Empresa vinculada al Cártel de Sinaloa vendió equipo a policías de Baja California
Alexis Ortiz y Frasua Esquerra | Unidad de Investigación · 2 de octubre de 2026
Inteliproof Efficient, una empresa de seguridad privada que Estados Unidos acusó de formar parte de una red que lava dinero para el Cártel de Sinaloa, obtuvo cinco contratos por 17 millones 535 mil pesos con los municipios de Tecate y Playas de Rosarito, en Baja California, entre 2022 y 2025. Las contrataciones incluyeron la compra de patrullas, cámaras corporales y uniformes policiales, así como el arrendamiento de vehículos.
Entre los contratos destacan dos que suman 10 millones 443 mil pesos, firmados por Hilda Araceli Brown Figueredo, actual diputada federal de Morena y exalcaldesa de Playas de Rosarito.
Hace un año, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) señaló a Hilda Brown por supuestamente permitir la operación del Cártel de Sinaloa en Playas de Rosarito, aunque ella ha negado estas acusaciones.
Inteliproof Efficient fue sancionada por la OFAC el pasado 29 de septiembre debido a que su propietario es Antonio Moreno Gómez Santelices, a quien el gobierno estadounidense señala por presuntamente lavar dinero para la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa. Según esa acusación, lo haría a través de una red de compañías de seguridad, bienes raíces y entretenimiento.
La empresa opera en México desde 2022 con un permiso de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y ha obtenido contratos con el gobierno de Baja California, la fiscalía y municipios del estado.
El Ayuntamiento de Playas de Rosarito le adjudicó tres contratos. En 2022 le otorgó uno de 7 millones 638 mil pesos por la compra de cinco patrullas tipo pickup; en 2024, otro de 2 millones 805 mil pesos por la adquisición de uniformes policiales, y en 2025, uno más de 1 millón 425 mil pesos por cámaras corporales para sus elementos de seguridad.
La morenista Hilda Araceli Brown, quien fue alcaldesa de Playas de Rosarito entre 2021 y 2024, firmó los contratos de 2022 y 2024, ambos adjudicados de forma directa y con cargo a recursos del fondo federal Fortamun.
El contrato de 2025 otorgado por Playas de Rosarito no está disponible para su descarga, pero su adjudicación y monto quedaron registrados en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Lo mismo ocurre con los dos contratos que el Ayuntamiento de Tecate otorgó a Inteliproof Efficient: los documentos no están disponibles para su descarga, pero las contrataciones quedaron registradas en las bases de datos de la PNT.
Uno de ellos, por 3 millones 542 mil pesos, fue para el arrendamiento de cuatro vehículos tipo patrulla. El otro, por 2 millones 125 mil pesos, no especifica el servicio o bien adquirido. En el registro aparece el concepto: “Contrato administrativo de reconocimiento y extinción de obligaciones pendientes, con transmisión de propiedad y finiquito”.
Además de estas contrataciones municipales, Inteliproof Efficient obtuvo contratos con la Fiscalía de Baja California por más de 200 millones de pesos, según reportó la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Otras empresas señaladas por la OFAC ganan contratos
Otras dos empresas señaladas por la OFAC como parte de la misma presunta red de lavado de dinero para la facción de Los Mayos también obtuvieron contratos con dependencias de Baja California.
Una de ellas es Wermak Publired S.A. de C.V., que recibió un contrato de la Oficialía Mayor del Gobierno de Baja California. La OFAC vinculó a esta empresa con Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, señalado por autoridades estadounidenses como parte de una red empresarial utilizada en favor del Cártel de Sinaloa.
El contrato, firmado el 2 de julio de 2025, fue adjudicado directamente a Wermak Publired para el “servicio integral para la realización del Foro Internacional de Transformación Digital para la Dirección de Agencia Digital”. La adjudicación directa se realizó después de que se declarara desierto un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas.
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El monto original fue de 1 millón 557 mil 407 pesos antes de IVA, equivalente a alrededor de 1 millón 682 mil pesos con el impuesto incluido. Ese mismo día, el gobierno estatal y la empresa firmaron un primer convenio modificatorio por 329 mil 999 pesos adicionales, IVA incluido.
El contrato fue firmado por David Ramsés Cervantes Aguilar, oficial mayor del Gobierno de Baja California, y por Facundo Emilio Gámez Hernández, representante legal de Wermak Publired.
La documentación oficial indica que el servicio fue cargado a la partida presupuestal 38301, correspondiente a “Congresos y convenciones”, con recursos del ejercicio 2025. El evento debía realizarse el 3 y el 4 de julio de ese año, con premontaje el 2 de julio y desmontaje el 4 y el 5 de julio.
Wermak Publired fue constituida en junio de 2023 en Baja California. De acuerdo con el propio contrato, su objeto social incluye organizar, promover y administrar eventos musicales y culturales, así como vender o rentar equipo de producción musical y sonido.
En los anexos del contrato aparece una discrepancia: la propuesta económica menciona que el servicio sería para la “Dirección de Agencia Digital de la Fiscalía General del Estado de Baja California”, aunque el contrato principal identifica como área solicitante a la Dirección General de la Agencia Digital del Gobierno del Estado.
Private Equity Baja
El segundo caso corresponde a Private Equity Baja S.A.P.I. de C.V., otra empresa incluida en la lista de sanciones de la OFAC y también vinculada por el Departamento del Tesoro con Marco Antonio Moreno Gómez Santelices.
En la Plataforma Nacional de Transparencia, Private Equity Baja aparece como proveedora del Ayuntamiento de Tecate durante 2025 mediante el contrato C-DAD-ADQ-TM-002-2025. Según el registro, el contrato por 350 mil pesos se adjudicó de forma directa y fue firmado el 31 de enero de ese año para servicios de asesoría jurídica, fiscal, contable y administrativa.
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El Departamento del Tesoro sancionó el 29 de septiembre de 2026 a 21 personas y 25 empresas presuntamente vinculadas con una red del Cártel de Sinaloa en Baja California.
La OFAC señaló que varias de esas empresas eran propiedad de Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, estaban bajo su control o dirección, o actuaban en su nombre. Los contratos públicos documentados muestran que las empresas obtuvieron contrataciones gubernamentales en Baja California antes de ser incluidas en la lista de sanciones. Estas abarcaron bienes y servicios de seguridad, la organización de un evento y servicios de asesoría municipal.