La defensa de Maduro avanza en Nueva York: una audiencia clave sin decisión final
María Fernanda Alarcón, desde Nueva York · 27 de marzo de 2026
Nueva York.- Desde la noche anterior, la acera frente a la Corte del Distrito Sur de Nueva York ya no era solo un punto de tránsito: era una antesala cargada de expectativa. Banderas, carteles, consignas cruzadas. Venezolanos en el exilio, activistas estadounidenses, curiosos. Algunos llegaron desde la tarde del día previo y no se movieron.
“Estoy acá desde ayer a las 2:00 de la tarde, no he dormido nada, pero acá estamos firmes”, dijo Franklin Gómez, exconcejal opositor y expreso político venezolano.
La audiencia estaba programada para las 10:30 de la mañana. Comenzó más de una hora después. La demora, lejos de disipar la tensión, la acumuló. Cada movimiento en la puerta del edificio generaba incertidumbre.
Hasta que finalmente, a las 11:40, Nicolás Maduro volvió a aparecer.
Ingresó sin esposas, acompañado de su esposa, Cilia Flores, su equipo legal y los intérpretes. Más de 80 días después de la primera audiencia, la escena se repetía, pero el ambiente ya no era el mismo.
Antes de que el caso llegue a juicio, el proceso debe atravesar distintas fases: la preliminar, el descubrimiento de pruebas y las mociones previas. Esta segunda audiencia, aunque formalmente parte de esa etapa inicial, dejó de sentirse como un trámite técnico.
Había demasiado en juego.
La discusión central giraba en torno a una moción presentada por la defensa el 26 de febrero. En ella, el abogado Barrick Pollack solicitaba desestimar la acusación bajo el argumento de que el gobierno de Estados Unidos había interferido con los derechos constitucionales de Maduro, particularmente su derecho a la defensa bajo la Sexta Enmienda.
La disputa era determinante: quién iba a pagar esa defensa.
La defensa sostuvo que el propio gobierno estadounidense había cambiado las reglas del juego. En la moción presentada, recordaba que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) había otorgado inicialmente una licencia que permitía el uso de fondos del gobierno venezolano para cubrir los honorarios legales.
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“Sin embargo, de manera unilateral y sin explicación alguna, la OFAC modificó posteriormente dicha licencia, de tal modo que ahora prohíbe la recepción de fondos para gastos de defensa provenientes del gobierno de Venezuela”, señala el documento. Y añade una línea que atravesó toda la audiencia: “Maduro, quien carece de fondos propios para contratar a un abogado, está siendo privado de su derecho constitucional a contar con un abogado de su elección”.
Dentro de la sala, ese argumento tomó forma.
Cuando el juez cuestionó el uso de recursos provenientes de un gobierno extranjero, Pollack respondió con precisión, sin elevar el tono: “no se trata de la calidad de la defensa, se trata del derecho a escoger tu defensa cuando tienes el recurso para hacerlo”.
Según la defensa, esta decisión tiene como consecuencia que Maduro quede impedido de ejercer plenamente su derecho constitucional a elegir a su abogado.
Es más que solo un punto técnico. Porque no se trataba solo de financiamiento, sino de control: sobre el proceso, sobre los tiempos y sobre la narrativa legal que se construirá en los próximos meses.
Afuera, la lectura era otra.
“Este es un momento histórico… por 26 años se nos ha negado un sentimiento de justicia”, dijo César Coello, abogado venezolano de derechos humanos que llegó desde el día anterior para presenciar la audiencia.
Pero como todos los casos profundamente políticos, había más de una postura.
“Esta es nuestra lucha. Este es nuestro país, y nuestro presidente está abusando de otros países… Estamos en contra de estas guerras. Están causando caos aquí: aumento de los precios de la gasolina, inestabilidad. Estas decisiones nos cuestan caro”, dijo Thomas Burke, un activista que viajó desde Michigan.
Las consignas —“free Maduro” y “Maduro asesino”— no solo convivían, se superponían. La audiencia no había comenzado y el caso ya estaba siendo disputado en dos planos: el legal y el simbólico.
Dentro de la corte, la escena no fue más contenida.
La defensa insistió en que impedir el acceso a fondos del gobierno venezolano limitaba el derecho de Maduro a elegir su representación legal. No se trataba, dijeron, de calidad, sino de elección.
La fiscalía respondió con un argumento más estructural: el tribunal no tiene facultad para obligar al Departamento del Tesoro a emitir una licencia, especialmente cuando están en juego sanciones y consideraciones de seguridad nacional.
Lo que siguió fue menos visible, pero más significativo.
A medida que avanzaban los alegatos, el ritmo comenzó a inclinarse. La defensa se mantuvo firme, ordenada, casi estratégica en sus pausas. Maduro, su esposa, los intérpretes: sin sobresaltos. Observaban, tomaban notas.
La fiscalía, en cambio, empezó a perder ese control inicial. No en el contenido, sino en la forma: respuestas más largas, menos precisas, con mayor esfuerzo por sostener el argumento frente a las preguntas del juez.
Ese desplazamiento —sutil, pero perceptible— terminó marcando el tono de la audiencia.
Hacia el final de la sesión, la defensa introdujo un último elemento que, aunque breve, cambió el ritmo de la sala. Solicitó al juez que se atiendan los problemas de salud de Cilia Flores, quien durante la comparecencia se mantuvo poco expresiva, con una presencia más contenida que la de Maduro. El equipo legal indicó que presentará opciones médicas para su revisión, sumando una nueva arista al caso.
“Todos queremos una decisión inmediata, pero esto es un proceso largo”, dijo César Mendoza, otro de los asistentes afuera de la corte.
El juez Alvin K. Hellerstein rechazó la solicitud de desestimar el caso. Pero al mismo tiempo, decidió no resolver de inmediato el tema del financiamiento de la defensa. Pidió más tiempo. Más precisión en el tercer párrafo de la moción.
En términos técnicos, no hubo una victoria definitiva.
En términos estratégicos, sí hubo un movimiento.
Porque al no cerrar la puerta, el juez dejó abierto el espacio que la defensa necesitaba: tiempo para reforzar su argumento y la posibilidad —todavía incierta, pero real— de que se apruebe un mecanismo para financiar su equipo legal.
Afuera, la lectura seguía siendo emocional.
“Es la primera gota de justicia, la primera luz al final del túnel”, dijo Gómez.
Lo que estaba en juego no era solo si Maduro enfrentará juicio —eso parece inevitable— sino bajo qué condiciones llegará a él.
Esto es apenas el inicio.
Pero en una audiencia donde se esperaba que el juez rechazara sin matices las solicitudes de la defensa, el resultado fue otro: una pausa que abre posibilidades.
Y en procesos como este, a veces eso es suficiente para marcar el rumbo.
Hoy, la defensa de Maduro no ganó el caso.
Pero sí ganó tiempo.
Y, por ahora, eso basta.