¡Sedena, abre tus archivos!

Para cientos de familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos durante la llamada “Guerra Sucia”, los archivos y la información en poder de las autoridades –civiles y castrenses– son un territorio más en disputa para una larga búsqueda de la verdad.

 Como una batalla ganada en esta búsqueda, el pasado 6 de agosto, el Poder Judicial de la Federación reconoció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha sido omisa en cumplir con el Acuerdo Presidencial de 2019, que ordenó entregar al Archivo General de la Nación (AGN) los archivos históricos relacionados con graves violaciones a derechos humanos y persecuciones políticas cometidas contra movimientos políticos y sociales del pasado en el periodo de 1965-1990, así como garantizar que la información transferida fuera de acceso público, y abrió camino para que una nueva comisión imparcial pueda garantizar la transferencia de estos archivos.

 La resolución histórica corrió a cargo del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en particular de las magistradas Sandra Janet Hernández Chávez y Ana María Ibarra Olguín, quienes votaron en mayoría, que resolvió el amparo en revisión 43/2025, promovido por Alicia de los Ríos Merino, quien busca a su madre del mismo nombre, desaparecida desde 1978.

Historia de un acuerdo incumplido por la Sedena

El Acuerdo incumplido fue parte de una serie de esfuerzos que, al inicio de la administración pública federal, se impulsó para avanzar en la verdad y la justicia de los hechos de esa época, y cuyos resultados, con el tiempo, se vieron desmantelados o minimizados.  Alicia –quien de manera incansable ha luchado por la verdad para ella y otras víctimas de la época y contemporáneas– debió interponer esta demanda debido a que, contrario a lo establecido en el Acuerdo, el Ejército obstaculizó la consulta de la información, alteró y ocultó cajas previamente identificadas y, finalmente, negó el acceso a documentación relevante. Todo ello fue evidenciado por el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), primero tras la difusión de la campaña “Sin archivos no hay verdad” y después en su informe de octubre de 2023, “Las formas del silencio”.

Debido a esto, en noviembre de 2023, Alicia de los Ríos Merino, acompañada por Article 19 y el Centro Prodh, promovió el juicio de amparo para detener la opacidad y garantizar la preservación y el acceso a la documentación. Meses después, en enero de 2024, un juzgado de distrito concedió la suspensión definitiva para que, mientras se resolvía el fondo del amparo, no se destruyera ni ocultara ningún documento. Sin embargo, poco después, el mismo juzgado negó el amparo. 

Creación de una Comisión de transferencia de archivos

Así, durante la sesión del 6 de agosto de este año, la mayoría del Tribunal Colegiado no solo reconoció la omisión de la Sedena, sino que también advirtió que el cumplimiento del fallo no sería fácil y determinó la necesidad de establecer medidas concretas para garantizar la obligación de entregar los archivos, entre ellas la creación de una Comisión de transferencia de archivos, imparcial, en la que participen integrantes del Archivo General de la Nación, para llevar a cabo el proceso de identificación y transferencia de la documentación militar correspondiente.

Una determinación de estos alcances es de la mayor relevancia ante la deuda histórica que tiene el Estado con las víctimas de este y otros casos. Su debida y urgente cumplimentación es no solo un reto para las víctimas, sino también una prueba para la administración federal ante la urgencia de cumplir con fallos emitidos por el reformado Poder Judicial.

 Ello porque no se trata de un fallo aislado que reconoce la opacidad e incumplimiento de las Fuerzas Armadas; se suma al obtenido por los padres y madres de Ayotzinapa, que ordena también a la institución castrense entregar documentos militares generados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia, con sede en Iguala, Guerrero, y otras instancias castrenses por los hechos de 2014.

El pretexto de la figura de “seguridad nacional”

Estas resoluciones evidencian el ya conocido contexto de debilitamiento institucional en materia de transparencia, lo que ha sido incluso advertido por las propias instituciones de la administración federal. La propia presidenta Sheinbaum ha tenido que emitir un nuevo decreto, presentado el 4 de agosto pasado, que pretende generar condiciones de “transparencia activa” en las instituciones del gobierno ante el constante uso de la figura de “seguridad nacional” para evitar entregar información; pretexto múltiples veces enunciado por las fuerzas de seguridad y, en particular, las castrenses, para no entregar información.

Por ello, hoy como nunca, cobran especial relevancia estos fallos judiciales que reconocen la omisión de las instituciones castrenses, omisión que constituye una deuda ante la sociedad. Frente a esta obligación aún no saldada, las víctimas siguen impulsando acciones para alcanzar la verdad y construir memoria. Entre ellas se sitúan los esfuerzos que ha liderado Alicia de la mano de periodistas, organizaciones, artistas —con reconstrucciones visuales, como la elaborada por SITU Research sobre los llamados “Vuelos de la Muerte” y la reciente puesta en escena como Vuelos nocturnos sobre un mar sin fondo—, así como los de otras tantas víctimas. 

Es tiempo de saldar esa deuda histórica del Estado con las víctimas, quienes han visto pasar décadas sin alcanzar la verdad. Abrir los archivos de la Sedena no solo permitiría hacer justicia frente a los crímenes del pasado, sino que también abriría un camino para esclarecer desapariciones que continúan ocurriendo en el presente. La impunidad del pasado habilita la impunidad del día de hoy.♦

—∞—

Más sobre este blog