Haití y la crisis de gobernanza en Puerto Príncipe

Haití atraviesa una crisis de gobernanza de la que deriva una crisis humanitaria y de seguridad. Usualmente se habla de la crisis que atraviesa el país; sin embargo, no se suele considerar la magnitud de esta. Recientemente James Boyard, jefe de gabinete del Ministerio de Defensa e inspector de la Policía Nacional, fue secuestrado por pandillas en Puerto Príncipe. Este hecho ilustra el grado de control que ejercen las organizaciones criminales en la capital haitiana, donde Naciones Unidas estima que estos grupos controlan hasta el 90 % de Puerto Príncipe. Esto implica que el gobierno de Haití no controla su propia capital.

La crisis contemporánea de Haití constituye uno de los casos más complejos de colapso estatal y deterioro de la seguridad en el hemisferio occidental. Lejos de ser únicamente un problema de criminalidad o pobreza, refleja la convergencia de una profunda crisis política, una emergencia humanitaria y un entorno de inseguridad dominado por actores armados no estatales. En este contexto, la debilidad institucional, la fragmentación del poder político, la corrupción de las élites y la exclusión social han generado fallas sistémicas que amenazan la viabilidad misma del Estado haitiano.

Si bien la crisis actual es resultado de décadas de fragilidad institucional, el punto de inflexión más reciente ocurrió tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. Su muerte generó un profundo vacío de poder que agravó la crisis de legitimidad del Estado y debilitó aún más sus instituciones, lo que, sumado con el estancamiento político y la falta de instituciones funcionales y legítimas, redujo la capacidad del gobierno para ejercer autoridad efectiva sobre el territorio nacional.

Este debilitamiento institucional ha tenido consecuencias directas sobre la seguridad. En la actualidad, la mayor parte de Puerto Príncipe, así como otras regiones del país, se encuentran bajo un control parcial o total de pandillas armadas. Estos grupos han evolucionado desde estructuras criminales locales hacia organizaciones capaces de desafiar al Estado, controlar rutas estratégicas, imponer sistemas de extorsión y administrar formas paralelas de autoridad. En algunos sectores, las pandillas regulan la movilidad de la población, controlan actividades económicas y ejercen funciones coercitivas que normalmente corresponderían al Estado. Es decir, las pandillas establecieron sistemas de gobernanza criminal en los territorios que controlan.

El poder de los grupos armados y pandillas es inmenso

El ejemplo más claro del poder de las organizaciones criminales en Haití es el control que la coalición de pandillas “Viv Ansanm” ejerce sobre amplios sectores de Puerto Príncipe. Más allá de diversas masacres, esta alianza ha llevado a cabo ataques contra el Palacio Nacional, ministerios e instalaciones policiales y militares como forma de demostrar su poder. Su capacidad de presión quedó demostrada en 2024, cuando la ofensiva de las pandillas sobre la capital contribuyó a la renuncia del primer ministro Ariel Henry.

La expansión del poder de estos grupos armados responde a diversos factores. Por un lado, se tiene el problema de la Policía Nacional Haitiana, la cual se considera como “debil e ineficiente” pues enfrenta problemas estructurales relacionados con financiamiento insuficiente, corrupción, escasez de personal y limitada capacidad logística. Estas deficiencias son inseparables de la crisis de gobernanza.

Por otro, la pobreza extrema y la falta de oportunidades facilitan el reclutamiento de jóvenes por parte de estas organizaciones criminales. Además, existen indicios de la existencia de vínculos entre actores de la élite haitiana como políticos y empresarios con diversos grupos armados, lo que ha contribuido a la consolidación de redes de violencia y corrupción que sostienen la operación de estos grupos.

Como tal esto no es algo nuevo, pues históricamente las élites político-económicas utilizaron grupos armados como instrumentos para consolidar su poder, intimidar a sus adversarios o incluso para influir de forma coactiva en procesos electorales. Este fenómeno creó relaciones de dependencia mutua entre diversos actores políticos y las organizaciones criminales. Por lo que muchas pandillas fueron fortalecidas a propósito debido a su utilidad política. Con el tiempo, estos grupos adquirieron recursos, armamento y autonomía suficientes para actuar independientemente de quienes originalmente los respaldaban.

El colapso de la autoridad política nacional

Desde una perspectiva de seguridad, Haití puede entenderse como un espacio donde coexisten múltiples formas de gobernanza. En numerosas comunidades, la autoridad estatal ha sido sustituida por mecanismos informales de control ejercidos por pandillas. Esta situación ha generado un entorno caracterizado por secuestros, homicidios, desplazamientos forzados y violencia sexual. La población civil se encuentra atrapada entre organizaciones criminales rivales, fuerzas de seguridad insuficientes y una capacidad limitada del Estado para garantizar protección.

El asesinato del presidente Moïse en 2021 no originó la crisis haitiana, pero sí aceleró y profundizó su deterioro. Más allá de la eliminación física del jefe de Estado, el magnicidio simbolizó el colapso de la autoridad política nacional y evidenció la fragilidad de las instituciones. Ante la incapacidad del gobierno para controlar el territorio y garantizar la seguridad de la población, la provisión de seguridad comenzó a externalizarse. Esto se ha reflejado tanto en la creación de autodefensas comunitarias, el despliegue de misiones internacionales respaldadas por Naciones Unidas, así como en la contratación de empresas privadas de seguridad por parte del propio gobierno.

En este contexto, la dimensión social de la crisis resulta especialmente preocupante. Haití continúa siendo uno de los países más pobres del continente americano y enfrenta graves problemas relacionados con el acceso a servicios básicos, educación, salud y empleo. La combinación de pobreza, violencia e inestabilidad política ha agravado la crisis humanitaria y contribuido al desplazamiento de más de un millón de personas.

De esta forma, Haití no solo enfrenta una crisis de seguridad, enfrenta una crisis de gobernanza. El problema fundamental no es únicamente la violencia criminal, sino la incapacidad del sistema político para producir una autoridad legítima, instituciones funcionales y combatir efectivamente a las pandillas. En ausencia de estas capacidades, el monopolio estatal de la violencia que debería mantener el gobierno en Puerto Príncipe se quebranta y es en esa fragmentación donde surgen actores armados que compiten por el control del territorio y depredan a la población. ♦