Ley IA en San Luis Potosí: esto sabemos de las denuncias por persecución judicial contra periodistas

Organizaciones defensoras de derechos humanos y de la libertad de expresión acusaron persecución judicial y uso arbitrario del derecho penal contra periodistas, comunicadores y voces críticas en San Luis Potosí. Se les acusó de  supuestos delitos vinculados con inteligencia artificial e identidad digital. 

El 21 de mayo de 2026, las autoridades estatales detuvieron a Christian Herrera, creador de contenido en el medio digital Código Rojo; Eréndira Reyes Aguillón, directora de San Wicho Times y Alejandra Hermosillo, funcionaria del área de Comunicación Social del municipio de San Luis Potosí. En tanto, ocho personas más —incluida Anahí Torres González, periodista que cuenta con su canal de YouTube Anahí 360— enfrentan órdenes de aprehensión. 

Según la organización Artículo 19, que cita fuentes locales en un comunicado, “la orden presuntamente proviene por haber generado y compartido un vídeo en redes sociales en donde supuestos integrantes de delincuencia organizada señalaban a Ricardo Gallardo, actual gobernador de San Luis Potosí, y a la Guardia Civil Estatal de servir para el Cártel Jalisco Nueva Generación”.

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Ven puerta abierta para arbitrariedad con la Ley IA 

La Ley IA es parte de una reforma al Código Penal estatal aprobada en 2025 para sancionar ciertos usos de la inteligencia artificial como aquellos que utilicen imágenes, voces o identidades digitales de personas sin su consentimiento. 

Esta iniciativa surgió con el argumento de combatir los deepfakes —o contenidos falsos— y la manipulación digital, además de prevenir posibles fraudes o campañas de desinformación. Y añadió artículos como el 187 Ter al Código Penal de San Luis Potosí, el cual establece que comete un delito quien use sistemas de inteligencia artificial para crear, modificar o difundir contenido que simule la voz, apariencia o identidad de una persona real sin autorización.

La sanción ante el incumplimiento de esta ley equivale a una pena de dos a cinco años de prisión y multa de doscientas a cuatrocientas veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en el Estado, es decir, de hasta 46 mil 924 pesos. 

Sin embargo, desde su aprobación, organizaciones defensoras de derechos humanos han criticado la ley porque consideran que tiene definiciones ambiguas y poco claras sobre conceptos como “alarma pública” o “paz social”. 

“Esta ley tensiona e incumple principios esenciales del derecho penal y de derechos humanos, como la taxatividad de la norma y la última ratio. Los artículos carecen de precisión técnica y conceptual, al introducir definiciones amplias y ambiguas sobre lo que debe entenderse por ‘alarma pública’ o ‘paz social’  y tampoco se establecen criterios que permitan distinguir e identificar las motivaciones detrás de la emisión de una expresión para considerar que esta fue realizada con ‘dolo’”, explica en entrevista Martha Tudón, oficial del programa de ecosistema informativo y tecnología de Artículo 19. 

La falta de claridad puede dar lugar a interpretaciones arbitrarias o discrecionales al no establecer de forma clara, previa y estricta las conductas que realmente constituyen un delito, asegura Martha Tudón. “En consecuencia, se abre la puerta a la criminalización de actividades legítimas y cotidianas en una sociedad digital, como la edición de contenidos, la creación y libertad artística, la crítica política y el uso de herramientas de inteligencia artificial para distintos fines”.

“En caso de confirmarse que la orden es por este video, resulta inaceptable que se inicie un procedimiento por un artículo en el Código Penal que fue aprobado en noviembre de 2025 por un video publicado casi un mes antes. La retroactividad de la ley en México está prohibida por el Artículo 14 de la Constitución, el cual establece que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”, argumenta Artículo 19 en esta publicación.

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Detenciones arbitrarias y órdenes de aprehensión contra comunicadores potosinos 

De acuerdo con medios de comunicación de San Luis Potosí, la tarde del 21 de mayo, Christian Herrera, creador de contenido y propietario de la página Código Rojo, fue detenido e incomunicado. Los familiares acusaron que la detención se realizó con violencia física por presuntos elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y fue trasladado a la capital del estado, pese a haber una oficina de dicha instancia en Ciudad Valles.  

Presuntamente, fue detenido bajo la acusación por el robo de una farmacia, reveló una fuente anónima a Artículo 19. Sin embargo, “la información no ha podido ser verificada por la organización”.  

Organizaciones como el Comité de Protección a Periodistas (CPJ), Propuesta Cívica y la Red Nacional de Periodistas aseguran en este comunicado conjunto que les preocupa que, hasta la publicación de este Te Explico, el periodista continue incomunicado con su familia. También afirman que en el Registro Nacional de Detenciones se informa de su ubicación en el Centro Estatal de Reinserción Social No. 1, “La Pila”. 

“De no ser debidamente identificada la razón de su privación de su libertad y comunicación con una defensa adecuada, el caso podría ser catalogado como una detención arbitraria por fuerzas de seguridad estatales”, se lee en el comunicado. 

Ese mismo día, la comunicadora Eréndira Reyes Aguillón, directora de la página de facebook San Wicho Times fue detenida por elementos de la Policía de Investigaciones de San Luis Potosí, alrededor de las 11:15 de la mañana a las afueras de su domicilio cuando se encontraba acompañada por sus nietos. 

Un testimonio cercano a la periodista y a su familia señaló a las organizaciones que firman el comunicado que, si bien los elementos policiales dejaron que la comunicadora hiciera una llamada para que alguien fuera por los menores, se la llevaron antes de que alguien pudiera acudir por ellos dejándolos a cargo de oficiales en una camioneta. Posteriormente, Alejandra Hermosillo, hija de Eréndira, y funcionaria en el área de comunicación social del municipio de San Luis Potosí, llegó tras saber lo sucedido para también ser detenida. 

Durante las primeras 24 horas de la detención, sus familiares reportaron recibir información confusa y errada sobre su paradero. El 22 de mayo, el juez de control en audiencia les dictó prisión preventiva oficiosa a ambas, se tiene conocimiento de que tanto Eréndira como Alejandra se encuentran presuntamente en el Centro Estatal de Reinserción Social No. 1 La Pila, aunque el Registro Nacional de Detenciones (RND) las coloca como “en traslado”. 

Aunque a sus familiares se les ha indicado que la detención fue por dos posibles delitos: uso no autorizado de imagen o voz generada mediante inteligencia artificial y delito de identidad contra las personas, la Fiscalía del estado indicó que se les imputa solamente el delito contra la identidad de las personas, afirma el comunicado. 

Las organizaciones también recibieron de una fuente local una fotografía de un presunto acto de investigación de los domicilios de 11 personas, incluidas Eréndira, Alejandra, así como Anahí Torres González, periodista, directora y titular de diversos medios de comunicación en San Luis Potosí. 

“Lo que se regula en esta legislación de San Luis Potosí no es la tecnología, es el comportamiento humano, intentando criminalizar las expresiones de las personas. Una regulación sobre IA que debe atenderse tiene que ver con principios y derechos modernos como de explicabilidad, transparencia algorítmica y rendición de cuentas. No tiene nada que ver con esta ley potosina, donde se criminaliza la expresión, la palabra, la comunicación”, concluye Martha Tudón. 

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