Crimen organizado: el error de cálculo de Morena

Por Gerardo López García*

Morena está a la puerta de una crisis cuyas dimensiones no supieron calcular: las acusaciones de colusión con grupos de la delincuencia organizada. Cada vez son más comunes las acusaciones hechas, principalmente, por políticos y analistas de oposición. Este clima de acusaciones y sospechas es alimentado por la cancelación de visas estadounidenses a políticos y funcionarios, además de las supuestas filtraciones a medios de comunicación sobre investigaciones de políticos mexicanos iniciadas por las agencias de seguridad estadounidenses.

Los representantes de elección popular en México comparten una vulnerabilidad: la probable intervención de grupos delictivos en las elecciones. Gracias a ella, estos grupos pueden presionar a quienes se postulen para puestos de elección popular, con la posibilidad de acceder a recursos públicos e influir en la toma de decisiones, cuestiones estratégicas para el desarrollo de sus actividades delictivas.

La intervención delictiva en elecciones puede adquirir distintas formas: desde la entrega de recursos financieros a favor de una candidatura específica, al uso de la violencia para obligar a otras candidaturas a retirarse de la contienda o condicionar el voto de ciudadanos para asegurar la victoria de quien ellos prefieran. En México existen casos documentados de esta intervención delictiva en las elecciones. Como ha dejado ver el Operativo Enjambre, la FGR reconoce específicamente el financiamiento de grupos criminales en campañas políticas en Morelos.

Algunos políticos pueden argumentar que no estaban enterados de esta intervención delictiva en su campaña y cuyos responsables se reducen a los operadores políticos locales. Este escenario se comprende en elecciones federales, donde es difícil saber lo que sus distintos operadores están haciendo en cada rincón del país. Ahí es donde los mecanismos institucionales deberían blindar a las personas candidatas en todo momento. No obstante, los casos investigados de colusión indican que el actual andamiaje jurídico-institucional es insuficiente.

La intervención de grupos delictivos en las elecciones en México no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de las elecciones ganadas por Morena. Ya algunos analistas y organizaciones han señalado la amenaza que la violencia electoral constituye a la democracia y al desarrollo de elecciones libres. Sin embargo, la designación de organizaciones criminales mexicanas como terroristas por parte de Estados Unidos, sumada a la amplia presencia de Morena en los tres órdenes de gobierno, suma otra dimensión al problema, de especial relevancia para este partido. Una candidatura que reciba apoyo financiero o de cualquier otra índole por un grupo criminal puede quedar expuesta a acusaciones de colusión, se compruebe o no que haya sido sin aprobación o conocimiento del candidato. En un escenario donde la intervención ilegal cruce varias campañas, pone en riesgo la estabilidad política del gobierno.

Exhibir a ciertos morenistas o protegerlos, ese es el dilema

En el actual contexto, estas acusaciones pueden trascender la disputa política nacional y convertirse en una fuente de presión diplomática y finalmente, vulneración de la soberanía nacional. El gobierno federal se encuentra en una disyuntiva resultado de la ausencia de acciones contundentes en contra de la intervención de la delincuencia en elecciones: por una parte, ceder a la presión de Estados Unidos de investigar y juzgar a todo político sospechoso de colusión con la delincuencia organizada, así tenga que sacrificar a figuras importantes del partido; por otra parte, tiene la opción de proteger a los políticos de su partido bajo el riesgo de generar tensiones con el gobierno estadounidense y arriesgarse a sufrir intervenciones directas bajo el pretexto del combate a la delincuencia. Cabe preguntarse si Morena está dispuesto a quemar a algunas de sus figuras fuertes para salir de una crisis en la que se metieron solos.

Este año, la presidenta Sheinbaum impulsó una reforma electoral que, entre otros objetivos, planteó fortalecer la fiscalización de los recursos destinados a partidos y la revisión de las candidaturas. Pero la reforma aprobada al final fue distinta a la original, y está por verse si será efectiva para prevenir la intervención de grupos delictivos en las elecciones.

Previo a la propuesta de la presidenta Sheinbaum, la pasividad de Morena frente a la violencia electoral y la protección de la integridad de las elecciones expresa que el principal error de cálculo fue pensar que el problema podía dejarse para después, una vez ganadas las elecciones. De persistir el problema, las acusaciones de colusión ya no se reducirán en el terreno nacional, sino que vendrán con cada vez más fuerza desde Washington.♦ 

*Gerardo López García es licenciado en Ciencias Políticas y maestro en Estudios Políticos, ambos grados por la UNAM. Realizó el Diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales en la UNAM y se especializa en análisis de seguridad pública, delincuencia organizada y control territorial. Ha sido funcionario público federal y local (INEGI, FGR Y SSC-CDMX). Redes: @gera_emp