Venezuela, a un mes de la caída de Maduro

A un mes de la captura de Nicolás Maduro, vale la pena hacer una valoración sobre la situación actual de Venezuela, el estado del régimen, de la oposición y la posibilidad de una transición democrática. La operación militar estadounidense que terminó con la captura del presidente venezolano y su esposa Cilia Flores durante la madrugada del 3 de enero de 2026, fue recibida como un hecho sin precedentes en la historia reciente de América Latina. Las fuerzas militares de Estados Unidos atacaron Caracas, capturaron al mandatario del país y lo condujeron ante el sistema judicial estadounidense bajo cargos de narcotráfico. Tras esta operación surgió un periodo inmediato de incertidumbre sobre el rumbo político de Venezuela, con expectativas y llamados a la transición y apertura política que contrastaron rápidamente con la efectividad del aparato estatal para mantener al régimen en el poder.

Aunque Maduro se encuentra bajo custodia en Estados Unidos, el gobierno venezolano condenó el operativo y la oposición celebró la caída de Maduro, la realidad es que en Venezuela el régimen sigue en pie. Los elementos centrales del sistema de gobernanza como las instituciones del Estado, la burocracia estatal, las fuerzas armadas, el aparato represivo y de control interno, así como las estructuras formales e informales de control político y social permanecen intactos. Lejos de abrir una transición democrática, el escenario actual apunta a una reconfiguración que preserva el poder del régimen y reduce aún más las posibilidades de un cambio político profundo y legítimo.

En la práctica, la supervivencia del régimen venezolano hoy en día depende de una nueva relación impuesta con Estados Unidos, basada en criterios de funcionalidad más que de un sentido compartido de legitimidad democrática. Washington ha optado por tolerar la continuidad del régimen existente en la medida en que la supervivencia de este garantiza el control territorial, la estabilidad política y social, así como una forzada cooperación en áreas estratégicas. Es decir, el régimen permanece en la medida en que le es útil a Washington. Esta lógica convierte al régimen en un actor cercano a los intereses estadounidenses en el corto plazo, e inclusive puede implicar el posponer o vaciar de contenido real cualquier horizonte de cambio o de transición democrática.

A pesar de la salida forzada de Maduro y el daño simbólico que esto conlleva, la estructura del régimen venezolano permaneció intacta. De forma casi inmediata, el Tribunal Supremo de Justicia declaró una “vacancia temporal” de la presidencia y juramentó a la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como presidenta interina, bajo el argumento de garantizar la continuidad del Estado. Esto puso en evidencia que el régimen es más que una sola persona y expuso la solidez de una burocracia político-militar consolidada, capaz de reorganizarse y retener el poder. Los altos mandos del régimen, incluidos los ministros clave de Defensa y del Interior, se mantuvieron en sus cargos, preservando las estructuras de control estatal que han sido el pilar del régimen durante décadas.

El nuevo gobierno encabezado por Delcy Rodríguez ha promovido gestos de apertura política, como la liberación de presos políticos, anunciada en coordinación con los gobiernos de España, Brasil y Qatar, así como la promesa de cerrar la infame prisión de El Helicoide. Estas acciones son significativas, en particular para las familias de las personas detenidas y desde una perspectiva humanitaria es un gran paso. Sin embargo, siguen siendo insuficientes y conviven con la ausencia de mecanismos institucionales claros, garantías políticas y una voluntad estructural que permitan avanzar hacia una transición democrática verdaderamente sostenible. De esta forma se generan tensiones entre las expectativas de la población, las de la oposición y las acciones llevadas a cabo por el gobierno para mantener su estabilidad.

Esta lógica también se expresa en la vida cotidiana: Venezuela exhibe una normalidad forzada, una apariencia de estabilidad que no responde a una apertura política, sino a una estrategia deliberada de control. Las autoridades han reforzado la presencia de fuerzas de seguridad, instalado retenes y ejercido un control estricto sobre la movilidad y las comunicaciones, en un esfuerzo por generar una sensación de orden y estabilidad tras la captura de Maduro. Estos despliegues y la presencia de colectivos armados patrullando las calles han sido interpretados como parte de una normalidad impuesta por el régimen para contrarrestar cualquier idea de liberalización política, la cual algunos habían previsto que llegaría tras la caída de Maduro.

El régimen ha evitado imponer un estado de excepción formal, pero ha aplicado una excepcionalidad de facto. La vigilancia selectiva, los controles de movilidad, la gestión estricta del espacio público y la presencia de grupos armados permiten reducir el riesgo de movilización masiva sin recurrir a medidas represivas que podrían provocar mayor condena internacional. Este equilibrio entre control y apariencia de normalidad ha sido clave para mantener el poder a la par que se desactivan expectativas inmediatas de cambio, que pueden surgir de una perspectiva de inestabilidad interna.

En este contexto, la apariencia de normalidad cumple una función política central en la medida en que despolitiza el momento. Al restablecer rutinas y reducir el margen de incertidumbre cotidiana, el régimen busca erosionar la percepción de que la captura de Maduro representa una ruptura del sistema y una oportunidad para la oposición. La ausencia de colapsos visibles, quiebres institucionales o vacíos de poder refuerza la idea de que el Estado sigue siendo operativo y que cualquier transición, si ocurre, será gradual y controlada desde dentro del aparato institucional.

