Jennifer Flores · 18 de julio de 2026
En redes sociales, recientemente se viralizó una propuesta de Erika Kirk, una de las figuras más conservadoras en Estados Unidos, que impulsa el household voting o voto por hogar, un sistema que elimina el derecho al voto individual y se lo otorga únicamente a una persona de la familia, en este caso, al hombre.
Bajo el supuesto argumento de que “el hombre representa mejor los intereses y valores de la familia”, este modelo rompe con el principio de un voto por ciudadano o ciudadana al concentrar el derecho al sufragio en una sola persona y eliminar la participación política individual del resto de los integrantes del hogar, incluidas las mujeres.
Aunque la propuesta no forma parte de ningún sistema electoral vigente, ha generado preocupación en América Latina al reabrir el debate sobre el derecho al voto individual, la igualdad política y las garantías que protegen un sufragio libre y secreto.
En México, a 71 años del primer voto de las mujeres, algunos jóvenes en redes sociales aseguran que el voto debería ejercerse por familia —no individualmente— y reservarse para las personas con el “conocimiento mínimo indispensable de lo que hace el Estado”. Pero ¿cuáles serían los riesgos de esto?
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 35 que las ciudadanas y los ciudadanos tienen libertad para votar y ser votados en elecciones populares. Asimismo, el artículo 34 dicta que son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que sean mexicanos y mexicanas mayores de 18 años y tengan un modo honesto de vivir.
Lisandro Morales, profesor de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica la protección del derecho al voto desde el constitucionalismo democrático: “el voto es un derecho individual que no pertenece a la familia, a un grupo o a una comunidad”, asegura.
“No es correcto hablar del voto en términos de unidad como pasaba en el derecho romano, donde el pater familias —en la antigua Roma era el hombre libre y ciudadano que gobernaba su casa— representaba a varias personas. Eso pasaba hace 2 mil 500 años y no tendría porqué suceder en este momento”, explica Lisandro Morales.
La democracia constitucional por la que se rige México descansa sobre un principio sencillo, pero fundamental: que cada ciudadano o ciudadana vale exactamente lo mismo en las urnas sin importar su patrimonio, riqueza, profesión, nivel educativo y mucho menos su género, esto es conocido como igualdad política, expone el profesor de Derecho.
Una democracia no solo busca establecer gobiernos mediante elecciones, también pretende garantizar el pluralismo dentro de un Estado y este pluralismo es precisamente lo que enriquece la deliberación pública, señala Lisandro Morales.
Además de que la legislación mexicana protege la libertad del sufragio y sanciona diversas conductas de presión o inducción sobre las y los electores, particularmente cuando provienen de actores políticos, servidores públicos o personas que condicionan programas y beneficios.
Cabe destacar que en México nunca se ha eliminado un derecho constitucional fundamental, pero sí se han restringido las formas legales para defenderlos y exigirlos. Por ejemplo, la reforma judicial y la reforma a la ley de amparo son legislaturas recientes que han cambiado profundamente el sistema de justicia en el país.
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Especialistas consultados por El Sabueso identifican que el modelo voto por hogar puede representar un riesgo para la libertad y el secreto del voto de las personas, especialmente de quienes viven en relaciones de poder desiguales.
“Bajo el argumento de fortalecer a la familia, en realidad se propone sustituir el derecho político de las personas por la voluntad de una sola de ellas, generalmente el hombre. Esta propuesta ha sido promovida por figuras vinculadas al nacionalismo cristiano y ha vuelto a cobrar notoriedad en las últimas semanas”, expone Claudia Aguilar Barroso, abogada y co-fundadora de la plataforma feminista AÚNA.
En términos constitucionales, no sería posible implementar este modelo en México sin destruir algunos de los principios básicos de su democracia, asegura Claudia Aguilar Barroso.
“Convertir al hogar en un solo voto reduciría la representación efectiva de las distintas convicciones que pueden existir dentro de una sociedad (…) acabaría con el pluralismo político o democrático que debe tener un Estado”, coincide Lisandro Morales.
Además, el profesor de Derecho agrega que esto modifica profundamente la forma en que se entiende la definición de ciudadanía porque rompe el modelo de las democracias constitucionales que es reconocer a cada individuo como un titular autónomo de derechos políticos.
Mientras que, Claudia Aguilar Barroso expone que otra consecuencia de este sistema es que se debilita el carácter libre y secreto del voto. “El secreto electoral no solamente protege a la ciudadanía frente al gobierno o los partidos; también lo protege frente a empleadores, sindicatos, organizaciones religiosas, comunidades y familiares”.
En contextos de desigualdad, decir que una familia debe votar unida puede significar, en realidad, que todos deben votar como ordene la persona con mayor poder dentro del hogar. Las mujeres, las personas jóvenes, las personas adultas mayores y quienes viven con alguna discapacidad pueden enfrentar mayores dificultades para resistir esa presión.
Por ello es importante que las autoridades electorales y las instituciones encargadas de atender la violencia contra las mujeres establezcan canales accesibles para orientar y recibir denuncias cuando la presión familiar esté acompañada de amenazas, violencia económica, física o psicológica.
No obstante, la abogada afirma que se debe distinguir la posibilidad jurídica de establecer formalmente ese modelo y el riesgo de que se promueva como práctica social. Aunque difícilmente podría incorporarse legalmente, sí pueden difundirse discursos que presenten como deseable que una familia vote en bloque o que una sola persona —generalmente el hombre, ya sea el padre o el esposo— defina la posición política de todos sus integrantes.
“Ese discurso debe tomarse en serio porque normaliza la subordinación política dentro del hogar”, asegura Claudia Aguilar Barroso.
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Antes de que se le permitiera votar a las mujeres, en el mundo ya habían ocurrido varias independencias y revoluciones sin su opinión o involucramiento, pues había quienes pensaban que ellas “no entendían sobre esos temas”.
Cuando las europeas Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft escribieron por primera vez sobre la necesidad de que mujeres y hombres fueran tratados por igual, sus ideas viajaron por el mundo e inspiraron a otras mujeres para exigir su derecho a la ciudadanía, libertad y justicia. En México, Laureana Wright fue la impulsora de la igualdad durante la época de la Revolución.
Aunque en 1947, durante el sexenio de Miguel Alemán Valdés, se permitió votar a las mujeres en procesos municipales, bajo estos ideales, durante su campaña para llegar a la presidencia, Adolfo Ruiz Cortines prometió el derecho al voto para las mujeres en 1952, al llegar al cargo, cumplió su palabra al promulgar las reformas constitucionales necesarias el 17 de octubre de 1953.
Una vez superado el trámite legislativo, el 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un nuevo artículo 34 constitucional, para que las mexicanas gozaran de la ciudadanía plena y el derecho al voto.
Fue el 3 de julio de 1955 que las mujeres en México sufragaron por primera vez en una elección federal para elegir diputaciones en la XLIII Legislatura, como resultado de esa jornada electoral, cuatro nombres se sumaron a la lista de las mujeres diputadas: Margarita García Flores, Marcelina Galindo Arce, Guadalupe Urzúa Flores y Remedios Ezeta Uribe.
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