Caso Wallace: nueva defensa de Brenda Quevedo exige su libertad
Alfredo Maza · 29 de junio de 2026
Organizaciones de derechos humanos, abogados, académicos y periodistas anunciaron la creación de la Red Internacional de Solidaridad con Brenda Quevedo, una de las víctimas de fabricación de pruebas y tortura sexual dentro del llamado “Caso Wallace”, con el objetivo de asumir su nueva representación legal y exigir su liberación inmediata tras permanecer casi 20 años privada de su libertad sin recibir una sentencia de primera instancia.
Brenda Quevedo Cruz fue detenida cuando tenía 27 años, acusada de participar en el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace, un proceso conocido mediáticamente por diversas irregularidades. Tras pasar más de 16 años en prisiones de alta seguridad, en junio de 2024 se le dictó la medida de prisión domiciliaria.
Actualmente, Brenda tiene 45 años y vive en un departamento de menos de 100 metros cuadrados, porta un brazalete electrónico, cuenta con vigilancia permanente de la Guardia Nacional (GN) y no se le permite salir a trabajar, mientras se encuentra al cuidado de su madre de la tercera edad, por lo que piden su libertad.
Salud de Brenda Quevedo en riesgo; denuncian violencia institucional
La nueva abogada del caso, Karla Micheel Salas, reconocida por su labor jurídico-feminista y en defensa de los derechos humanos del país, denunció que el Estado continúa ejerciendo violencia institucional al negarle a Brenda Quevedo el acceso al derecho a la salud.
En conferencia de prensa, la abogada señaló que como secuela de la tortura sexual y física que padeció en penales como Santiaguito e Islas Marías, la acusada presenta hemorragias continuas y anemia grado dos.
A pesar de lo anterior, denunció que juzgados federales le han negado los permisos para salir de su domicilio y trasladarse a un hospital, bajo el argumento de que la situación “no es urgente”.
Durante la conferencia de prensa, Brenda Quevedo tomó la palabra unos momentos para exigir justicia y relatar las condiciones de su confinamiento.
“Nadie debería sentirse secuestrado por el Estado, porque se supone que el Estado es quien debe garantizar la seguridad y la impartición de justicia”, declaró.
Sobre su estado de salud y su situación jurídica actual, Quevedo aseguró que pasa por una situación que “es inconcebible. No sé en qué Estado de derecho puede existir esto. Esto es una pesadilla”.
Ante esta situación, realizó un llamado urgente a todas las autoridades judiciales del país. “Solamente pido eso, que ya me liberen, por favor, o que ya me sentencien y me digan que esto por fin se acabó”.
Victimarios del Caso Wallace siguen en el Gobierno, asegura Ricardo Raphael
Durante la conferencia, el periodista Ricardo Raphael, autor del libro “Fabricación” en el que narra las diversas irregularidades que han marcado el llamado Caso Wallace, también explicó que el proceso se ha prolongado porque “no hay pruebas solventes, consistentes, sólidas en su contra”, pero argumentó que los jueces han carecido de valor para liberarla debido a la presión política que rodea la investigación.
La evidencia principal contra Quevedo ha sido desestimada oficialmente. El año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la confesión de la coacusada Juana Hilda González Lomelí, tras confirmarse que fue obtenida mediante tortura.
Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido resoluciones recientes, como la recomendación 181/2025, donde documenta que la investigación fue realizada con pruebas ilícitas y tortura en contubernio con altas esferas del poder público.
A pesar del desvanecimiento de las pruebas, la Fiscalía General de la República (FGR) se ha negado a desistir de la acción penal.
Ante esta situación, Ricardo Raphael aseguró que “quienes fabricaron las pruebas contra Brenda tienen temor […] pues muchas de ellas están hoy en día trabajando en instituciones como la SCJN o la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, por lo que aseguró que siguen entorpeciendo la libertad de las víctimas por miedo a ser juzgados.
Nueva estrategia legal para Brenda Quevedo
En sus primeras tres semanas de trabajo, el nuevo equipo de defensa ha presentado tres amparos: uno para garantizar el derecho a la salud, otro para revisar las desproporcionadas medidas cautelares y un tercero ante la negativa del juez de cerrar la instrucción del caso para poder emitir una sentencia.
Los abogados informaron que contemplan acudir al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) para denunciar el actuar de los jueces que le niegan la atención médica de emergencia.
De forma paralela, litigan recursos para obligar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a otorgarle una reparación integral del daño a ella y a su familia.