Fiscalía especial ejerció acción penal en 46 casos de violencia contra periodistas en 2025

Durante 2025 se registraron 451 agresiones contra periodistas y medios de comunicación en México, una reducción de aproximadamente 3% frente a las 465 registradas en 2024, de acuerdo con el informe Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia, de la organización Artículo 19 México y Centroamérica.

Sin embargo, más que una disminución de la violencia en el país, estas cifras muestran un cambio en la manera en que se ejerce la presión contra la prensa: menos estigmatización directa desde las conferencias presidenciales, pero un aumento en el uso del aparato institucional, judicial y político para intimidar o silenciar.  

En entrevista con El Sabueso, Pedro Cárdenas, oficial del programa de protección del espacio cívico de Artículo 19, señaló que aunque disminuyó la estigmatización desde el gobierno federal, sí aumentaron otras formas de presión contra periodistas y medios de comunicación.

“Se reduce la estigmatización o el ambiente hostil y sube el abuso del poder público”, explicó

El principal tipo de agresión identificado fue el denominado “ambiente hostil”, categoría que concentró 197 casos relacionados con amenazas, intimidaciones, campañas de desprestigio y discursos contra periodistas. Se sumaron 153 agresiones vinculadas con abuso del poder público, 53 ataques físicos, 30 casos de vigilancia o restricciones digitales y 18 violaciones graves a derechos humanos. 

El informe señala que más de la mitad de las agresiones documentadas involucró a autoridades o instituciones públicas, principalmente gobiernos estatales y municipales. Entre los patrones registrados aparecen el hostigamiento judicial, amenazas, intimidaciones y presiones institucionales contra coberturas relacionadas con corrupción, seguridad, crimen organizado y violaciones a derechos humanos.

Pedro Cárdenas señaló que durante 2025 la organización documentó 69 casos de acoso judicial contra periodistas y medios de comunicación. “Tuvieron que defenderse ante procesos civiles, penales, administrativos o electorales”, indicó.

A nivel estatal, la Ciudad de México concentró el mayor número de agresiones contra la prensa durante 2025, seguida por entidades como Guerrero, Veracruz, Puebla y Guanajuato. El informe atribuye parte de estos registros a la concentración de cobertura política y gubernamental, así como a las condiciones de violencia que enfrentan periodistas en distintas regiones del país. Asimismo, Pedro Cárdenas aseguró que en estas entidades se repite un patrón relacionado con discursos estigmatizantes, amenazas y criminalización contra periodistas.

La organización también documentó siete asesinatos de periodistas por posible relación con su labor informativa: Calletano de Jesús Guerrero, Kristian Uriel Martínez Zavala, Raúl Irán Villarreal Belmont, José Carlos González Herrera, Ángel Sevilla, Ronald Paz Pedro y Miguel Ángel Beltrán Martínez. Además, registró ocho tentativas de asesinato y la desaparición del periodista Miguel Ángel Anaya Castillo, director del medio Pánuco On Line, en Veracruz. 

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Fiscalía especial registra apenas 46 carpetas de investigación y 45 vinculaciones a proceso en 2025

De acuerdo con el Informe Estadístico Anual 2025 de la de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), durante 2025 se ejerció acción penal en 46 carpetas de investigación relacionadas con delitos contra la libertad de expresión, un incremento de 4.3% en comparación con 2024.

El informe también reporta que durante 2025 fueron vinculadas a proceso 45 personas por este tipo de delitos. De las cuales, 24 eran servidores públicos y 21 particulares. Además, la fiscalía registró 45 resoluciones favorables para víctimas, entre sentencias condenatorias, acuerdos reparatorios y suspensiones condicionales del proceso.

Asimismo, al cierre de 2025 permanecieron abiertos 108 procesos judiciales relacionados con delitos contra la libertad de expresión.

Para 2026, la FEADLE reportó la apertura de 26 carpetas de investigación por delitos contra la libertad de expresión entre enero y abril de 2026, de las cuales 18 son por amenazas y cinco por abuso de autoridad. Artículo 19 documentó en enero de este año el asesianto del periodista Carlos Leonardo Ramírez Castro en Veracruz. 

Cabe mencionar que mientras el registro de Artículo 19 incluye amenazas, ataques, intimidaciones y otras formas de violencia contra la prensa, los datos de la FEADLE corresponden únicamente a las investigaciones que avanzaron dentro del sistema judicial.

Sobre el desempeño de esta fiscalía, Pedro Cárdenas mencionó que aunque la dependencia ha tenido avances en investigaciones relacionadas con amenazas y agresiones contra periodistas, uno de los principales pendientes continúa siendo la atención de asesinatos vinculados con la labor informativa.

“Mientras que nosotros documentamos al menos siete casos de asesinatos con posible vínculo a la labor, la FEADLE solo estaba documentando dos casos”, señaló.

Agregó que el funcionamiento de los mecanismos de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas ha mostrado avances tanto a nivel federal como estatal; sin embargo, advirtió que continúan operando principalmente de manera reactiva y no preventiva, por lo que uno de los principales retos es fortalecer las capacidades de prevención e investigación, particularmente en casos de amenazas y asesinatos contra periodistas.

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México concentró 32.6% de los ataques realizados con Pegasus a nivel mundial 

Además de las agresiones físicas y amenazas contra periodistas, el informe Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia documentó 30 casos relacionados con vigilancia y restricciones digitales contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos durante 2025. Entre estos se retomó el litigio entre WhatsApp y NSO Group, en el que México concentró 456 de los mil 400 ataques realizados con Pegasus a nivel mundial.   

Asimismo, Pedro Cárdenas advirtió que mientras no existan investigaciones sobre espionaje contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos “no existe verdaderamente un indicador de que se hayan detenido”.

El especialista señaló que, aunque no existen casos documentados de Pegasus durante el actual sexenio, persiste preocupación por la falta de investigaciones sobre el uso del software de espionaje en administraciones anteriores. Recordó que existen casos documentados de espionaje contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. 

“Mientras las autoridades no den un paso para aceptar, reconocer e investigar y sancionar a los responsables de los sexenios anteriores, el mensaje que están dando es que esto puede seguir ocurriendo”, afirmó.   

También advirtió sobre los riesgos relacionados con el acceso de autoridades a bases de datos e información personal tras las reformas vinculadas con la Guardia Nacional. “Se concentra información sobre autoridades que en realidad tienen un corte militar y esto no permite transparentar cómo se están utilizando estos datos y bajo qué funciones”, señaló.

Cabe mencionar que Pegasus también ha sido utilizado en otros países de América Latina, como son El Salvador y Colombia. Sin embargo, Pedro Cárdenas sostuvo que el verdadero alcance del software es difícil de conocer debido a la falta de transparencia sobre su uso por parte de distintos gobiernos.

En el informe también se identificaron amenazas, intimidaciones y discursos estigmatizantes contra la prensa en Guatemala, Honduras y El Salvador. 

En Guatemala, la organización identificó un aumento de agresiones digitales y restricciones en línea, mientras que en México y Honduras persistieron casos de violencia letal contra periodistas. Artículo 19 documentó siete asesinatos de periodistas en México, tres en Guatemala y dos en Honduras durante 2025.

En el caso de El Salvador, el informe destaca el desplazamiento y el exilio de periodistas como una de las principales formas de presión contra la prensa, pues al menos 44 periodistas salieron del país durante el último año.