Fracking: una apuesta costosa para el erario y sin retorno económico, ambiental ni social

Por Beatriz Acevedo*

El pasado jueves 6 de agosto, durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Comité Científico de Evaluación del Fracking en México presentó sus primeras conclusiones acerca de la explotación de gas en yacimientos no convencionales.

El gobierno federal señaló que aún no existe una autorización definitiva, pero es claro que los resultados abren la puerta a continuar evaluando el fracking en algunas cuencas del norte del país, sujeto a la disponibilidad de agua salada, la viabilidad técnica y la consulta a las comunidades.

En este escenario, resulta evidente la necesidad de analizar esta forma de extracción no solo desde la viabilidad técnica, sino también desde otras aristas para dar respuesta a una interrogante esencial: ¿es el fracking una inversión razonable para la sociedad, el medioambiente y las finanzas públicas de México? La evidencia disponible indica que no.

Al respecto, la Coalición México Resiliente publicó de manera inmediata su comunicado oficial que revela cómo el fracking podría convertirse en una carga más para las finanzas públicas. Aquí un resumen de sus planteamientos esenciales:

• El fracking es una apuesta costosa y altamente riesgosa en lo financiero, social y ambiental

Los pozos no convencionales pierden entre 60 y 70 por ciento de su producción en el primer año, lo que obliga a perforar de manera continua tan solo para sostener los volúmenes. A ello se suman los riesgos sobre el agua, el territorio y las comunidades, así como los costos asociados al manejo de residuos y a las emisiones de metano. 

Frente a una inversión de alto riesgo y sin garantía de retorno, México necesita priorizar una transición energética que reduzca progresivamente su dependencia de los combustibles fósiles y fortalezca alternativas sostenibles, resilientes y de largo plazo

• En México, el fracking implicaría comprometer recursos públicos

Esto podría ocurrir por dos vías: inversión directa en exploración y perforación, y renuncias recaudatorias. En foros legislativos ya se han solicitado exenciones fiscales de hasta 100 por ciento para atraer capital privado. 

Por ello, cualquier decisión deberá transparentar cuánto se invertirá, de dónde provendrán los recursos, qué beneficios fiscales se otorgarán, quién asumirá los riesgos y cómo se rendirán cuentas.

• Reducir las importaciones no significa reducir la dependencia estructural del gas

Aumentar la producción nacional podría disminuir parte de las importaciones, pero mantendría al sistema energético mexicano dependiente del mismo combustible. Además, nuevas inversiones en extracción e infraestructura de gas pueden generar un lock-in de largo plazo, comprometiendo recursos durante décadas y creando activos subutilizados si cambian los precios, la tecnología, la demanda o las condiciones del mercado. 

Esto puede traducirse también en nuevos costos fiscales.

• La seguridad y la soberanía energética no se construyen sustituyendo gas fósil importado por gas fósil nacional

México necesita una estrategia más ambiciosa que reduzca estructuralmente su dependencia de los hidrocarburos y acelere las inversiones en eficiencia energética, energías renovables, almacenamiento, modernización de redes y una transición justa para las comunidades y las personas trabajadoras. 

Esta ruta ha sido planteada por la Coalición México Resiliente en el Plan Nacional de Descarbonización y Resiliencia Climática 2024-2030 y en el documento Visiones para una transición energética justa: 10 aprendizajes desde los Diálogos por la Transición Energética Justa en México.

Pérdidas financieras en hidrocarburos

México ya canaliza recursos públicos masivos a los hidrocarburos. Entre 2012 y 2024, los subsidios a los combustibles fósiles sumaron 255.6 mil millones de dólares, equivalentes a 7.56 por ciento del presupuesto aprobado en el periodo, de los cuales 27.2 mil millones apoyaron directamente la producción. 

A ello se suma el rescate de Pemex: cerca de 3 billones de pesos entre 2019 y 2025, entre transferencias directas y reducciones de derechos. En 2025, por primera vez, la empresa recibió del erario más recursos de los que le aportó. ¿El resultado? La producción nacional de gas cayó de 6.5 a 3.9 mil millones de pies cúbicos diarios entre 2008 y 2026, y hoy importamos alrededor de 75 por ciento del gas que consumimos. Lo que propone el fracking no es corregir este fracaso, sino redoblar la apuesta.

De cara a los retos socioambientales que representa una decisión de estas dimensiones, invitamos a la sociedad civil organizada a consultar la totalidad del comunicado emitido.♦

—∞—

*Beatriz Acevedo es especialista ambiental y comunicadora, y coordinadora de prensa y RR. PP. de la Coalición México Resiliente.

Más sobre este blog