La intervención militar de El Salvador en Haití

Adrián Marcelo Herrera Navarro · 16 de noviembre de 2026

La intervención militar de El Salvador en Haití

El Salvador lanzó una intervención militar en Haití. Lo cual resulta novedoso para las relaciones internacionales latinoamericanas, pues no es común que un país sin peso hegemónico ni condición de potencia regional proyecte su fuerza militar mediante una intervención en un Estado que no forma parte de su vecindario inmediato. Esto representa algo más que una operación de cooperación internacional para combatir organizaciones criminales; pues, más allá de su dimensión militar, el despliegue representa un intento de proyectar internacionalmente el modelo de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Lo que inicialmente se presentó como una operación para localizar y rescatar a cuatro técnicos aeronáuticos salvadoreños secuestrados por organizaciones criminales terminó convirtiéndose en una intervención de mayores dimensiones y con graves implicaciones a la seguridad de la población civil.

El despliegue de miles de militares salvadoreños en territorio haitiano no surgió de manera improvisada. Desde 2024, el Gobierno de Bukele había contemplado una intervención contra las pandillas en Haití, lo que supondría extender a otros países de la región las estrategias de seguridad implementadas en El Salvador. Este antecedente permite entender la operación no solamente como una respuesta a una crisis puntual, sino también como parte de un esfuerzo más amplio por posicionar el modelo salvadoreño como referente regional. Sin embargo, la posibilidad de trasladar estas estrategias exige considerar las particularidades de un país cuya crisis va mucho más allá de la violencia criminal.

La crisis haitiana es el resultado de décadas de inestabilidad política, intervenciones extranjeras, debilidad institucional, desigualdad y captura del Estado por intereses económicos y políticos. El asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 profundizó el vacío de poder y facilitó la expansión territorial de las organizaciones criminales. Estas no solo participan en actividades como la extorsión, el secuestro y el tráfico de armas, sino que también controlan rutas comerciales, restringen la movilidad y condicionan la actividad económica. En consecuencia, el desafío no es únicamente desarticular a las pandillas, sino reconstruir una autoridad estatal capaz de ejercer efectivamente el poder.

La intervención salvadoreña carece de un objetivo estratégico

La comunidad internacional ha intentado responder a esta situación mediante diferentes mecanismos de seguridad. La Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, encabezada por Kenia, fue sustituida por la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mediante la resolución 2793 de 2025. El nuevo mecanismo contempla hasta 5,500 efectivos uniformados y busca apoyar a la Policía Nacional de Haití en operaciones contra las organizaciones criminales. El Salvador ya participaba en estos esfuerzos internacionales, pero su papel cambió sustancialmente después del secuestro y desaparición de cuatro técnicos aeronáuticos salvadoreños, el 18 de octubre de 2026, durante una emboscada en las inmediaciones de Puerto Príncipe.

La respuesta de San Salvador fue enviar un contingente que alcanzó los 2,500 militares, acompañado de vehículos blindados, helicópteros y equipo especializado. Lo que comenzó como una operación para recuperar a los cuatro salvadoreños desaparecidos se transformó rápidamente en una ofensiva contra las principales estructuras criminales haitianas. El cambio de objetivos resulta revelador, pues la situación de los técnicos continúa sin resolverse, mientras que el dirigente de la organización 400 Mawozo, Wilson Joseph, afirmó que habían sido asesinados, mientras que el Gobierno salvadoreño sostiene que siguen con vida, y de esta forma continúa justificando una intervención de la que aún se desconocen los costos económicos.

Entretanto, Bukele comenzó a difundir imágenes de bombardeos y operaciones militares, presentando el despliegue como una campaña para liberar Haití de las pandillas. En la práctica, la intervención salvadoreña carece de un objetivo estratégico claramente definido, pues más allá de enfrentarse a las pandillas, no está claro si solo busca rescatar a los ciudadanos desaparecidos, debilitar a las organizaciones criminales, recuperar el control territorial o contribuir a reconstruir la autoridad del Estado haitiano.

Aquí aparece la primera contradicción de la intervención, pues hay una diferencia entre su justificación inicial y sus objetivos actuales. Recuperar a ciudadanos secuestrados constituye una motivación legítima para una operación de rescate, pero combatir a las organizaciones criminales de otro país implica una responsabilidad política y jurídica mucho mayor. No se trata de una distinción menor. Una operación de rescate tiene objetivos delimitados; una campaña para desmantelar estructuras criminales requiere inteligencia territorial, coordinación institucional, reglas de enfrentamiento y una estrategia de salida. Más allá de declarar que no se trata de una invasión, el Gobierno salvadoreño no ha explicado satisfactoriamente cuáles son los objetivos finales de su despliegue, cuánto tiempo permanecerán sus tropas ni bajo qué condiciones concluirá la intervención.

