Dar revés a políticas antiinmigrantes, primer paso para reconstruir el tejido social en Texas

Hablar de Texas antes de las elecciones intermedias era evocar una atmósfera de asfixia social, temor y profunda fractura comunitaria, alimentada por la férrea postura del gobierno local de corte republicano contra la comunidad latina, replicando la retórica antiinmigrante impulsada desde la Casa Blanca.

En un estado donde 4 de cada 10 habitantes son de origen hispano, las medidas de control migratorio no se quedaron en promesas de campaña: se tradujeron en una cotidianidad marcada por la vulnerabilidad, cuyo costo humano se visibilizó trágicamente en casos como el de Fran Gregory Portillo Zapata, el ciudadano venezolano que falleció bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en San Antonio, el pasado 29 de octubre.

Desde la perspectiva de Javier Hidalgo, director de asuntos públicos de la organización de defensa legal RAICES —con sede central en San Antonio y presencia en todo el estado a través de oficinas en Austin, Houston, Dallas y Corpus Christi—, el periodo previo al proceso electoral estuvo dominado por un clima de hostilidad. 

Según describe, “la retórica antiinmigrante, la estigmatización y la demonización de los ‘no ciudadanos’ realmente empiezan a pasar factura”, generando “un peso emocional, una sensación de pequeñez e invisibilización, provocando que la gente reduzca su presencia pública en las comunidades”. “Hay menos deseo de hacerse notar en entornos donde uno puede convertirse en un blanco”, dice. 

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Este ambiente no distinguió estatus, afectando a familias mixtas, ciudadanos y residentes que compartían el temor a la separación o desaparición de seres queridos. A pesar de este panorama de asedio, la realidad demográfica y económica texana terminó por fracturar la narrativa oficial el pasado martes. 

Con una población hispana que supera los 12 millones de personas –y que se convierten en un pilar demográfico con peso histórico y laboral decisivo– las urnas reflejaron el hartazgo que trascendió a la polarización ideológica impuesta por los republicanos.

El miedo cotidiano y el impacto económico 

Antes de la jornada electoral, la presión sobre las comunidades migrantes en Texas era sofocante. La administración federal y estatal habían volcado recursos hacia una infraestructura de control que privatizó la detención y militarizó las fronteras interiores. Para organizaciones como RAICES, que ofrece asistencia legal y apoyo social directo en todo el estado, el costo humano era incalculable.

Hidalgo recuerda que esta estigmatización terminó por golpear incluso a sectores ajenos a la política migratoria, pues la ruptura del tejido social en comunidades caracterizadas por su diversidad y dinamismo interno provocó un impacto drástico en la economía local: al ver desaparecer a vecinos o compañeros de la iglesia, amplios sectores comenzaron a reflexionar sobre el verdadero costo que estas ausencias dejaban en la vida comunitaria y comercial.

Las preocupaciones del electorado texano no se limitaron al fenómeno migratorio. Las encuestas y sondeos previos reflejaban que el costo de la vida, la inflación galopante, el encarecimiento de los combustibles y el descontento ante la corrupción política colmaron la paciencia de un sector laboral e industrial que depende fuertemente de la mano de obra hispana. 

“El descontento económico unió de forma orgánica a comunidades que exigían un alto a las políticas punitivas”, explica el defensor.

 

La jornada electoral del martes también dejó postales de tregua y esperanza que hoy se guardan en la memoria colectiva del estado. Javier Hidalgo recuerda con una sonrisa la imagen de Gina Hinojosa y James Talarico, gobernadora y senador electos del Partido Demócrata, compartiendo en un restaurante de la cadena texana Whataburger, un gesto de cercanía y cotidianidad en medio de la tormenta política. 

Pero el fotograma más potente, el que verdaderamente encapsula el tamaño del cambio, ocurrió al anunciarse los resultados: ver a Gina Hinojosa, una gobernadora latina, hija de inmigrantes, alzar la voz y reclamar el espacio público con naturalidad.

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Durante su discurso de la noche electoral en Austin, ante cientos de seguidores, Hinojosa expresó su agradecimiento y conexión con la ciudadanía con declaraciones como: “Me molestaba que dudaran de nosotros… Ahora estoy aquí de pie, humilde y agradecida”, celebrando la fuerza de una comunidad que rompió inercias históricas en las urnas. 

