¿Para qué sirve el trabajo social?

Por Ariadna Prieto Callejas

El pasado 1 de julio se dio a conocer la noticia del despido de 43 profesionales de trabajo social y de la desaparición del Área de Trabajo Social del Instituto Federal de Defensoría Pública. Desde entonces, distintos medios de comunicación han dado seguimiento al tema. Sin embargo, más allá de la noticia, hay una pregunta que merece nuestra atención: ¿qué pierde el acceso a la justicia cuando desaparece el equipo encargado de comprender la realidad de las personas?

Antes de que exista un expediente, existe una persona. Cada caso llega acompañado de una historia y de circunstancias que pueden ser determinantes para comprenderlo. Por eso, el trabajo social dentro del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) era una pieza fundamental para acercar la justicia a quienes más la necesitaban. Para entender su importancia, primero vale la pena conocer cómo una persona usuaria era canalizada al área de trabajo social y en qué momento intervienen estos profesionales.

Como puede observarse, el estudio socioeconómico constituía un paso decisivo dentro del procedimiento de atención del Instituto. A partir de él se determinaba si una persona podía acceder a los servicios de la defensoría pública y, en consecuencia, recibir atención jurídica. Por ello, el estudio socioeconómico era fundamental para garantizar que quienes más lo necesitaban pudieran ejercer su derecho de acceso a la justicia.

Esa tarea recae en las y los profesionales de trabajo social, quienes dentro del Instituto ocupaban el cargo de asesora o asesor social. A través de entrevistas, visitas y estudios socioeconómicos, documentaban las condiciones de vida de las personas que acudían a la defensoría: cómo vivían, qué obstáculos enfrentaban y qué factores influían en su caso. Esa información fortalecía la defensa pública y permitía comprender cada asunto desde la realidad de las personas, no solo desde los documentos.

El ahorro no debe construirse a costa de los servicios que hacen posible el ejercicio de los derechos humanos

Por ello, la desaparición del Área de Trabajo Social y el despido de 43 de sus profesionales, dados a conocer el 1 de julio bajo el argumento de “restricciones y ajustes presupuestales”, representa mucho más que una medida de ahorro. Significa perder una parte esencial de la defensa pública y limitar la posibilidad de que las personas sean comprendidas a partir de su realidad.

El presupuesto público debe administrarse con responsabilidad, pero el ahorro no debe construirse a costa de los servicios que hacen posible el ejercicio de los derechos humanos. Cuando desaparecen equipos especializados como el de trabajo social, la justicia corre el riesgo de volverse más distante.

A esta preocupación se suma la falta de información clara sobre lo ocurrido. Hasta ahora, la justificación de que los despidos obedecieron a motivos presupuestarios se conocen principalmente a través de medios de comunicación, sin que existan documentos públicos que expliquen por qué era necesario desaparecer el área ni cuál será el impacto para las personas que recurren a la defensoría. Una decisión que afecta un servicio público esencial debería estar acompañada de información clara, verificable y accesible para la ciudadanía.

Ahora sus tareas especializadas se asignan a personal sin la formación profesional necesaria

La incertidumbre aumenta con la noticia sobre la reinstalación de 18 personas. Hasta el momento, no existe información oficial que permita conocer en qué condiciones fueron reincorporadas, qué funciones desempeñan o si el Área de Trabajo Social realmente fue restablecida. Sin esa información, las personas usuarias no pueden saber si seguirán contando con el acompañamiento especializado que recibían antes ni si el Instituto mantiene la capacidad de brindar una atención verdaderamente integral.

Sus tareas especializadas, como la elaboración de estudios socioeconómicos, se asignan a personal que no cuenta con la formación profesional necesaria, no solo se debilita la calidad de la defensa pública; también se limita la posibilidad de que las personas juzgadoras cuenten con información social relevante para comprender el contexto en el que se desarrollan los casos. En quienes enfrentan situaciones de pobreza, violencia, discriminación o cualquier otra condición de vulnerabilidad, esa información puede marcar una diferencia importante en la forma en que su caso es analizado.

Una reforma judicial que prometió acercar la justicia a las personas pierde fuerza cuando elimina las herramientas que permiten comprender sus historias. La justicia no se alcanza únicamente con expedientes y resoluciones; también requiere mirar las circunstancias que existen detrás de cada caso. Desde Di-sentir seguiremos de cerca esta situación y sus implicaciones para el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad.♦