Andro Aguilar · 7 de abril de 2026
Con críticas de la oposición y sin cambios respecto a lo recibido desde el Senado, las comisiones unidas de la Cámara de Diputados aprobaron el llamado Plan B electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El dictamen, que requiere las dos terceras partes de los votos por tratarse de modificaciones constitucionales, será votado este miércoles en el pleno de la Cámara.
Ya sin la propuesta de empatar la fecha de revocación de mandato presidencial con la de las elecciones de 2027, el documento fue respaldado por 60 votos del PT, el Partido Verde, Morena y Movimiento Ciudadano; y 13 en contra de PAN y PRI, integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral.
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Luego de ser la segunda propuesta de reforma electoral por parte de la presidenta y de haber sido modificada en el Senado, la propuesta fue minimizada por representantes de la oposición, que señalaron que se trata de más de una iniciativa de tono administrativo que electoral. Los legisladores de la coalición oficialista, en cambio, destacaron los ahorros que implicará la modificación constitucional.
La discusión del llamado Plan B en comisiones se extendió mucho más que la primera propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, que buscaba modificar el método para asignar las legislaturas plurinominales y reducir los recursos de los partidos políticos, y fue rechazada tanto por PT y Partido Verde.

En aquella ocasión, sin consenso entre la coalición mayoritaria, la discusión se redujo a un posicionamiento por cada grupo parlamentario, mientras que este martes, el debate se extendió con cuatro rondas de posicionamientos por cada bancada.
El 26 de marzo pasado, el Plan B fue aprobado en el Senado luego de semanas de negociaciones entre representantes de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo que tenían la intención de alcanzar los votos suficientes.
Finalmente, este último grupo no respaldó que la consulta de revocación de mandato presidencial pudiera realizarse en la misma fecha que las elecciones de 2027 y esa propuesta fue retirada de la iniciativa.
El llamado Plan B establece que con el fin de ahorrar recursos, los municipios tendrán de una hasta 15 regidurías, de acuerdo con su densidad poblacional. También propone que los congresos locales no deben exceder el 0.6 % del presupuesto de egresos de su respectivo estado.
Otro de los planteamientos es que el Senado debe reducir el 15 % de su presupuesto de manera progresiva en 15 años. Asimismo, ninguna persona funcionaria de un órgano electoral, ya sea estatal o federal, podrá ganar más que la presidenta ni costear seguros privados con recursos públicos.
La reforma establece que las constituciones estatales deberán ser ajustadas en concordancia con la reforma antes del 30 de mayo, para dar oportunidad de que los cambios se apliquen en el proceso electoral de 2027.
La primera encargada de mostrar la postura del PT sobre el documento fue la diputada Lilia Aguilar, quien denunció ataques por redes digitales en su contra luego de que su partido manifestó su desacuerdo con la primera propuesta electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.
En su turno al micrófono, la diputada enfatizó que el documento tiene un enfoque contra los privilegios y el gasto excesivo; advirtió que pese a que se establece la reducción de presupuestos para Congresos estatales, se tendrán que respetar los derechos laborales de los trabajadores.
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La morenista María del Carmen Bautista aseguró que la reforma no es menor porque busca corregir distorsiones en el poder público con esquemas alejados a la población y derivará en ahorros por más de 4 mil millones de pesos.
Aseguró que el dictamen incomoda porque se modifican prácticas que durante años se defendieron como normales.
“Durante mucho tiempo se normalizó un modelo con privilegios, con gastos excesivos y decisiones que no siempre respondían al interés publico”.
Pablo Vázquez Ahued, de Movimiento Ciudadano, dijo que pese a que la reforma no tiene un impacto de largo alcance sí reduce el costo en democracias locales, del Senado a mediano plazo y elimina el derroche y en algunas instancias, por lo que manifestaron su respaldo.
“Aunque sea una reforma menor, aunque pueda mejorarse, Movimiento Ciudadano no obstaculizará este planteamiento”
Su compañera de bancada Claudia Ruiz Massieu señaló que tras los cambios realizados en el Senado lo que quedó fue una reforma acotada, mínima, que vulnera el federalismo y al régimen municipal.
“Es una propuesta mucho más administrativa que electoral y además de innecesaria centralista”, dijo.
Ruiz Massieu señaló que no coincidió con lo que llamó la intención de establecer un régimen centralista que atenta, dijo, contra el federalismo, la soberanía de los estados y el régimen del municipio libre.

Los representantes del PAN reiteraron su rechazo a la reforma con el principal argumento de que no atiende la necesidad de poner más candados contra la infiltración de grupos criminales en los procesos electorales.
La coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Nohemí Luna Ayala, enfatizó que se desaprovechó la oportunidad de hacer una reforma electoral que atienda pendientes identificados en los procesos previos.
“Hoy, lamentablemente, estamos analizando y discutiendo los vestigios, las ruinas, lo que quedó de la intención de una reforma electoral. Por un lado, qué bueno, porque se hace menos daño al país, pero por otro lado, qué tragedia, porque perdimos la oportunidad histórica de corregir los problemas que tiene nuestro sistema democrático”.
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Por el PRI, César Alejandro Domínguez, cuestionó si las comisiones legislativas consultaron a los pueblos y comunidades indígenas que se verán afectados en la integración de sus ayuntamientos.
“México no necesita reformas impuestas desde la prisa y desde la soberbia. Necesita reformas construidas con responsabilidad, con apertura, con técnica y con respeto al pluralismo. Espero que algún día la mayoría oficialista entienda esto”.