Caso Álvarez Puga y Gómez Mont: entre desvíos millonarios y la mansión de Cher
Animal Político · 30 de septiembre de 2026
El caso del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y de su esposa, la conductora de televisión Inés Gómez Mont, dio un giro este 30 de septiembre con el retiro de la ficha roja de Interpol en su contra. Te presentamos el entramado de la pareja para el desvío de millones de pesos y el reclamo de México.
El desvío desde Segob
El caso inició en 2021 cuando la Fiscalía General de la República (FGR) abrió la investigación por el presunto desvío de 2 mil 950 millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación durante la gestión de Miguel Osorio Chong mediante la adjudicación de contratos a empresas fantasma.
La FGR obtuvo entonces una orden de aprehensión en contra del abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, la actriz y presentadora de televisión Inés Gómez Mont, por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.
Álvarez Puga y Gómez Mont habrían sido los beneficiarios finales del presunto desvío millonario operado con la Segob mediante mil 446 operaciones bancarias para triangular y lavar los recursos. La indagatoria señala que también habría participado un hermano del empresario, Alejandro Álvarez Puga.
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El “Caso Querubines”, como fue llamado, indica que los recursos públicos habrían sido desviados mediante dos contratos adjudicados por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), que dependía de la Segob en el sexenio pasado, a Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V.
Los contratos que sumaban 2 mil 950 millones de pesos fueron adjudicados en agosto y octubre de 2016, supuestamente para comprar un programa de interconexión de siete penales federales al C4 del OADPRS, y fueron declarados reservados por el Comité de Transparencia de dicha institución durante 5 años, alegando motivos de seguridad nacional.
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió en ese año una ficha roja contra Inés Gómez Mont y Álvarez Puga, a solicitud de la FGR, para buscarlos en más de 190 países.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) contaba con informes de inteligencia que apuntaban a que el matrimonio se encontraba fuera del país, por lo que se les consideraba prófugos de la justicia.
La mansión de Cher
La pareja tampoco ha estado libre de excentricidades. En septiembre de 2021, se reveló que adquirieron la mansión en Miami Beach que perteneció a la cantante estadounidense Cher. La propiedad está ubicada en el número 64 de La Gorce Circle, en la exclusiva comunidad de La Gorce Island.
Animal Político accedió a los documentos en registros públicos de Florida que confirman que Álvarez Puga y Gómez Mont adquirieron esa casa de 11 mil 460 pies cuadrados a través de prestanombres, y fueron sus propietarios, cuando menos, entre diciembre de 2017 y diciembre de 2020.
El matrimonio compró la mansión a 15.5 millones de dólares y la revendió a 17 millones de dólares, un precio equivalente a unos 340 millones de pesos.
Cher, ganadora de numerosos premios de cine y música, incluido un Óscara mejor actriz, fue dueña de la mansión de Miami Beach entre 1993 y 1996, año en que la vendió a 4.3 millones de dólares, según los registros de la propiedad de Miami.
Inés Gómez Mont en la mira de la FGR
En 2022, la FGR documentó y acusó a la conductora Inés Gómez Mont de recibir depósitos por 14 millones de pesos de dos empresas que estarían implicadas en una presunta red de compañías fantasma, a través de las cuales se desviaron recursos públicos.
Sin embargo, la fiscalía falló entonces en acreditar que la conductora y su esposo, Víctor Álvarez Puga, eran los supuestos líderes de la trama delictiva mediante la cual se realizaron dichos desvíos, así como los principales beneficiados.
Un juez federal aceptó girar una orden de aprehensión en su contra, pero concluyó que lo que la pareja recibió equivale a menos del 1 % del dinero desviado. La FGR acreditó que Gómez Mont recibió depósitos por 14 millones 843 mil 816 pesos, que equivalen al 0.5% del total.
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Las cuentas descongeladas
Pese a las acusaciones en su contra, la conductora y el empresario recuperaron sus cuentas bancarias en 2025, luego de que magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ordenaron a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) quitarlos de su “Lista de Personas Bloqueadas”.
La UIF interpuso un recurso de revisión el 12 de diciembre de 2023, en el que insistió en que su inclusión a la Lista de Personas Bloqueadas constituía un mecanismo de prevención a la continuación del lavado de dinero y de cumplimiento a compromisos internacionales.
El 4 de marzo de 2025 se giraron instrucciones para que se reanudaran los servicios financieros a la pareja. En noviembre de 2023, un juez de distrito había otorgado un amparo a los esposos en contra del congelamiento de sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito, por lo que el Tribunal Colegiado ratificó esa resolución.
Detención en EU y una extradición pendiente
En octubre de 2025, Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido en Miami. De acuerdo con el registro del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), el empresario se encontraba en el centro de detención Krome North SPC en Miami, Florida.
Luego de su detención, la FGR confirmó que solicitó la extradición del empresario, esposo de la exconductora de televisión, Inés Gómez Mont, quien cuenta con al menos dos órdenes de aprehensión.
El 17 de octubre de 2025, un juez migratorio estadounidense había determinado la deportación de Álvarez Puga, ante lo cual, sus abogados recurrieron esa orden.
Sin embargo, un tribunal federal en Estados Unidos ordenó que Álvarez Puga recibiera una audiencia individualizada de fianza o que fuera liberado, y prohibió a las autoridades transferirlo fuera del distrito mientras se cumplía la orden judicial.
La extradición del empresario forma parte de los 269 requerimientos que México ha formulado a Estados Unidos entre el 1 de enero de 2018 y el 13 de mayo de 2026, periodo en el cual no se ha entregado a ninguna persona a las autoridades mexicanas.