Fiscal de EU dice que podría haber más acusaciones contra políticos en México
Redacción Animal Político · 6 de mayo de 2026
El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, dijo que podrían seguir haciendo acusaciones contra políticos mexicanos por presuntos vínculos con el crimen organizado, tal como ocurrió con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha y otros 10 funcionarios y exfuncionarios.
En entrevista con News Nation, Blanche destacó que el pasado 30 de abril se presentó una acusación formal contra un gobernador en México por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
“Creo que es algo que hemos hecho en el pasado, pero ciertamente vamos a seguir haciéndolo”, dijo.
El fiscal general aseguró que existe una buena relación con el gobierno mexicano y destacó que esto depende de temas como la migración y la seguridad.
“Creo que ellos reconocen la importancia de su relación con nosotros y también que esa relación ahora depende de la cooperación y el apoyo en temas migratorios, combate al narcotráfico y asuntos similares. No quiero dar a entender que nuestra relación sea mala. Al contrario, tenemos una relación muy positiva con gran parte del gobierno de México actualmente”.
“So, could we see more indictments?” @DAGToddBlanche says “sure, yes. We’ve already indicted multiple government officials out of Mexico…”
The Acting AG explains what consequences they’re bringing to Mexican politicians tied to the criminal cartels. pic.twitter.com/td82aKCjbr
— Ali Bradley (@AliBradleyTV) May 6, 2026
Al ser cuestionado sobre si podría haber más acusaciones contra políticos mexicanos, respondió de forma tajante.
“Sí, claro, eso podría ocurrir en el futuro. De hecho, ya hemos acusado a múltiples funcionarios del gobierno mexicano, incluso recientemente a un juez. Y eso es algo que continuará”.
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Todd Blanche añadió que una de las consecuencias de que muchos líderes de cárteles del narcotráfico hayan sido trasladados a Estados Unidos durante el último año es que querrán colaborar con las autoridades.
“Y esa cooperación podría conducir a nuevos cargos y acusaciones adicionales”, dijo.
Las acusaciones de EU contra políticos mexicanos
El pasado 29 de abril, dl Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra once funcionarios —actuales y anteriores— de Sinaloa, entre quienes se encuentra el gobernador en funciones, Rubén Rocha Moya, y mandos de corporaciones policiales estatales y municipales.
De acuerdo con la fiscalía estadounidense, los acusados presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de drogas a Estados Unidos a cambio de protección política, apoyo institucional y sobornos millonarios.
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El anuncio fue realizado por el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y por el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole. El caso quedó asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
En la acusación se señala al gobernador, Ruben Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza Cazarez, Enrique Díaz Vega; el vicefiscal de Sinaloa, Damaso Castro Zaavedra; Marco Antonio Almanza Aviles; Alberto Jorge Contreras Nunez, identificado como “Cholo”; el exfiscal Gerardo Mérida Sánchez; José Antonio Dionisio Hipolito, alias “Tornado”; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil y Juan Valenzuela Millan, alias “Juanito”, por delitos de tráfico de drogas y conductas relacionadas con armas de fuego.
Al gobernador Rubén Rocha Moya se le acusa de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como de conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. De ser declarado culpable, enfrenta una condena de cadena perpetua o, en su defecto, una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
Según las alegaciones incluidas en la acusación y otros documentos judiciales, el Cártel ha convertido a Sinaloa en el centro de operaciones de un esquema internacional que involucra a productores de cocaína en Colombia y Venezuela, redes criminales y políticos corruptos en Centroamérica y Sudamérica, así como a fabricantes de precursores químicos en China, con el objetivo de distribuir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina en Estados Unidos.
La acusación afirma que los 11 señalados participaron en una conspiración corrupta y violenta, en la que protegieron a los líderes del Cártel de Sinaloa frente a investigaciones, arrestos y procesos judiciales; proporcionaron información confidencial de fuerzas de seguridad y del Ejército a narcotraficantes aliados; instruyeron a agentes de corporaciones estatales y municipales para custodiar cargamentos de droga; y permitieron que se cometieran actos de violencia sin consecuencias. A cambio, habrían recibido millones de dólares en sobornos.
También se asegura que todos los acusados han mantenido una colaboración estrecha con la facción de Los Chapitos, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los señalados operaban en diversos niveles del gobierno y las fuerzas del orden para facilitar las operaciones de esa facción.
Tras darse a conocer las acusaciones, el gobernador Rubén Rocha, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y el vicefiscal, Dámaso Castro, pidieron licencia a sus cargos mientras se llevan a cabo las investigaciones.