Columna Invitada · 21 de noviembre de 2026
Por Cosimo Lorenzo Guerriero*
Es junio. En el auditorio de una universidad mexicana, una joven espera su turno con la toga puesta. Dicen su nombre y sube al estrado. En las gradas, su familia se pone de pie. Alguien levanta el celular para grabar.
Le entregan su título. Al pie hay una firma. Esa firma hace una promesa: que ella sabe lo que el documento dice que sabe.
Durante décadas, nadie dudó de esa promesa. La inteligencia artificial ahora la pone a prueba.
La IA ya está en las aulas del país. Según la Encuesta Nacional sobre Usos y Percepciones de la Inteligencia Artificial Generativa (ENIAG 2025) de la SEP, el 66 % de los estudiantes y el 60 % de los docentes la usan de forma cotidiana. La encuesta reunió a más de 1.5 millones de estudiantes de 2,900 instituciones. Y su uso va más allá de las tareas: como publicó Animal Político, el 9 % de los estudiantes recurre a ella como apoyo emocional. Las reglas, en cambio, no han llegado.
En las instituciones públicas, tres de cada cuatro estudiantes y docentes dicen no conocer ninguna norma de su universidad sobre el uso de la IA. Y el diagnóstico del Observatorio Interinstitucional de Inteligencia Artificial en la Educación Superior, al que respondieron 161 instituciones de 31 entidades, encontró en sus primeros resultados que solo el 27 % tiene reglamentos o lineamientos vigentes sobre IA y que el 87 % no dispone de mecanismos para evaluar su uso en las aulas.
Entonces, ¿qué vale hoy esa firma? Puede valer lo mismo que antes. Pero solo si cada universidad toma tres decisiones en este ciclo escolar, cada una de las cuales protege una de las tres promesas que hace un título.
Lo primero que dice la firma es que esa joven aprendió.
En los últimos tres meses, el 76 % de los estudiantes usó la IA para elaborar textos, según la misma encuesta. Si una máquina redacta un ensayo en segundos, una evaluación que solo revisa el producto final ya no prueba que el estudiante aprendió. La propia SEP lo reconoce en sus Principios de Acción: esas evaluaciones están “midiendo algo distinto de aquello que pretenden medir”.
La primera decisión es poner reglas claras sobre el uso de la IA al evaluar. Cada trabajo debería indicar qué uso de la IA se permite y cómo se declara, con consecuencias conocidas de antemano si no se respeta.
Y, sobre todo, cambiar las preguntas. Menos memoria y más criterio. Pedir a cada estudiante que argumente, que resuelva un caso real y que defienda su respuesta frente al profesor. La IA puede ayudar a prepararse. No puede contestar en su lugar.
Lo segundo que dice la firma es que ella compitió en igualdad de condiciones con quienes estaban sentados a su lado.
Hoy esa igualdad no está garantizada. En las unidades del Tecnológico Nacional de México, uno de cada dos docentes ha tomado un curso sobre IA. En las universidades interculturales, solo uno de cada cuatro. Según donde estudie, un estudiante tendrá o no un profesor preparado para orientarlo.
La igualdad también se juega en cada examen importante. Cada vez más pruebas se hacen en una pantalla, desde casa o dentro del salón de clases. Sin reglas, gana quien usa una ayuda que los demás no tienen.
La segunda decisión es cómo se supervisan esas evaluaciones. Bien hecha, la supervisión digital protege a quien estudió. Para eso necesita reglas escritas: que sea proporcional a lo que está en juego, que el estudiante sepa qué se registra y para qué, que no deje fuera a quien tiene mala conexión y que la tecnología solo reúna evidencias. La decisión final, siempre, la toma una persona.
Improvisada, hace lo contrario. Castiga a quien tiene peor equipo y deja pasar a quien hace trampa.
La tercera promesa casi nadie la lee, pero también está en esa firma: que la universidad cuidó lo que supo de ella.
Piense en todo lo que la institución guardó durante su carrera. Trabajos, calificaciones, horas de conexión, mensajes. A veces, imágenes tomadas durante un examen en línea.
La tercera decisión es quién responde por esos datos. Qué se guarda y para qué. Durante cuánto tiempo. Dónde. Y qué obligaciones tiene cada proveedor.
La legislación mexicana de protección de datos personales, renovada en 2025 tanto para instituciones públicas como privadas, ya exige buena parte de esto. Lo que no siempre está claro es quién responde por ello, con nombre y cargo, antes de que lo pregunte una familia o una autoridad.
Las tres promesas van juntas. Si una falla, el título se sigue imprimiendo igual. Solo que dice menos.
Volvamos al auditorio. El aplauso se alarga más de la cuenta. La joven baja del estrado con el título en la mano y busca a su familia con la mirada.
Esa firma dirá que aprendió, que compitió en igualdad y que su información estuvo a salvo. Que lo diga con verdad no se decide ese día. Se decide ahora, lejos del auditorio, en una sala de juntas de trabajo donde nadie aplaude.♦
*Cosimo Lorenzo Guerriero es responsable de análisis y estrategia de mercado en Smowltech, compañía de tecnología educativa especializada en la supervisión digital de exámenes (proctoring), que colabora con más de 350 instituciones en distintos países. Su trabajo se centra en el impacto de la inteligencia artificial en los modelos de evaluación de la educación superior.