La labor de la sociedad civil para proteger los derechos y la democracia

Con el avance de autoritarismos, gobiernos de ultraderecha y discursos conservadores en el mundo y en América Latina se han incrementado las preocupaciones sobre el debilitamiento de la democracia y la erosión de la institucionalidad. En Nicaragua, por ejemplo, las alertas suenan aún más fuertes, frente a los pronunciamientos del régimen autoritario que afirma que no habrá más elecciones y a la decisión de distintos países de la Organización de Estados Americanos de no tomar acciones al respecto —entre ellos México.

En El Salvador, mientras tanto, se profundizan las preocupaciones sobre los impactos en derechos humanos con las imágenes de juicios masivos sin garantías en el marco del régimen de excepción, la criminalización de periodistas y personas defensoras de derechos humanos y la próxima jornada electoral en 2027. Mientras, quien asumió la presidencia en Colombia llegó al poder con un discurso abiertamente antiderechos y amenazante contra la izquierda en ese país.

Frente a este contexto regional es indispensable que en México se amplifiquen las reflexiones sobre los retos de la defensa de la institucionalidad democrática y el espacio cívico. Si bien la comunidad internacional ha celebrado los avances en el país en materia de derechos sociales y el discurso oficial mantiene la defensa de los derechos como un estandarte, es necesario hacer un recuento de los debates actuales sobre las decisiones que han puesto en juego el equilibrio democrático. 

En ese contexto, el pasado 21 y 22 de agosto, distintas organizaciones civiles de al menos 10 entidades de la república —entre estas Coahuila, Chihuahua, Hidalgo, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Chiapas, Veracruz y Tabasco— llevamos a cabo el “Taller Nacional sobre Institucionalidad Democrática” en el Centro Prodh, en donde reflexionamos sobre los obstáculos a los que se enfrenta la sociedad civil en general para la defensa de los derechos humanos.

Barreras que urge derribar

Por ello, es importante analizar cuáles han sido los impactos de todos los cambios constitucionales aprobados en 2024, que han modificado la institucionalidad a lo largo del país. En primer lugar, destaca la reforma al Poder Judicial, que afectó la independencia de un poder del Estado que debería fungir como un contrapeso. La confirmación de la politización de la elección —confirmada en el uso de los acordeones—, y que esta situación no pudo ser revertida mediante una reciente reforma, ha dejado de lado otros problemas, como el desempeño insuficiente y la falta de conocimiento especializado por parte de las juezas y jueces, sobre todo en el ámbito local. 

Además, contrario a lo prometido, se ha incrementado el rezago en la resolución de asuntos, hasta alcanzar alrededor del 62.7 %, de acuerdo con el Órgano de Administración Judicial.  A esto se le sumó la reforma al juicio de amparo que implicó afectaciones significativas a la aplicación de esta herramienta jurídica, clave para la protección y defensa de derechos humanos, particularmente con la restricción de la figura del interés legítimo, que obstruye la intervención de las organizaciones de la sociedad civil, grupos y comunidades en favor de la protección de los derechos colectivos.

En una segunda dimensión se encuentra la ampliación del papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y otras de orden civil, sin que se hayan fortalecido en la misma medida los mecanismos de contraloría civil sobre su actuación. Este proceso conecta directamente con la tendencia regional: la militarización no es un fenómeno aislado del debilitamiento democrático, sino una de sus expresiones más concretas, con impactos diferenciados en las entidades de la república, donde ha habido mayor despliegue militar, modificando la vida de la población, y sin que esto represente mayor seguridad o reducción de la presencia criminal en las comunidades. A ello se suman los constantes escándalos de corrupción que incluyen a altos mandos de las mismas Fuerzas Armadas. 

Obstáculos en el espacio democrático 

Otro aspecto a considerar se refiere a la desaparición o debilitamiento —llegando incluso a la total falta de autonomía— de organismos autónomos garantes de derechos, como el pobre funcionamiento de los organismos de derechos humanos locales y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en lugar de enfocar sus esfuerzos en la protección de derechos, se ha dedicado a respaldar el discurso oficialista y a deslegitimar y estigmatizar tanto a la prensa crítica como a las organizaciones de la sociedad civil que acompañan a víctimas. Así como la discrecionalidad y opacidad que se ha profundizado ante los cambios derivados de las reformas que eliminaron el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y establecieron los nuevos mecanismos para transparentar información.

Cabe señalar que, en México, además de estos obstáculos en el espacio democrático, las organizaciones que trabajan en territorio se enfrentan a desafíos más evidentes, en contextos diferenciados: riesgos a su integridad al estar en zonas de alta criminalidad, tensiones con actores políticos locales, campañas de desprestigio por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como vigilancia o amenazas a la integridad de las y los defensores.

Se constriñe el espacio cívico

A esto se ha sumado un contexto internacional en el que la reducción de la cooperación internacional tiene un impacto directo en la posibilidad de que organizaciones y actores locales puedan continuar atendiendo a personas en situación de vulnerabilidad, como se observa particularmente en el trabajo de organizaciones que acompañan a personas en situación de movilidad. A ello, en México como en otros países, se añaden los excesivos requisitos de regulación en materia fiscal y antilavado, que —aunque se trata de una obligación relevante— tiene sin duda un impacto diferenciado para organizaciones que trabajan en lugares remotos y contribuyen a reducir el espacio cívico. 

Así, la pérdida de contrapesos institucionales, la restricción del acceso a la justicia, la militarización de la seguridad pública, la estigmatización y criminalización de personas defensoras y la reducción de la cooperación internacional, son parte de un escenario que va constriñendo el espacio cívico. Frente a las experiencias de pérdida del espacio democrático internacional y de avance de estructuras antiderechos en la región, resulta indispensable que el Estado mexicano no desdeñe las alertas, que restituya los contrapesos institucionales que se han ido desmantelando y garantice condiciones seguras y sostenibles para el trabajo de quienes defienden derechos humanos. Fortalecer la institucionalidad democrática en el país continúa siendo esencial para la defensa de los derechos humanos y por ello la relevancia de continuar abriendo espacios para aquellas personas que los defienden en los territorios.♦

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