Diego Fernández González · 13 de noviembre de 2026
España vivió este 11 de noviembre su primera huelga general en 14 años por el acceso a la vivienda, un problema que desde el pasado mes de septiembre no ha parado de llenar las calles. Tras las acampadas por el desahucio de Maricarmen Abascal y la convocatoria de elecciones generales, la huelga se había convertido en uno de los principales reclamos de los colectivos por el derecho a la vivienda.
Aunque la vivienda ha sido el detonante, las reivindicaciones van más allá del precio de los alquileres. Los bajos salarios, las dificultades para acceder a una hipoteca, la escasez de vivienda pública y el retraso en la edad de emancipación reflejan un malestar que afecta principalmente a las y los jóvenes. La huelga llegó, además, a menos de tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Al mediodía, la Gran Vía madrileña estaba cortada. Bajo cientos de paraguas, una multitud ocupaba esta arteria principal de la capital al grito de “Hoy no se consume, hoy no se trabaja”. Algunos manifestantes se acercaban a los comercios que todavía permanecían abiertos para colocar carteles y pegatinas en los escaparates y reclamar a los trabajadores y consumidores que se sumasen a la huelga.

El ambiente era tranquilo. Muchos de quienes ocupaban la primera línea avanzaban con los brazos entrelazados, hasta que llegaron varios furgones de la Policía Nacional. Los agentes empezaron a sacar los escudos protectores, se colocaron los guantes y algunos se prepararon con armas antidisturbios para lanzar proyectiles de goma. “¡No se pega!”, gritaban los manifestantes mientras los agentes cargaban contra quienes estaban en primera línea.
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Las calles estrechas del centro se convirtieron entonces en un ir y venir de manifestantes y policías. Algunos grupos trataban de interrumpir la actividad en los negocios. En muchos casos lo consiguieron y bajaron las persianas de cierre, pero varios furgones alcanzaron a un grupo y lo rodearon en una de las calles para retener e identificar a sus integrantes.
Pero la jornada había comenzado mucho antes de que los manifestantes tomaran la Gran Vía. Durante la noche anterior, integrantes del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, una de las organizaciones impulsoras de la huelga, irrumpieron en las oficinas de la inmobiliaria Alquiler Seguro. El sindicato había participado en las movilizaciones para intentar frenar el desahucio de Maricarmen en septiembre y también fue uno de los impulsores de la acampada en la Puerta del Sol.
De madrugada, cientos de personas también se movilizaron en distintos puntos de la capital para bloquear algunos de los principales centros de actividad. Mercamadrid, el gran centro de distribución alimentaria de la ciudad, y las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) fueron algunos de los objetivos. Mediante barricadas y cortes de acceso, intentaron interrumpir la distribución de mercancías y la salida de los autobuses municipales.
Una huelga general busca paralizar la actividad económica del país para presionar a empresas y poderes públicos. Durante las 24 horas de convocatoria, los trabajadores pueden dejar de acudir a sus puestos sin que eso suponga perder el empleo: la huelga es un derecho reconocido por la Constitución. Eso sí, la jornada no trabajada se descuenta del salario y de la cotización correspondiente.
El seguimiento fue desigual, pero las movilizaciones también se extendieron a otras ciudades españolas. Según los datos difundidos por los sindicatos, Cataluña registró la mayor participación, con un 84 %, mientras que Madrid, Andalucía y Aragón rondaron el 70 %. Por sectores, el seguimiento habría alcanzado el 25 % en la banca y hasta el 95 % en la industria alimentaria y los puertos. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), por su parte, calificó la huelga de fracaso y situó el seguimiento en torno al 5 % y las pérdidas, en millones de euros.

La crisis de la vivienda, sin embargo, fue el punto de encuentro de buena parte de las reivindicaciones. María, de 29 años, acudió a la manifestación junto con tres amigas. Cobra mil 300 euros al mes y todavía vive con sus padres porque no puede asumir el precio de un alquiler. “El alquiler más barato son mil euros. No hay manera de que pueda vivir yo sola”, explica.
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Fernando, de 26 años, también participó en la manifestación. “Por mucho que ahorremos, vemos que no tendremos futuro. Tenemos que irnos a vivir fuera de Madrid”, cuenta. Considera que la subida de los alquileres está expulsando a los vecinos de sus propios barrios: “Nos están echando porque hemos aceptado que pagar estos precios es normal”.
Por la tarde, miles de personas volvieron a concentrarse en el centro de Madrid para recorrer sus principales calles hasta la Plaza de España. La Delegación de Gobierno cifró la asistencia en 120 mil personas, mientras que el Sindicato de Inquilinas lo elevó hasta los 400 mil. La lluvia, que había castigado a la ciudad durante toda la jornada, no frenó la movilización y los paraguas volvieron a llenar las calles.
La marcha, sin embargo, no pudo completar el recorrido previsto. Cuando los participantes se acercaban al final, agentes antidisturbios bloquearon los accesos y dejaron a parte de la multitud encerrada en la Gran Vía. Comenzaron a lanzar gas lacrimógeno y muchos manifestantes no sabían por dónde salir. Fernando recuerda que al avanzar vieron a personas darse la vuelta. “Pensábamos que no tendrían motivos para dispararnos, pero seguían haciéndolo. Nos escondimos en un portal esperando a que se pasara el efecto del gas lacrimógeno”.
María también recuerda una marcha que, hasta ese momento, había transcurrido sin incidentes. “No hubo ningún tipo de violencia, todo iba bien y la gente era muy amable”, cuenta. Según su testimonio, cuando ella y sus amigas se marchaban, la policía empezó a disparar pelotas de goma “sin motivo aparente”, añade. Los principales sindicatos convocantes calificaron la actuación policial de “desproporcionada e intolerable” y han anunciado que están recopilando pruebas para presentar una denuncia penal por las actuaciones de los agentes.

Históricamente, las huelgas generales han sido el motor para conquistar derechos laborales y sociales. Una de las más emblemáticas fue la huelga de La Canadiense, que en 1919 se prolongó durante 44 días en Barcelona y logró la reducción de la jornada laboral a ocho horas. Más de un siglo después, el malestar vuelve a expresarse en las calles, esta vez con la vivienda como eje central.
Los salarios no crecen al ritmo del coste de la vida y acceder a una vivienda se ha convertido en una posibilidad cada vez más lejana para la gran mayoría. La huelga de este 11 de noviembre difícilmente cambiará por sí sola esta realidad, pero ha conseguido trasladar el conflicto a las urnas para reclamar que tener un techo deje de ser un privilegio y vuelva a ser un derecho al alcance de todos.