Solicitud de desafuero a Maru Campos: ¿qué proceso se tiene que seguir para quitar el fuero?
Guadalupe Fuentes · 13 de mayo de 2026
Este martes, Ariadna Montiel, dirigente nacional Morena, dio a conocer que el partido buscará promover un juicio de desafuero contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, por las presuntas violaciones a la soberanía nacional derivadas del operativo donde murieron dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA por sus siglas en inglés).
Además, convocaron a una manifestación el 16 de mayo en la glorieta de Pancho Villa para marchar con dirección al centro del estado para “pedir que la gobernadora comparezca ante el pueblo de Chihuahua e iniciar la solicitud de juicio de desafuero”.
Cabe recalcar que la función de este juicio no es declarar culpable a un funcionario, sino permitir que pueda enfrentar una investigación o un proceso penal mientras ocupa el cargo.
Esta protección está prevista en el artículo 111 constitucional y aplica para distintos cargos federales y estatales, entre ellos diputaciones, senadurías, integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), secretarios de Estado, gobernadores y la persona titular de la Fiscalía General de la República (FGR).
El objetivo original del fuero es evitar persecuciones políticas y proteger la independencia para ejercer los cargos públicos. Asimismo, existen dos tipos de protección constitucional: la inviolabilidad parlamentaria —que protege las opiniones de legisladores— y la inmunidad procesal, que impide iniciar acciones penales sin autorización previa del Congreso.
¿Cómo funciona el desafuero?
El desafuero, cuyo nombre formal es “declaración de procedencia”, es el procedimiento mediante el cual la Cámara de Diputados determina si existen elementos suficientes para retirarle el fuero a un funcionario y permitir que enfrente un proceso penal.
El procedimiento inicia cuando una fiscalía presenta una solicitud contra un funcionario protegido, y el caso es turnado a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, integrada por cuatro legisladores, que tiene hasta 60 días hábiles para investigar y emitir un dictamen sobre si existe o no una probable responsabilidad.
Posteriormente, el pleno de la Cámara de Diputados se erige en Jurado de Procedencia. Ahí se escuchan tanto a la parte acusadora como a la defensa del funcionario señalado y, finalmente, las y los diputados votan el dictamen. Para aprobar el desafuero se requiere mayoría absoluta; es decir, la mitad más uno de los legisladores presentes.
Si la persona señalada es funcionaria federal, queda separada del cargo y puede ser puesta a disposición de la FGR. En el caso de gobernadores y otros funcionarios estatales, la Constitución establece que la declaración de procedencia debe comunicarse a los congresos locales para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponde.
Lo anterior es importante porque en 2021, cuando el entonces gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, fue acusado por la FGR de fraude fiscal equiparado, la Cámara de Diputados federal aprobó retirarle el fuero, pero el Congreso de Tamaulipas votó por mantenerlo. Posteriormente, la SCJN determinó que los congresos estatales tienen la última palabra respecto a gobernadores en funciones.
La Constitución también establece que el fuero únicamente protege mientras la persona ocupa el cargo, por lo que una vez concluido, cualquier funcionario puede ser procesado penalmente sin necesidad de desafuero
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¿Cuántas veces se ha aplicado el desafuero en México?
De acuerdo con la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, entre 1917 y 2017 la Cámara de Diputados aprobó siete desafueros y entre 2018 y 2024 se sumaron los de los exdiputados de Morena, Cipriano Charrez y Saúl Huerta, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y el exdiputado del Partido del Trabajo, Mauricio Toledo.
Uno de los casos más recordados ocurrió en 2005, cuando la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal ahora expresidente, Andrés Manuel López Obrador, por un litigio relacionado con un predio en Santa Fe.
En años recientes también se han presentado solicitudes contra legisladores como el priísta Alejandro Moreno y el morenista Cuauhtémoc Blanco, sin embargo estas no prosperaron o quedaron detenidas en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.
Por otra parte, el pasado 30 de abril, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez y Gibrán Ramírez, diputado del mismo partido, anunciaron la presentación de una solicitud para iniciar el proceso de desafuero contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el senador Enrique Inzunza Cázarez. Esta solicitud continua sin actualización.