¿“Ficha limpia” de candidaturas a la mexicana?

Por Lourdes Morales Canales

En octubre de 2011, en más de 18 ciudades de Brasil, miles de personas armadas con escobas verdeamarelas marcharon pacíficamente. El reclamo compartido era “barrer” por completo la corrupción del país. La “marcha de las escobas”, como se le conoció más tarde, pedía el cumplimiento sin reservas ni litigios de la Ley Ficha Limpia, una iniciativa ciudadana respaldada por más de 1.6 millones de firmas que prohíbe la postulación de candidatos con expedientes probados de corrupción.

En un principio, la Ley Ficha Limpia generó expectativas, pero también resistencias por el posible uso político del combate a la corrupción. En una década, el Tribunal Superior Electoral ha vetado a 4,881 candidatos, incluido el propio presidente de Brasil, Lula da Silva. Acusado de ser el líder tras la red de sobornos facilitada por Odebrecht (descubierta tras la operación policial “Lava Jato”, o “lavado de coches”), fue condenado por corrupción en 2018 y vetado de las boletas. Este hecho adoquinó la llegada al poder del derechista Jair Bolsonaro. Tres años después, la revisión del juicio mostró la falta de imparcialidad del juez Moro, con lo cual Lula fue absuelto y regresó al poder en 2022.

De la cárcel a la “muerte civil”

La inhabilitación de candidatos a un cargo de elección popular por delitos probados de corrupción está contemplada en el artículo 30 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En América Latina, al menos 17 países la incluyen de manera temporal con penas que van de seis meses a 20 años, tanto por delitos como por faltas administrativas. 

En casos extremos, existe la llamada “muerte civil”, es decir, la inhabilitación perpetua de los derechos civiles y políticos de una persona, vigente en las leyes y códigos penales de Colombia, Perú, Chile, Venezuela y Nicaragua. En varios casos se ha utilizado para encarcelar a expresidentes, pero también como pretexto para inhabilitar candidaturas incómodas al régimen.

México es de los países que contemplan la inhabilitación temporal por delitos de corrupción. En 2019, se aprobó una reforma que incluía la “muerte cívica” por estos delitos; sin embargo, la Corte determinó que esta restricción era excesiva y violatoria del derecho humano al trabajo. La vinculación de candidatos y políticos con el crimen organizado y los expedientes abiertos en Estados Unidos tras la clasificación de los cárteles mexicanos como asociaciones terroristas obligan a revisar los filtros que usan los partidos políticos para postular candidatos.

Una Comisión para verificar la integridad en candidaturas

Esto es lo que está detrás de la iniciativa presidencial que se votará estos días en México. La propuesta consiste en crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, conformada por cinco consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). El objetivo es revisar los listados de aspirantes, antes del registro formal, con el apoyo informativo de instancias de seguridad (a saber: la Fiscalía General, el Centro Nacional de Inteligencia y la Unidad de Inteligencia Financiera), y así detectar la existencia de riesgos.

Este filtro necesario tiene, sin embargo, tres inconvenientes:

1. Es voluntario. Es decir, la evaluación no es un requisito para registrarse, la entrega de información “podrá ser total o parcial” y se realizará “de manera voluntaria por parte de los partidos políticos o de las personas que busquen una candidatura independiente”,  por lo que habrá quienes decidan postular sin filtros.
2. Es confidencial. Aunque busca garantizar el debido proceso y presunción de inocencia, la información sobre riesgos fluirá a espaldas de la ciudadanía.
3. Es limitado. Cuando se notifica al partido o candidato, no se exige un análisis amplio que sustente el riesgo. Por si fuera poco, el INE, que en el papel aún cuenta con autonomía constitucional, dependerá de la información que le brinden instituciones que carecen de esta naturaleza. ¿Qué capacidades tendrá para validar esta información y cómo se evitarán los vetos con sesgo político-partidista?

Conocer quiénes son los candidatos, cuáles son sus atributos y por qué quieren gobernarnos es la deuda pendiente de los partidos políticos y las instituciones electorales. Sin información y sin filtros más rigurosos, muchos serán los llamados, pocos los escogidos y un montón los colados. ♦

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Lourdes Morales Canales es coordinadora del Programa de Ciudadanía de México Evalúa. Redes: @louloumorales