Alfredo Maza · 1 de julio de 2026
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) manifestó su “enérgico rechazo” frente a las decisiones tomadas por las autoridades del nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ) en contra de los trabajadores del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) y del propio OAJ.
A través de una tarjeta informativa, la organización señaló que, de acuerdo con los testimonios de las personas afectadas, se ha confirmado un ambiente laboral negativo propiciado por los representantes del OAJ.
“Es inadmisible que las oficinas gubernamentales se conviertan en espacios de coacción, donde se vulnera la dignidad de las personas trabajadoras”, señalaron.

El posicionamiento de los jueces y magistrados se da luego de que trabajadores de la Defensoría Pública denunciaran el supuesto despido masivo de 43 trabajadores sociales a nivel nacional, una medida que aseguran afectó principalmente a madres de familia y mujeres que se encontraban próximas a alcanzar su jubilación dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF).
En su pronunciamiento, la JUFED detalló que, en su mayoría, las personas perjudicadas ocupan plazas en áreas operativas, de trabajo social y personal administrativo.
Ante esta situación, los jueces y magistrados hicieron un llamado urgente a las autoridades del OAJ para que detengan estas conductas, recordando que el servicio público debe guiarse por la ley y la racionalidad, y “jamás mediante el abuso de poder o el hostigamiento psicológico”.
“Un entorno de trabajo donde impera el miedo, el atropello y la prepotencia de los mandos superiores contradice abiertamente los principios de la Constitución”, señalaron.
Finalmente, la directiva de la asociación expresó su solidaridad con el personal administrativo afectado.
“Reiteramos que la defensa de la justicia comienza desde casa; rechazamos todo acto de autoritarismo que socave la integridad y los derechos de quienes, con su labor diaria, sirven a México”.
El pasado 30 de junio, Animal Político reportó que trabajadores del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) denunciaron el despido masivo e injustificado de 43 trabajadoras sociales a nivel nacional, una medida que aseguraron afecta directamente a madres de familia y a mujeres que se encuentran próximas a alcanzar su jubilación dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF).
De acuerdo con un comunicado dirigido a la opinión pública, los despidos se ejecutaron “de manera repentina, sin previo aviso y bajo argumentos que generan serias dudas sobre su legalidad y justificación”.

El Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación también difundió un video en el que se observa a un representante sindical de Morelos informar a las y los trabajadores sobre la decisión de las autoridades jurisdiccionales de suspender a 43 compañeras en todo el país, mientras los compañeros apoyan a una de las supuestas trabajadoras afectadas.
De acuerdo con trabajadores del IFDP, la institución habría argumentado supuestas limitaciones presupuestales para llevar a cabo los recortes; sin embargo, los trabajadores rechazan esta versión, afirmando que “el presupuesto correspondiente al ejercicio 2026 ya ha sido aprobado” y que las plazas que pretenden desaparecer forman parte de la estructura institucional contemplada en el Manual General de Puestos.