Despidos en la Defensoría Pública: reasignan tareas de trabajo social a personal sin experiencia

Luego de que se diera a conocer el despido masivo de 43 trabajadores sociales del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), la Delegación Estado de México de este organismo oficializó la desaparición de su Área de Trabajo Social y reasignó las tareas a otros trabajadores sin experiencia en esta área. 

A través del oficio DEM/5175/2026, en poder de Animal Político, las autoridades anunciaron la “redistribución de funciones derivada de la ausencia del Área de Trabajo Social”, una medida que ha sido criticada por trabajadores del IFDP. 

“Que otros hagan lo que le tocaba a Trabajo Social, aunque no sepan, aunque implique desajuste de labores o que se descuiden estos y otros temas”, señaló un trabajador que pidió mantener su anonimato. 

Oficializan desaparición de Área de Trabajo Social en el Edomex 

En el documento oficial, la titular de la delegación, la maestra Berta Paredes Garduño, informó que, “a partir de la presente fecha, esta Delegación no cuenta con el Área de Trabajo Social”.

Sin embargo, para evitar retrasos en los procedimientos jurisdiccionales y afectaciones a las personas usuarias, el oficio establece tres cambios principales que el personal deberá observar de manera obligatoria. 

Sobre los estudios socioeconómicos, la delegación ordenó que ahora los defensores públicos y asesores jurídicos deberán solicitarlos directamente al “área competente de Servicios Periciales”.

Además, sobre las notificaciones personales, diligencias que antes realizaba el Área de Trabajo Social, ordenó que ahora sean ejecutadas por el personal de Oficialía Administrativa adscrito a cada defensor.

Finalmente, sobre la atención al público, informaron que se implementará un “rol semanal para la atención telefónica y presencial” de los usuarios, en el cual participarán las y los oficiales administrativos.

¿Qué pasó con las trabajadoras sociales dentro del IFDP?

La “ausencia” del área referida en la delegación mexiquense ocurre tras la denuncia pública realizada por trabajadores del IFDP sobre el cese repentino de 43 trabajadoras sociales en todo el país. 

De acuerdo con un posicionamiento público de los trabajadores, la medida afectó severamente a “madres de familia y trabajadoras próximas a jubilarse”. Durante una protesta reciente, uno de los sindicatos del Poder Judicial de la Federación (PJF) calificó el hecho como una “injusticia” y acusó al nuevo Órgano de Administración Judicial (AOJ), creado tras la reforma judicial, de no ver “el lado humano” de la situación.

Ante este panorama, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) emitió un comunicado paralelo condenando el actuar del OAJ. 

En su pronunciamiento, la JUFED se solidarizó con las trabajadoras afectadas y señaló que “es inadmisible que las oficinas gubernamentales se conviertan en espacios de coacción, en donde se vulnera la dignidad de las personas trabajadoras”.