Por un voto libre, secreto y no violento

El próximo 1 de marzo iniciarán las campañas electorales en nuestro país y, sin duda, una de las principales preocupaciones que enfrentamos es el papel de la violencia criminal en las elecciones. El secuestro de Julián López Galeana (coordinador estatal de Movimiento Ciudadano) el 7 de febrero o el asesinato de Samantha Gómez Fonseca (aspirante de Morena al Senado de la República por la Ciudad de México) el 14 de enero dejan claro que es un factor ineludible para considerar la viabilidad del proceso electoral. La violencia afecta en todo el país, a todos los partidos y a la ciudadanía convocada a votar el 2 de junio.

Las instituciones del Estado, en sus tres órdenes de gobierno, se muestran rebasadas y hasta incapaces para garantizar que nuestra participación electoral se desarrolle en condiciones de paz y de seguridad. El miedo, la intimidación y las amenazas que enfrentan candidatas, dirigentes, militantes o simpatizantes se convierten en un determinante que influye en quiénes votan y pueden ser votados. Además, el problema de la violencia político-electoral también rebasa ya la mera relación con el crimen organizado y se trastoca con otros procesos de violencia como la defensa de la tierra y la oposición a megaproyectos.

Bajo este contexto, este 14 de febrero se presentó el reporte Urnas y tumbas: análisis de los 32 homicidios de candidatos durante el proceso electoral 2021. Es un trabajo de investigación que establece un parteaguas en la explicación y la comprensión de la violencia política y electoral letal que vivimos en la actualidad. En los párrafos precedentes he señalado dos de sus principales aportaciones: reconocer que la violencia electoral letal es un problema presente a través de nuestro país (con un énfasis en el orden municipal) y que afecta por igual a todos los partidos políticos.

Sin embargo, mi interés se dirige hacia las recomendaciones de este reporte que, sin duda, son su principal aportación. Reconocen la complejidad del problema y buscan, en sus palabras, “salvaguardar la vida de quienes aspiran a cargos de elección popular […] por encima de cualquier diferencia política”. La violencia ya rebasa cualquier oposición partidista y es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno trabajar, en colaboración con la sociedad, para que las elecciones sean un espacio de participación que fortaleza la democracia bajo condiciones de paz y seguridad para cualquier expresión política.

En primer lugar, las recomendaciones se dirigen a las instituciones de seguridad y a las autoridades electorales federales y estatales, así como a los medios de comunicación, los partidos políticos y sus candidatos. Hay dos ejes en particular que guían las propuestas: la necesidad de coordinar esfuerzos y hacer pública la información para que las estrategias de seguridad sean preventivas y efectivas. Con base en estos ejes, las recomendaciones esperan generar condiciones de confianza para que candidatas o candidatos puedan solicitar apoyo y denunciar amenazas de violencia.

En segundo lugar, me interesa destacar las recomendaciones para las autoridades electorales y los partidos políticos, porque tienen implicaciones no sólo en materia de seguridad, sino de calidad de la democracia. Por un lado, recomienda a las autoridades electorales que compartan experiencias sobre el manejo de la violencia político-electoral y determinar, junto con los partidos políticos, las estrategias de seguridad. Por el otro, las recomendaciones a partidos políticos se centran en fortalecer los filtros de selección de candidaturas y en moderar el discurso belicoso durante las campañas.

La invitación a crear un acervo de datos para estudiar y prevenir la violencia político-electoral, así como compartir experiencias sobre su manejo, puede fortalecer la función de educación cívica y capacitación electoral de las autoridades electorales y legitimar su importancia social y política. Fortalecer los filtros de selección de candidaturas para los partidos obliga a que regresen al trabajo territorial para recuperar su carácter representativo en los municipios o distritos donde compiten. A su vez, la invitación a un discurso no belicoso refleja un principio de responsabilidad para que la competencia no fomente la violencia.

Por último, me refiero a las recomendaciones para los medios de comunicación y la invitación a crear foros de discusión para analizar la violencia electoral. Guiar la actividad periodística bajo los principios de no revictimización y de seguimiento poselectoral a los casos de violencia electoral tiene una incidencia clara: recuperar el papel de los medios en el establecimiento de la agenda pública. Los medios son fundamentales no sólo para informar, sino para dar voz a una sociedad afectada por la violencia, por lo que su labor de seguimiento permite construir memoria y una base de exigencia de no repetición.

Los foros de discusión propuestos, a su vez, pueden alimentarse del trabajo periodístico para identificar casos o contextos de violencia que requieren de un análisis y un diálogo plural entre autoridades, sociedad organizada e instituciones de educación. Los foros, como plantea el reporte, tienen como objetivo “coordinar y sugerir las medidas específicas dirigidas a la prevención de la violencia durante los procesos electorales.” Así, las propuestas para instituciones de seguridad, autoridades electorales, medios de comunicación y partidos políticos, establecerían una red y un espacio de información y acción coordinada efectiva.

El Seminario de Violencia y Paz de El Colegio de México presentó un documento imprescindible para plantearnos nuevas estrategias para atender la violencia electoral. Ante el inicio de las campañas electorales, y al acercarse la jornada electoral del 2 de junio, es necesario que las autoridades en sus tres órdenes de gobierno y la sociedad organizada discutamos el reporte y sus recomendaciones. Así como es importante que al votar y ser votado podamos confiar en los resultados, también es fundamental que nuestra participación sea libre, sin temor de que la violencia determina quién nos representa o nos gobierna.

* Armando Luna Franco (@drats89) es Politólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especializado en temas de teoría política y sistemas electorales.