La Conagua disminuyó 57 % el combate contra el aguachicoleo

Por Cuauhtémoc Osorno Córdova*

En los últimos años, el tema del “aguachicoleo” ha cobrado importancia en la agenda pública y gubernamental en México. No solo por la preocupante y evidente sobreexplotación del líquido vital en gran parte del territorio, sino porque se pierden cientos de millones de pesos por falta de pago de derechos de uso, tanto a la Federación como a las autoridades locales que administran los servicios públicos de agua.

Por una parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tiene la competencia para detectar y sancionar este acto ilícito en fuentes hídricas federales como son ríos, lagunas, presas, acueductos o del subsuelo. Mientras que los municipios y estados tienen las facultades para averiguar y castigar extracciones ilegales dentro de sus redes hidráulicas locales.

Para esta columna solo me enfocaré en el ámbito federal. Una situación particular e histórica sobre estos aprovechamientos hídricos sin títulos de concesión es la falta de datos. Como publiqué en este mismo medio en 2019, en el periodo del 2012-2018, la Conagua identificó un total de 2,280 tomas clandestinas en todo el país.

¿Cuánto aguachicoleo se ha registrado hasta la fecha? Por medio de una solicitud de transparencia gestionada para esta columna, ahora podemos saber que, en el periodo 2019-2025 la Conagua reportó una cantidad de 973 extracciones clandestinas.

Número de tomas clandestinas por entidad

Las tres entidades con más tomas ilegales de agua detectadas son, Guanajuato en el primer lugar, seguido de Nuevo León, y el Estado de México en el tercer puesto.

Aquí la lista de entidades de mayor a menor registro de aguachicoleo descubierto por la Conagua en el periodo 2019-2025: Guanajuato: 94; Nuevo León: 92; Estado de México: 76; Yucatán: 66; Chiapas: 59; Chihuahua: 49; Coahuila: 49; Oaxaca: 48; Puebla: 47; Morelos: 46; Jalisco: 38, y Michoacán: 27.

También están: Baja California Sur: 26; Sonora: 25; Tabasco: 25; San Luis Potosí: 24; Zacatecas: 24; Quintana Roo: 23; Nayarit: 19; Veracruz: 18; Guerrero: 12; Aguascalientes: 11; Colima: 11, e Hidalgo: 11.

Y al último: Tamaulipas: 11; Tlaxcala: 9; Campeche: 8; Durango: 7; Sinaloa: 7; Baja California: 6; Querétaro: 3, y Ciudad de México: 2.

¿Cómo afecta la reducción de presupuesto?

Lo que podemos resaltar es que en el periodo 2012-2018, la Conagua detectó un promedio de 326 extracciones clandestinas por año. Mientras que de 2019 al 2025 se tuvo una media de 139 anuales (57 % menos).

¿Cuáles son las razones? La principal tal vez tendría que ver con las reducciones de presupuesto a la Comisión. En 2012 esta institución contó con 70.2 miles de millones de pesos; en 2019 su presupuesto fue de 35.9 mmdp, y en 2024 sus recursos se recuperaron con un monto de 62.8 mmdp (cifra cercana al 2012).

Pero la respuesta a la disminución de registros de tomas ilegales de agua en la nación está relacionada con la reducción de personal dedicado a las inspecciones en campo, lo que corroboré con otra solicitud de transparencia: la Conagua contaba en 2012 con 324 inspectores; en 2019, con solo 134, y en 2024 la institución reportó 139 (prácticamente cuatro inspectores para cada estado).

Con base en los datos anteriores, en 2024 la Conagua tenía 57 % menos inspectores en comparación con el año 2012. Esta estadística es exactamente proporcional al porcentaje de disminución del monto de registros del aguachicoleo detectado por año en el país. Como resultado, podemos concluir que entre 2019 y 2025 la Conagua disminuyó 57 % sus esfuerzos para el combate de tomas ilegales de agua en México.

¿Qué tipo de usuarios explotan el agua sin los permisos correspondientes?

Entonces el problema del aguachicoleo en México no necesariamente se está reduciendo, sino la voluntad política para enfrentarlo. Quizá el gobierno federal no quiera aplicar una “cacería de brujas” por medio del castigo masivo, y mejor trate de incentivar la regulación de algunos de los aprovechamientos de agua fuera de la ley, por ejemplo, a través de los decretos de facilidades administrativas y agilizar la atención de nuevas solicitudes para dar el debido permiso que requiere una concesión.

Regresando a los datos a nivel entidad, ¿es posible afirmar que en Guanajuato, Nuevo León y el Estado de México (los de mayor registro) presentan mucha mayor extracción clandestina de agua que Baja California, Querétaro y la Ciudad de México? A lo mejor la cantidad de registros esté más relacionada a la visibilidad local de este delito y su denuncia ciudadana, o a decisiones internas del propio gobierno federal.

Si bien esta columna ofrece datos cuantitativos sobre este problema a nivel federal, existe una interrogante cualitativa que investigaciones académicas y periodísticas pueden resolver: ¿Qué tipo de usuarios son los que más explotan el agua sin los permisos correspondientes? ¿Son grandes industriales, terratenientes agropecuarios o piperos que saben su ilegalidad? ¿Son pequeños campesinos que no conocen la normativa o no tienen los recursos económicos para hacer los estudios técnicos que demanda una concesión?

En México cada vez más se complica la gestión del agua, con nuevos acuíferos y cuencas en números rojos, sequías históricas por el cambio climático, así como mayor presión por el desordenado crecimiento económico y urbano. En el Programa Nacional Hídrico 2026-2030 se establece que “se combatirá el robo del agua y su comercialización ilegal” y que se intensificarán las inspecciones con ayuda de la participación ciudadana. En los próximos años les comunicaré con datos duros qué se logró al respecto. ♦

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*Cuauhtémoc Osorno Córdova es investigador y consultor especializado en derechos humanos y políticas públicas relacionadas con el agua.