SRE publica comunicaciones con EU sobre solicitudes de captura contra Rocha
Diana Delgado Cabañez · 8 de julio de 2026
La Secretaría de Relaciones Exteriores difundió las comunicaciones diplomáticas intercambiadas con Estados Unidos tras las solicitudes de detención provisional con fines de extradición de diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre quienes se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
En los documentos se detalla que el intercambio entre ambos países inició el 28 de abril, luego de que las autoridades de EU solicitaran la captura de los funcionarios.
Lee: Caso Rocha Moya: entre ausencias públicas, comparecencias en México y una detención en EU
Asimismo, se muestra que el Gobierno de México manifestó su inconformidad por la divulgación de la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en los que se imputan delitos relacionados con narcotráfico, armas y secuestro contra el gobernador, el exsecretario general de Gobierno y ahora senador, Enrique Inzunza Cázarez; el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, así como mandos y exmandos de corporaciones policiacas y de la Fiscalía estatal.
Días después, el 30 de abril, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SRE envió un documento a la Embajada de Estados Unidos en México expresando su preocupación por la publicación de los nombres y cargos de las personas relacionadas al caso argumentando que se trataba de datos sensibles al estar vinculados con una investigación penal en curso.
En la documentación difundida también se detallan “líneas de comunicación” entre ambos países en las que se menciona que el gobierno mexicano no va a proteger a nadie que haya cometido un crimen, sin embargo, aclararon que la información deberá ser verificable y sólida, de lo contrario, el sistema de justicia no puede proceder con acciones judiciales.
También aseguran que se mantendrá la cooperación entre México y EU pero no se aceptará interferencia en decisiones que solo le competen a los mexicanos.
La información fue publicada después de que se conociera la respuesta de la SRE a una solicitud de acceso a la información presentada por un ciudadano el 27 de mayo, mediante la cual requirió copia íntegra de oficios, comunicaciones diplomáticas, solicitudes de asistencia jurídica internacional, notas verbales, correos institucionales y minutas de reuniones entre autoridades mexicanas y estadounidenses relacionadas con investigaciones por presuntos vínculos entre funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa con el crimen organizado.
Asimismo, solicitó versiones públicas de solicitudes de extradición, peticiones de localización, fichas informativas, acuerdos de cooperación bilateral y documentos relativos a reuniones sostenidas entre autoridades mexicanas y Markwayne Mullin en mayo pasado.
Sin embargo, la Subsecretaría para América del Norte determinó clasificar como reservada por un periodo de cinco años la información relacionada con comunicaciones diplomáticas, oficios, notas verbales, correos institucionales, fichas informativas, minutas de reuniones y demás documentos vinculados con los hechos materia de la solicitud.
Tras esto, el Comité de Transparencia confirmó por unanimidad dicha clasificación mediante la resolución CTA-208/2026 argumentando que su divulgación podría afectar la conducción de las relaciones internacionales, la confianza entre ambos gobiernos y los mecanismos de cooperación bilateral.
Rechazan blindaje a Rocha Moya
En conferencia de prensa, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, rechazó que el Gobierno de México intente ocultar información sobre las comunicaciones con Estados Unidos.
“Blinda la 4T a Rocha Moya”, falsó, declaró.
La funcionaria negó que se esté “blindando” a Rocha Moya, luego de que se diera a conocer que la SRE reservó por cinco años toda la documentación relacionada con las comunicaciones entre México y Estados Unidos sobre las acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico
Acusaciones de EU contra funcionarios de Sinaloa
El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra once funcionarios —actuales y anteriores— de Sinaloa, entre quienes se encuentra el gobernador en funciones, Rubén Rocha Moya, y mandos de corporaciones policiales estatales y municipales.
De acuerdo con la fiscalía estadounidense, los acusados presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de drogas a Estados Unidos a cambio de protección política, apoyo institucional y sobornos millonarios.
En la acusación se señala a Ruben Rocha Moya, Enrique Inzunza Cazarez, Enrique Díaz Vega, Damaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Aviles, Alberto Jorge Contreras Nunez, identificado como “Cholo”, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipolito, alias “Tornado”, Juan de Dios Gámez Mendivil y Juan Valenzuela Millan, alias “Juanito”, por delitos de tráfico de drogas y conductas relacionadas con armas de fuego.
Las personas señaladas habrían participado en una conspiración corrupta y violenta, en la que protegieron a los líderes del Cártel de Sinaloa frente a investigaciones, arrestos y procesos judiciales; proporcionaron información confidencial de fuerzas de seguridad y del Ejército a narcotraficantes aliados; instruyeron a agentes de corporaciones estatales y municipales para custodiar cargamentos de droga; y permitieron que se cometieran actos de violencia sin consecuencias. A cambio, habrían recibido millones de dólares en sobornos.
El 1 de mayo, el gobernador Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, pidieron licencia para separarse de sus cargos. Desde que dejó la gubernatura no ha sido visto publicamente, por lo que su paradero es cuestionado por medios de comunicación y la oposición.
Paralela a la investigación de Estados Unidos, el Gobierno de México inició sus propias indagatorias, por lo que Rocha Moya fue convocado el pasado 26 de mayo a comparecer ante la Fiscalía General de la República en calidad de testigo.
El gobernador publicó vía X que había acudido a la cita con las autoridades federales, sin embargo, no fue visto al entrar o al salir de las instalaciones de la FGR en Culiacán.
Por las acusaciones, el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, se entregó a las autoridades de EU el pasado 11 de mayo y cuatro días después se declaró no culpable en la audiencia inicial ante la Corte federal de Nueva York.
Ese mismo día se dio a conocer la entrega del exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa en el gobierno de Rubén Rocha Moya, Enrique Díaz Vega. El exfuncionario presuntamente se encontraba en Europa y viajó a Nueva York para ponerse a disposición de las autoridades.