Edgar Ledesma · 21 de mayo de 2026
La Comisión Permanente aprobó convocar a la Cámara de Diputados y al Senado a un periodo extraordinario para discutir cuatro iniciativas electorales y judiciales: aplazar a 2028 la elección de personas juzgadoras, crear filtros para revisar candidaturas, incluir la intervención extranjera como causal de nulidad electoral y modificar reglas sobre nulidad de casillas y elecciones federales.
El proyecto fue avalado en lo general con 26 votos a favor y 10 en contra, en medio de reclamos de la oposición porque, acusaron, el Congreso irá a un extraordinario sin que todas las iniciativas fueran conocidas o estuvieran publicadas.
La convocatoria, firmada por el senador Ignacio Mier y el diputado Ricardo Monreal, ambos de Morena, establece que el periodo extraordinario iniciará el martes 26 de mayo de 2026. La sesión de Congreso General para declarar su apertura está prevista a las 16:00 horas.
A partir de la apertura del extraordinario, Diputados y Senado sólo podrán discutir los temas incluidos en la convocatoria: la reforma judicial, la reforma sobre integridad de candidaturas y las dos propuestas de Monreal en materia de nulidad electoral.
Las reformas constitucionales, como el aplazamiento de la elección judicial y la nueva causal de nulidad por intervención extranjera, requerirán mayoría calificada en ambas cámaras y después el aval de al menos 17 congresos estatales.
En cambio, las reformas a leyes secundarias, como los cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, deberán ser aprobadas por Diputados y Senado antes de pasar al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La discusión ocurre contra reloj.
En la presentación “Temas del periodo extraordinario”, expuesta por Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, en conferencia de prensa, se señala que si se toma como referencia el 7 de septiembre de 2026 como inicio estimado del proceso electoral, la fecha límite aproximada para emitir la reforma sería el 9 de junio, debido a la regla que impide modificar leyes electorales dentro de los 90 días previos al arranque del proceso.

La primera iniciativa del paquete es la reforma constitucional enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para aplazar de 2027 a 2028 la segunda elección de personas juzgadoras.
La propuesta también busca permitir que la revocación de mandato pueda realizarse junto con elecciones ordinarias. De acuerdo con la presentación de Monreal, el argumento es aprovechar la infraestructura electoral, reducir costos y promover una mayor participación.
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En materia judicial, el planteamiento prevé que los cargos no renovados en 2025 y las vacantes sean elegidas en 2028. También establece que quienes tenían encargos hasta 2027 continúen en funciones hasta que las personas electas tomen protesta en septiembre de 2028.
La reforma además busca que las elecciones judiciales locales se realicen en la misma fecha que la elección federal. Para ello, las entidades federativas tendrían 60 días para hacer las adecuaciones correspondientes.
Durante la discusión, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, cuestionó que se convocara al extraordinario sin conocer el contenido completo de todas las propuestas.
Dijo que la iniciativa sobre integridad de candidaturas apenas se conocía por una presentación y que la propuesta sobre medios de impugnación seguía “brillando por su ausencia”. También acusó que se pretendía votar la convocatoria “a ciegas”.
Desde el PAN, Homero Niño de Rivera sostuvo que el extraordinario implicaba reconocer fallas en la reforma judicial impulsada por Morena. “Están aceptando el desastre que hicieron”, dijo.
El panista también reclamó que la agenda no incluyera temas como la situación política en Sinaloa y los señalamientos contra el gobernador Rubén Rocha Moya.
La senadora del PRI, Carolina Viggiano, acusó que la reforma judicial no corrige los problemas de la elección de personas juzgadoras y afirmó que el oficialismo busca incluir la revocación de mandato dentro de esa discusión. “Esta reforma es una trampa política evidente”, señaló.
Morena defendió la convocatoria. El senador Manuel Huerta sostuvo que los cambios buscan perfeccionar el modelo de elección popular de personas juzgadoras, mientras que Malú Micher defendió el desempeño de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y dijo que la reforma busca consolidar la elección directa en el Poder Judicial.

Además de la reforma judicial, el extraordinario incluirá una iniciativa presidencial para modificar la LGIPE y crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, dependiente del Instituto Nacional Electoral (INE) e integrada por cinco consejeros electorales.
Esa comisión funcionaría como enlace entre los partidos que decidan participar y autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia. El objetivo es consultar información con el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para detectar un posible “riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada.
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De acuerdo con la exposición de Monreal, los partidos entregarían de manera voluntaria a la comisión la lista de aspirantes. Las autoridades harían el análisis correspondiente y, si detectan información relevante, la comisión informaría si existe o no un “riesgo razonable”, sin detallar el asunto del que derive.
Con base en esa información, los partidos serían responsables de decidir si registran o no la candidatura. El proceso sería confidencial y la información tendría carácter reservado para no afectar el debido proceso.
Las otras dos iniciativas incluidas en el extraordinario son de Ricardo Monreal.
La primera plantea reformar el artículo 41 constitucional para agregar la intervención extranjera como causal de nulidad de elecciones. La segunda propone modificar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral en lo relativo a causales de nulidad de votación recibida en casilla y nulidad de elecciones federales.
Actualmente, la Constitución prevé causales de nulidad cuando se excede el gasto de campaña en 5%, se compra o adquiere cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de la ley, o se reciben o utilizan recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en campañas.
Además de las reformas, la convocatoria permite que Diputados atienda solicitudes de licencia, tomas de protesta y reincorporaciones. En el Senado, también se podrán desahogar acuerdos de sus órganos de gobierno, licencias, tomas de protesta y reincorporaciones.