Ahora en Haití operan cinco fuerzas armadas separadas en contra de las pandillas

Más preocupante todavía es el marco institucional en el que opera el contingente. Aunque El Salvador participa en la Fuerza de Supresión de Pandillas autorizada por Naciones Unidas, la mayor parte de los 2,500 militares desplegados recientemente no está incorporada a su cadena de mando y no hay una coordinación activa entre las fuerzas de la ONU y las fuerzas salvadoreñas. Según información de Naciones Unidas, solamente entre 200 y 300 efectivos salvadoreños forman parte de la estructura de la GSF. El resto opera fuera de su supervisión directa. 

Si bien el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, agradeció el compromiso de las fuerzas salvadoreñas en la lucha contra las pandillas, vale la pena mencionar que los términos del acuerdo bilateral que permitiría la presencia de estas tropas no se han hecho públicos. Esto plantea interrogantes sobre las reglas de enfrentamiento, la coordinación con las autoridades haitianas y los mecanismos para investigar posibles abusos. A la par, esto puede desestabilizar más el país, pues ahora en Haití operan cinco fuerzas armadas separadas en contra de las pandillas sin un verdadero mando o estrategia unificada. Lo cual es un escenario muy volátil que puede poner en grave riesgo a la población haitiana.

La operación permite a Bukele posicionarse como un actor relevante en materia de seguridad con capacidad de intervenir más allá de Centroamérica. Al mismo tiempo, introduce una alternativa a los mecanismos multilaterales tradicionales: gobiernos que ofrecen capacidades militares propias, intervenciones rápidas y cooperación bilateral, sin necesariamente depender de estructuras internacionales de supervisión.

De esta forma vemos la pretensión de exportar el modelo de seguridad salvadoreño. Bukele ha construido su legitimidad política alrededor de una estrategia de encarcelamiento masivo, militarización de la seguridad pública y suspensión de garantías constitucionales mediante el régimen de excepción. Sus resultados en la reducción de homicidios han sido significativos, pero también, y como resultado de este modelo de seguridad, existen denuncias documentadas de violaciones sistemáticas de derechos humanos.

La exportación del modelo de seguridad salvadoreño plantea riesgos importantes para la población haitiana, especialmente ante los señalamientos de que la presencia militar de El Salvador ha contribuido a intensificar el conflicto y desencadenar una nueva espiral de violencia contra la población civil. A ello se suman las preocupaciones por posibles violaciones graves a los derechos humanos, derivadas de un uso desproporcionado de la fuerza y de una estrategia que parece privilegiar las operaciones militares sin atender las causas estructurales de la inseguridad.

El desafío de Haití es recuperar su autoridad

El problema de la operación salvadoreña es la falta de claridad sobre sus estrategias, objetivos, límites o las reglas de enfrentamiento, la fragmentación del mando y la ausencia de garantías suficientes para proteger a la población. Haití ya ha experimentado numerosas intervenciones internacionales que prometieron estabilidad y terminaron dejando instituciones debilitadas, abusos y nuevas dependencias. Por lo que, en última instancia, el desafío haitiano no consiste en encontrar un gobierno extranjero dispuesto a enviar más soldados, sino en reconstruir las condiciones políticas e institucionales que permitan al Estado recuperar su autoridad. La seguridad no puede reducirse a la eliminación física de organizaciones criminales, especialmente cuando estas se encuentran estrechamente vinculadas con élites económicas locales y redes de poder que sobreviven a sus dirigentes.

Bukele puede conseguir victorias militares y proyectar internacionalmente su modelo de seguridad pública, pero ninguna de esas dos cosas equivale necesariamente a estabilizar Haití. El peligro de esta tendencia es que la excepcionalidad se normalice como principio de política pública. Si la percepción de la reducción de la violencia se convierte en el único indicador de éxito, las garantías judiciales, la transparencia y la protección de los derechos humanos pueden comenzar a considerarse obstáculos prescindibles en otros países latinoamericanos como ya sucede en El Salvador.

La verdadera medida del éxito para Haití no será cuántos territorios recuperen las fuerzas extranjeras ni cuántos integrantes de las pandillas sean abatidos en enfrentamientos, sino si la población haitiana puede volver a vivir sin el control de organizaciones armadas. Por lo que, mientras no exista una estrategia integral y viable para pacificar Haití y reconstruir sus instituciones, la intervención salvadoreña corre el riesgo de profundizar la inestabilidad, aumentar la violencia y agravar las condiciones de inseguridad que pretende combatir. De esta forma, la intervención de El Salvador en Haití corre el riesgo de convertirse en otro capítulo de una larga historia de intervenciones externas en las que se ofrecen soluciones inmediatas basadas solamente en el uso de la violencia, pero se dejan intactos los problemas estructurales, mientras la población haitiana continúa asumiendo sus consecuencias.♦ 

Más sobre este blog