Ni críticas ni felicitaciones: es urgente responder a la crisis de desapariciones

La observación de la comunidad internacional sobre la crisis de desapariciones en México volvió a la discusión pública en días recientes. El pasado 20 de octubre, el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) presentó el informe anual del CED ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, en el marco de su 81 periodo de sesiones. En la presentación se abordó la decisión del CED de abril de 2026, de remitir la urgente situación de México ante la Asamblea General conforme al artículo 34 de la Convención Internacional en la materia, con el objetivo de que se tomen medidas de cooperación y asistencia internacional en torno a la crisis de desapariciones que enfrenta el país y que tanto ha lastimado a miles de familias.

En su informe, el presidente del CED reiteró que existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se cometen de manera generalizada o sistemática en el país. Si bien reconoció los esfuerzos realizados por el Estado mexicano, advirtió que persisten problemas estructurales que requieren atención. Con un tono más cauteloso que en la decisión de abril, señaló que el Comité ya había formulado propuestas concretas y que ahora correspondía a la Asamblea General considerar la “movilización y cooperación internacional” y el apoyo que ofrece un procedimiento que calificó de “preventivo” y “excepcional de alerta”.

La posición del Estado es conocida. Reiteró que México no “tolera ni consiente” las desapariciones y sostuvo que estas se cometen principalmente por elementos del crimen organizado, aunque concedió que, en algunos casos, participan autoridades municipales. Ello, recordándonos las posiciones de administraciones federales anteriores que buscaron por años reducir el problema a uno de criminalidad común o a la esfera municipal, ignorando que las desapariciones siguen siendo cometidas por autoridades de diversos niveles de gobierno y su responsabilidad en la búsqueda e investigación de las desapariciones en su conjunto.

La crisis requiere medidas extraordinarias, no solo revisar cifras

A su vez, México mantuvo su rechazo a la interpretación del CED sobre el alcance y la aplicación del artículo en cuestión. Afirmó que durante este año se han localizado más de 16,000 personas como resultado de la denominada Estrategia Nacional de Búsqueda. En su intervención final, el presidente del Comité adujo que estos resultados podían estar relacionados con la decisión de iniciar el procedimiento que el Estado rechaza.

Como sucedió a nivel internacional, en el orden nacional se continuó disputando la narrativa alrededor de la crisis. En la conferencia mañanera se ratificaron las acciones de búsqueda inmediata y la revisión de registros. Respecto de lo señalado en la sesión, se aseguró que el órgano de tratado había pasado “de una crítica a una felicitación”, derivado del saludo del presidente del Comité a las acciones emprendidas.

Una semana después de la sesión, representantes de la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores presentaron los resultados de la misión de trabajo que sostuvieron en el marco de la Asamblea General. Tras reiterar los mensajes sobre las acciones emprendidas en el año, se afirmó que no se prevé ninguna acción posterior sobre el artículo 34 por parte de la Asamblea General. En ese espacio se reiteró que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) será revisado con la participación de un grupo de especialistas nacionales e internacionales, acompañadas por  ONUDH, anunciado antes de la sesión.

Más allá de la disputa sobre las críticas o las felicitaciones, al final de una jornada largamente esperada por muchas víctimas y organizaciones, es necesario dimensionar el momento y lo que implica para las familias.

En primer lugar, desde la tribuna presidencial se reconoció que las acciones emprendidas en materia de desapariciones se pusieron en marcha únicamente después del hallazgo del Rancho Izaguirre y se reforzaron tras el inicio del procedimiento internacional, como consta en la información remitida al CED. Medidas que, como se han dicho múltiples ocasiones, son insuficientes para abordar las problemáticas estructurales identificadas por el Comité, así como por otros organismos internacionales, como en el  más reciente informe de la CIDH. La crisis requiere de medidas extraordinarias, no solo de revisión de cifras.

Siempre debe considerarse el parecer de las familias de las víctimas

Hay que decirlo con claridad: encontrar a personas desaparecidas siempre es positivo. Lo que el Estado debe de garantizar es que las cifras sean verificables ante la desconfianza que las múltiples revisiones de registros han dejado, pues ha habido más dudas que certezas para las familias.

También es indispensable escuchar las dudas de las familias alrededor de los mensajes de celebración respecto de la cooperación con organismos internacionales. Colectivos de familiares de personas desaparecidas emitieron una carta pública dirigida a quienes realizarán la revisión del RNPDNO, solicitando que puedan reunirse con ellas y ellos para conocer más sobre el alcance de su mandato y las garantías de independencia y transparencia con las que contarán. La coordinación de los organismos internacionales con el Estado siempre son relevantes, a la vez, requiere de ir abonando a la confianza de las víctimas que se han visto constantemente olvidadas de esas decisiones institucionales.

Finalmente, lo ocurrido también permite dimensionar los alcances y los límites actuales del andamiaje internacional de derechos humanos. El Estado mexicano volcó sus esfuerzos en evitar que dentro del más alto órgano político de las Naciones Unidas se adopte una decisión respecto de la situación de México, lo que muestra la relevancia que atribuyó al procedimiento. No obstante, el contexto obliga a ponderar las expectativas sobre la realidad y alcance de los organismos internacionales. Hay que recordar que los pasos dados en las arenas internacionales son relevantes para las víctimas si generan acciones a  nivel nacional. En este caso, la posibilidad de avanzar también depende de la cooperación y escrutinio internacional, pero sobre todo de las exigencias sostenidas que han mantenido las familias en México para que el Estado tome medidas extraordinarias. 

En el centro de este proceso quedan las exigencias de verdad y justicia de las familias, quienes han puesto parte de sus esfuerzos en estos mecanismos internacionales como una herramienta más para encontrar a sus seres queridos. Su experiencia y sus múltiples acciones de denuncia nos recuerdan que es relevante continuar amplificando su digna palabra hasta que la respuesta del Estado llegue a estar a la altura de la dimensión de la realidad de las desapariciones.♦ 

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