La gran deuda del Estado mexicano con las y los periodistas
Joel Aguirre · 17 de agosto de 2026
Por Edith Olivares Ferreto*
En los últimos meses hemos visto con alarma el incremento incontenible de asesinatos de periodistas en México. Mientras el discurso gubernamental insiste en que estas personas tienen plena libertad para ejercer su labor, la realidad lo desmiente. Artículo 19 reportó que entre 2000 y 2026, 181 personas periodistas fueron asesinadas en el país. Sus datos y los de Reporteros sin Fronteras revelan que 15 periodistas han sido asesinados en el actual gobierno.
El Balance 2025 de Reporteros sin Fronteras indica que México es el segundo país más riesgoso del mundo para ejercer el periodismo. Advierte que ese año fue el más mortífero de los últimos tres, con nueve personas periodistas asesinadas.
En Amnistía Internacional documentamos, junto con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) —en el informe Nadie garantiza mi seguridad—, que al menos ocho profesionales de los medios, que estaban bajo la protección del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, fueron asesinados, uno cada año desde 2017 hasta el 2022. Entre enero y mayo de 2026, el Mecanismo registró 20 agresiones contra periodistas incluidos en sus registros como beneficiarios.
El CPJ ha solicitado a la Fiscalía General de la República (FGR) que federalice los casos de periodistas asesinados este año, además de mantener la exigencia de que dicho Mecanismo sea fortalecido tanto por autoridades estatales como municipales.
¿Quién agrede a los periodistas?
La organización Artículo 19 establece, en su Informe anual 2025, que las personas periodistas afrontan múltiples agresores en México. En 227 casos —de un universo de 451—, donde los atacantes son funcionarios públicos; fuerzas de seguridad civiles (policías, guardias), así como fuerzas armadas (Guardia Nacional, Ejército, Marina, entre otros) el Estado mexicano es el principal agresor con más del 50 por ciento de los casos.
Ese universo de 451 casos incluye además como atacantes de periodistas a partidos políticos (4 por ciento del total), grupos del crimen organizado (7 por ciento), personas particulares o empresas privadas (21 por ciento) y casos en los que no se tiene información o se desconoce su procedencia (17 por ciento).
Como ejemplo de lo anterior, nuestro informe “Nadie garantiza mi seguridad” documenta las agresiones sufridas por el periodista Alberto Amaro, quien “ha sido golpeado, amenazado y detenido por agentes de policía, intimidado por presuntos miembros de un cártel de la droga, ha sufrido un intento de allanamiento y han disparado contra su casa”.
En el informe, CPJ advierte que, desde 1992, los y las periodistas mexicanas en situación de mayor riesgo radican en los estados. A esto debemos agregar el discurso gubernamental que estigmatiza su actividad y los “cataloga como adversarios”, así como el “hostigamiento judicial, administrativo y civil”, entre otros.
De acuerdo con Artículo 19, entre enero y julio de 2025 se registraron 51 casos de acoso judicial contra periodistas en México, precedidos de 40 en 2021; 32, 2022; 22, 2023 y 21 en 2024. Estos datos reflejan el mar de fondo que hay entre la realidad y el discurso del gobierno mexicano.
¿Qué hacer?
El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión de las personas periodistas, en apego a los instrumentos internacionales que ha firmado: la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Como parte de las medidas de protección a las personas periodistas, en el informe Nadie garantiza mi seguridad incluimos una serie de recomendaciones dirigidas al Estado para reforzar la capacidad del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Invito a las personas lectoras a consultar nuestro informe aquí.
Las recomendaciones están dirigidas, además del Mecanismo, a la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), a la Secretaría de Gobernación, al Poder Ejecutivo y al Congreso federal.
A la FGR se le recomienda la realización de investigaciones exhaustivas y efectivas —en el marco de los convenios internacionales—, de los ataques a personas periodistas, con el objetivo de romper el ciclo de la impunidad y garantizar a las familias de periodistas acceso a la verdad, la reparación integral del daño, a garantías de no repetición y medidas de satisfacción.
En México la mayoría de los ataques a personas periodistas quedan impunes. Cuando se dictan sentencias condenatorias regularmente son contra quienes efectuaron los ataques, pero no contra los autores intelectuales. Entre 2012 y diciembre de 2023, la FEADLE logró 37 sentencias condenatorias por robo, tortura, y homicidios, con condenas de entre 2 días y 50 años. Pero solo logró ocho condenas por asesinatos de periodistas.
Todos podemos exigirle al Estado libertad de prensa
Las y los periodistas víctimas de la violencia del Estado, de las organizaciones criminales y de particulares o empresas no deben ser vistas como una cifra más, pues tienen nombre y apellido. Su muerte afecta a sus parejas, hijas, hijos, madres, padres, hermanos, hermanas, amistades y colegas. Todo ese conjunto de víctimas indirectas debe ser amparado también por el Mecanismo de protección, algo que difícilmente se logra.
No debemos normalizar que en cada asesinato de periodistas los y las representantes de los tres niveles de gobierno se limiten a expresar sus condolencias. Todas y todos podemos exigir al Estado el libre ejercicio de la actividad periodística.
En este sentido, invito a las personas lectoras a sumarse a la Acción Urgente que impulsamos en el caso del periodista Alberto Amaro para que las autoridades investiguen de manera exhaustiva los ataques y amenazas contra él y su familia. Igualmente pueden manifestar su exigencia para que el Estado mexicano actúe para prevenir y acabar con la violencia estructural que afecta al país y para garantizar el derecho de las personas periodistas a la vida, a ejercer su profesión y a la libertad de expresión.
Limitar el trabajo periodístico va en detrimento del derecho de las personas y de toda la sociedad a recibir información veraz y documentada, que les permita formar juicios para la toma de decisiones en su relación con quienes gobiernan. Limitar la libertad de expresión favorece la falta de transparencia y perpetúa la corrupción.♦
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*Edith Olivares Ferreto es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Redes: @EdithFerreto