la reforma, el diputado morenista Leonel Godoy Rangel recordó que el Plan A planteado originalmente por el Ejecutivo incluía medidas para cerrar el paso al uso de recursos públicos o ilícitos en campañas, y solicitó incluso que se leyera un fragmento de aquella iniciativa para demostrar, dijo, que la oposición la rechazó sin revisar su contenido.

Godoy argumentó que ese diseño proponía controles coordinados con autoridades financieras y de seguridad, y prohibía aportaciones en efectivo o provenientes del extranjero, por lo que “rebatía de raíz” las críticas de que Morena pretendiera mantener vacíos en el combate al financiamiento ilegal.

El legislador afirmó que la reforma constitucional que se votó —con modificaciones a los artículos 115, 118 y 134— busca “acabar con privilegios” en congresos locales y ayuntamientos y reforzar la austeridad republicana desde todos los niveles de gobierno.