Redacción Animal Político / AFP · 6 de octubre de 2026
La Universidad de Cornell nombró el martes a una exalta fiscal de Estados Unidos para que evalúe el manejo que le dio la institución al caso de la violación grupal de una estudiante en 2024, un caso que ha provocado indignación en el país.
La universidad ha sido cuestionada por no haber impuesto sanciones severas a los acusados de la agresión, que fue descrita en detalle en una demanda presentada el mes pasado.
Cornell informó que Sally Yates, quien se desempeñó como vicefiscal general de Estados Unidos de 2015 a 2017 y dirigió brevemente el Departamento de Justicia, llevará a cabo una “revisión minuciosa” de la respuesta de la prestigiosa casa de estudios a las denuncias de violación.

La denunciante, identificada con el seudónimo de Jane Doe, afirma que fue “presionada (…) para inhalar” ketamina, antes de ser agredida y violada por siete miembros de la fraternidad Chi Phi de estudiantes varones.
Tras sus denuncias iniciales en 2024, Cornell cerró la fraternidad y suspendió temporalmente a los estudiantes acusados. Dos de ellos fueron expulsados luego.
Sin embargo, críticos han cuestionado que la respuesta de la universidad fue demasiado indulgente, tras lo cual Cornell decidió iniciar una revisión independiente.
“Es imperativo que Cornell esté dispuesta a examinarse a sí misma con el mismo rigor que exigimos a los demás”, declaró Anne Meinig Smalling, presidenta del consejo de administración de la universidad, en un comunicado.

“Queremos entender no solo lo que ocurrió en 2024, sino también cómo Cornell puede convertirse en un referente en la prevención de la violencia sexual, en el apoyo a quienes denuncian y en las respuestas a las denuncias de manera rigurosa, justa y empática”, añadió.
Estudiantes, profesores y miembros de la comunidad universitaria se concentraron este lunes en la Universidad de Cornell para exigir justicia para la denunciante de una violación grupal ocurrida en 2024. Los manifestantes portaron lazos violetas y carteles con mensajes como “Que rindan cuentas” y “Protejan a las sobrevivientes”.
La protesta se realizó frente al centro estudiantil y posteriormente los participantes marcharon hacia Day Hall, principal edificio administrativo de Cornell. Durante la madrugada, una de sus puertas de vidrio apareció destrozada y las paredes fueron cubiertas con pintadas en rojo contra la universidad.

Los manifestantes cuestionaron la respuesta de las autoridades universitarias y algunos pidieron la renuncia del presidente de Cornell, Michael Kotlikoff. También exigieron la expulsión o revocación de los títulos de los estudiantes señalados, cambios en la definición de consentimiento sexual y una reforma del sistema disciplinario.
El descontento aumentó tras conocerse las sanciones impuestas a los estudiantes señalados. Dos fueron expulsados y dos suspendidos; uno más, ya graduado, recibió una prohibición de ingresar al campus durante tres años. Los dos restantes recibieron otras medidas disciplinarias, incluidas órdenes de no contacto y módulos educativos.
El caso ocurre en un contexto más amplio de violencia sexual en universidades de Estados Unidos. Según un estudio de 2020 realizado en 33 instituciones por la Asociación de Universidades Americanas, una de cada cuatro estudiantes universitarias de grado reportó haber sufrido contacto sexual forzado o contacto sexual para el que no dio su consentimiento.
Con información de AFP.