La presidenta y su segundo informe: en derechos humanos, lo que no se nombra sigue existiendo
Joel Aguirre · 28 de septiembre de 2026
Por Edith Olivares Ferreto*
Como ocurrió en el primer informe de gobierno, los acuciantes problemas estructurales de derechos humanos que afectan a cientos de miles de personas en México no tuvieron un trato adecuado en la presentación que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum de su segundo informe de gestión.
El discurso del segundo año de gobierno pudo ser la oportunidad para que la presidenta reconociera las diversas expresiones de la profunda crisis de derechos humanos que vivimos en México. En la punta del iceberg podemos situar las 131,436 personas desaparecidas y los 72,000 cuerpos y restos humanos que permanecen sin identificar en las morgues del país, de lo que la presidenta no habló.
Tampoco se refirió a la violencia de género, los feminicidios, los asesinatos y desapariciones de mujeres buscadoras, de periodistas, y personas defensoras o al cierre del espacio cívico y las muertes de civiles a manos de militares que realizan labores de seguridad pública.
Desde Amnistía Internacional advertimos que, aunque esos problemas no se mencionen, existen, y el Estado mexicano no puede eludir su responsabilidad de trabajar e informar sobre cada uno de ellos.
El derecho de las familias a buscar a sus desaparecidos
En su discurso, la presidenta omitió referirse a las miles de mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos y que han localizado cientos de cuerpos, pese al maltrato de las autoridades, las amenazas de grupos criminales, la carencia de recursos y la merma en su salud y situación económica.
Las autoridades les siguen negando su derecho a realizar búsquedas, y como no les brindan una protección adecuada, de 2010 a la fecha, al menos 45 personas buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas.
Las crisis, de desaparición, búsqueda e identificación humana, constituyen una violación a derechos humanos que causa mucho dolor e indignación. Sin embargo, la presidenta omitió referirse a la posibilidad de recibir la cooperación y asistencia técnica y económica a la que podría acceder, a partir de la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de que el tema sea tratado en el actual periodo de sesiones de la ONU.
En diferentes foros he insistido en que el Estado debe aceptar dicha cooperación para atender ese problema que está más allá de sus capacidades. Hacerlo daría un mensaje positivo a las familias que a diario enfrentan la incertidumbre por la desaparición de las más de 130,000 personas referidas.
Violencia contra las mujeres
Buena parte del iceberg lo ocupan las violencias que sufrimos las mujeres. Entre muchas otras expresiones están los feminicidios, las violencias de todo tipo que experimentamos en los espacios públicos, laborales, docentes y familiares.
Sin embargo, la presidenta se limitó a referir en su informe que a las mujeres se nos considera en la Constitución y en las decisiones del país, pero no problematizó los múltiples obstáculos que enfrentamos para ejercer plenamente nuestros derechos humanos.
La presidenta pasó de largo ante el flagelo de la violencia de género, los feminicidios y los transfeminicidios. Y aunque se refirió en general a la disminución en 51 % de los homicidios dolosos, no habló de las 1,250 mujeres asesinadas (feminicidio+homicidio doloso) entre enero y julio de 2026; ni de las 28,358 desaparecidas en el país de 1952 a julio de 2026.
Tampoco de las alarmantes 163 desapariciones de julio, 81 de las cuales son de menores de 19 años, es decir casi 50 %, lo que implica la vulnerabilidad específica de niñas y adolescentes, y que es la CDMX donde más se registran este tipo de casos.
La persistencia de este lamentable patrón de violencia está en los feminicidios de Kimberly Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, ambas de 18 años, y de Michelle Fuentes Calderón, 15 años, alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), ocurridos en los primeros 5 meses de este año. Los crímenes volvieron a la visibilidad luego de que el 12 de septiembre fuera asesinada la joven española Claudia Tacoronte, estudiante de intercambio en dicha institución.
Sin mayor comentario, la presidenta mencionó la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio que envió al Senado para su aprobación. Esta iniciativa tiene aspectos positivos y otros cuestionables como la riesgosa definición de mujer, el incremento de las penas que, definitivamente no es factor decisivo para frenar los feminicidios, y la ausencia de un enfoque preventivo.
La Guardia Nacional y la militarización de la seguridad pública
Otro gran bloque del iceberg corresponde a la militarización de la seguridad pública. La presidenta dijo en su informe que “miles de guardias nacionales, soldados, marinos…”, trabajan por la paz y tranquilidad de las familias.
Han pasado 20 años —cuatro sexenios de tres diferentes partidos— desde que el Estado mexicano adoptó —a contrapelo de sentencias emitidas por la CoIDH— la estrategia de militarizar la seguridad pública, lapso en el que la paz y la tranquilidad que presume la presidenta distan mucho de concretarse.
En nuestro informe, Cambiando el paradigma, revelamos que entre 2007 y 2024, al menos 101,933 personas fueron víctimas de desaparición y 452,254 fueron asesinadas, entre ellas 49,100 mujeres, 140 periodistas y 221 personas defensoras del territorio, la tierra y el medio ambiente.
Libertad de expresión y espacio cívico en riesgo
En una línea, la presidenta dijo que “se respeta plenamente la libertad de expresión y manifestación”. Sin embargo, en poco más de un lustro hemos visto la proliferación de reformas a los códigos penales en diferentes estados, tendentes a limitar el derecho a la libre manifestación de OSC y ambientalistas.
Derechos humanos y rendición de cuentas
Ante el silencio gubernamental sobre el tema, reitero que los derechos humanos deben formar parte de las cuentas que el gobierno debe rendir a la ciudadanía y que reconocer la dimensión del problema estructural que los afecta es el primer paso para enfrentarlo y encontrar soluciones, siempre al amparo de los instrumentos internacionales firmados por el Estado mexicano y con la participación activa de las víctimas, las organizaciones de la sociedad civil, personas expertas y organismos internacionales.
Desde Amnistía Internacional reiteramos nuestra plena disposición para colaborar con las autoridades con miras a que en México todas las personas podamos ejercer todos nuestros derechos todos los días.♦
*Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.