Por su parte, la situación de la oposición venezolana tras la captura de Maduro refleja un escenario desfavorable. En lugar de capitalizar la caída de una de las figuras centrales del régimen, la oposición enfrenta un escenario marcado por una mayor fragmentación, una capacidad de movilización limitada y escaso margen para traducir el momento político en acciones concretas. La operación contra Maduro no derivó en un colapso del aparato represivo del Estado ni en una ruptura visible y sostenida dentro de las Fuerzas Armadas, lo que privó a la oposición de uno de los factores clave para una transición acelerada: una fractura interna del poder estatal. Sin ese quiebre, sus posibilidades de disputar el poder permanecen confinadas, en gran medida, al plano discursivo. Sobre todo frente a la ausencia de una hoja de ruta clara hacia elecciones libres y competitivas, lo que debilita aún más la posibilidad de construir una agenda común capaz de disputar el poder de manera creíble.

Dentro de este contexto, se observa una división marcada de la oposición. Por un lado, figuras como María Corina Machado, que cuenta con reconocimiento internacional y ha sostenido reuniones con la Casa Blanca para impulsar una “transición real”, han perdido parte de su momento debido a la falta de un apoyo consistente de Washington por la percepción de que la oposición que encabeza no pueden garantizar estabilidad en Venezuela, lo que ha limitado su capacidad de traducir el apoyo externo en influencia interna. Por otro lado, la oposición de izquierda y otros sectores disidentes dentro del país permanece fragmentada. Las facciones que históricamente se han identificado con corrientes más progresistas o críticas al chavismo no han logrado articular una propuesta unificada de sustitución del régimen ni una alternativa electoral cohesionada, lo que diluye aún más las posibilidades de desafiar eficazmente al poder desde adentro. Esto deja a la oposición en una situación sumamente precaria, marcada por la dispersión y la falta de un liderazgo consolidado que refleja no solo las diferencias ideológicas, sino también la presión continua del aparato estatal sobre los espacios de organización y movilización política, reforzando la incapacidad de la oposición para transformar el descontento social en fuerza política sostenida.

Desde la perspectiva del régimen, esta situación resulta funcional para su preservación. La existencia visible de una oposición, así como la adopción de gestos puntuales -como la liberación de presos políticos- contribuyen a proyectar una imagen de pluralismo controlado. Esta apariencia es suficiente para atenuar el aislamiento internacional y reducir presiones externas, mientras los centros reales de poder permanecen intactos. En este marco, la oposición queda atrapada en un espacio estrecho y contradictorio donde es demasiado fragmentada para desafiar efectivamente al régimen, pero es lo suficientemente visible como para cumplir una función instrumental dentro del propio sistema político, incluso en un contexto marcado por tensiones persistentes y manifestaciones continuas tanto de sectores prorégimen como antirégimen, las cuales son contenidas y administrada de manera que no altere el equilibrio de poder.

De esta forma, el verdadero desafío para el régimen no es la oposición interna, sino el delicado equilibrio entre sus propias tensiones y la relación con Estados Unidos. Por un lado, las acciones de apertura y liberalización política pueden dar la impresión de vulnerabilidad, lo que genera tensiones con los sectores más intransigentes del régimen. Por otra parte, el gobierno debe contener a las facciones más abiertamente antiestadounidenses dentro del aparato gubernamental y de las fuerzas armadas, cuya legitimidad política se ha construido históricamente sobre la confrontación con Washington. Al mismo tiempo, el régimen necesita mantener una relación funcional con Estados Unidos, que hoy concentra la capacidad real de habilitar o bloquear su continuidad en el poder. Esta gestión contradictoria, en la que deben apaciguar a los sectores duros sin provocar a Washington, se ha convertido en el eje central de la supervivencia del régimen y es el factor más determinante para su supervivencia, más que cualquier presión proveniente de la oposición venezolana.

En este contexto, a un mes de la captura de Maduro la única certeza es la incertidumbre, especialmente al considerar la posibilidad de una transición democrática impulsada desde dentro, la cual se vuelve cada vez más remota. La oposición no solo carece de la fuerza política, territorial e institucional necesaria para imponer un cambio, sino que enfrenta a un aparato estatal que ha demostrado una notable capacidad de adaptación y resiliencia. Por su parte, tras la captura de su figura central, el régimen ha logrado balancear su nueva relación impuesta por Estados Unidos, preservar la cohesión de sus élites, mantener el control efectivo de las fuerzas de seguridad y garantizar la continuidad operativa del Estado. La endeble estabilidad que hoy exhibe Venezuela no es el resultado de una apertura política por parte del gobierno ni de un estado de conformidad entre la población, sino de una reconfiguración del poder que arraiga al régimen en un terreno especialmente frágil y tenso a la par que desplaza, una vez más, la transición democrática hacia un horizonte incierto.