También enfatizó un compromiso abierto y sin exclusiones para el conjunto de la población texana. “Esta noche hago una promesa solemne a cada uno de los texanos, ya hayan votado por mí, por Greg Abbott o se hayan sentido tan traicionados por la política fracturada que decidieron no votar: su gobierno les pertenece y, como su gobernadora, nunca lo olvidaré”, afirmó.

El triunfo de la representación y el nuevo horizonte político

Desde una perspectiva jurídica, el abogado Manuel Díaz destaca la magnitud sin precedentes de estos resultados en un estado que llevaba más de tres décadas sin ver un triunfo demócrata de esta magnitud a nivel estatal. 

Asegura que la contundente victoria demócrata en la gubernatura, los puestos legislativos, las fiscalías y los tribunales locales abre una puerta crucial. Según el especialista, aunque el control migratorio sigue siendo de jerarquía federal, la nueva correlación de fuerzas permitirá frenar la agresividad de las directrices punitivas locales implementadas por la administración saliente —como el uso de policías estatales para funciones migratorias— y reevaluar la cooperación de los condados con el ICE.

A nivel federal, sin embargo, Díaz advierte que los contrapesos legislativos enfrentarán desafíos importantes ante la posibilidad de vetos ejecutivos, lo que mantiene cierta incertidumbre sobre reformas estructurales profundas como DACA o visas de trabajo. No obstante, subraya que a nivel estatal y municipal el cambio político facilitará frenar los abusos presupuestarios destinados a financiar la custodia privada y moderar la persecución contra la población migrante.

Este giro institucional encuentra un eco profundo en el terreno social y humano que defiende organizaciones como RAICES. Javier Hidalgo enfatiza que el verdadero cambio radica en la restitución de la dignidad y la superación de un clima de asfixia, donde el perfilamiento racial y la retórica oficial obligaban a las personas a vivir en las sombras. 

Ambos especialistas coinciden en que, más allá de la disputa partidista, la victoria electoral del Partido Demócrata en Texas representa una oportunidad histórica para sanar el tejido comunitario. Hidalgo señala que las nuevas imágenes de liderazgo en el estado, como la de una gobernadora latina que se dirige al público con naturalidad, inspira profundamente a las nuevas generaciones, consolidando un horizonte donde la diversidad deja de ser blanco de persecución para convertirse en el pilar del desarrollo y la justicia en la región.

¿Cómo reconstruir el tejido social roto por las políticas actuales?

Ante el nuevo escenario político, el camino hacia la recuperación exige acciones firmes y concretas para desmantelar el andamiaje punitivo que operó en el estado. Javier Hidalgo, desde su labor en RAICES, advierte que el primer paso es revertir las normativas locales y estatales que convirtieron a las comunidades en zonas de hostilidad.

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“Definitivamente se requieren acciones concretas para revertir las políticas estatales que se implementaron”, dice. 

Para el director de asuntos públicos, esto implica un trabajo profundo que va desde la revisión jurídica hasta la garantía de derechos básicos: “hay mucho trabajo por hacer para desmantelar esos marcos y avanzar hacia el progreso, incluyendo la revisión de los acuerdos 287(g)”.

Hidalgo subraya la urgencia de restaurar las jurisdicciones correspondientes para que las fuerzas de orden local dejen de fungir como agentes migratorios, eliminando así los factores que infunden terror cotidiano en las familias. 

Entre las prioridades inmediatas, destaca la necesidad de garantizar el acceso universal a la salud sin que las personas tengan temor a ser detenidas; “las normativas que exigen a los hospitales verificar el estatus migratorio deben ser anuladas”, afirma. 

También destaca que deben retirarse las presiones presupuestarias que obligaban a escuelas y departamentos de policía a colaborar en programas de persecución, redirigiendo esos fondos hacia el desarrollo local y la cohesión comunitaria en lugar de beneficiar a contratistas privados de custodia.

Al final, como señala Hidalgo, se trata de superar la polarización apostando por la restitución del tejido social. Más allá de desmantelar contratos y normativas punitivas, el verdadero reto radica en reorientar los recursos públicos hacia el fortalecimiento de las comunidades, priorizando el desarrollo local, el empleo y la reasignación de presupuestos para que la dignidad y la solidaridad dejen de ser una excepción y se conviertan en la norma de convivencia en Texas.