Organizaciones y familias de mujeres víctimas piden a Sheinbaum y Godoy considerarlas en Ley general

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó junto con Ernestina Godoy, fiscal general de la República, una iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio. Sin embargo, organizaciones y familias de mujeres víctimas piden que se les incluya en un diálogo directo.

“Consideramos que la presentación de esta iniciativa debe ser una oportunidad para, en primer lugar, hacer un diálogo directo con la sociedad civil, defensoras de derechos humanos, familiares de víctimas o víctimas de tentativa, para resolver los obstáculos que hoy impiden resultados efectivos con el marco normativo vigente”, publicó el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) en un comunicado.

En la conferencia del 24 de marzo de 2026, Sheinbaum y Godoy presentaron la iniciativa de ley general que, una vez que sea avalada por el Congreso de la Unión, también debe ser aprobada por las 32 entidades federativas. Esto permitirá que el delito de feminicidio se clasifique como tipo penal homologado que se investigue de una forma homogénea.

“Es importante que, ahora que decidieron dar este paso y hablar de una ley general, por supuesto tomen en cuenta a las familias, porque esta ley no está acabada. Hay muchísimas observaciones que nosotras tendríamos que hacer y que no precisamente son únicamente normativas, sino que nosotras queremos hablar de lo que es necesario para que esto se cumpla”, menciona Araceli Osorio, víctima indirecta y activista en entrevista.

La fiscal general de la República explicó que para esto se requiere una reforma al inciso A de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución. Cada una de las entidades tiene su propia autonomía y el delito de feminicidio lo persiguen las fiscalías estatales, cada una con determinadas categorías y agravantes, lo que en muchos casos da lugar a impunidad.

“Aquí estamos buscando que se investiguen de una manera homogénea las diligencias que se tienen que hacer; los peritajes que se tienen que pedir; la forma en que tienen que trabajar los policías ministeriales, por ejemplo, para resguardar escenas del crimen”, detalló Godoy. 

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El problema no es de normatividad, es estructural

La iniciativa de ley tiene 52 artículos, en los cuales se reconocen nueve razones género, tales como: signos de violencia sexual, lesiones degradantes o infamantes, antecedentes de violencias, prejuicios, estereotipos, relaciones de poder o asimetría, que la víctima haya sido incomunicada, que se encuentre en estado de indefensión o que haya exposición del cuerpo. 

También hay 21 agravantes que pueden aumentar la sanción penal. Por ejemplo: que la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor o que viva con alguna discapacidad; que se encuentre en situación de movilidad; que el delito se cometa frente a hijas o hijos, o que pertenezca a pueblos originarios o afrodescendientes.

“La salida que le da hoy el gobierno federal es la creación de una ley general para, creo que sí es importante, quedar en un mínimo de obligatoriedad donde todos sepan los elementos que debe haber en un feminicidio. Pero se tiene que trabajar más porque el problema es la implementación, cómo atacar la corrupción y la impunidad”, dice María de la Luz Estrada, titular del OCNF.

El OCNF sostiene en su comunicado que no se necesitan más leyes, sino instituciones que funcionen. El documento estuvo respaldado por organizaciones, colectivas y también por quienes firmaron a título personal, como Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlín, quien fue víctima de feminicidio el 3 de mayo de 2017 en Ciudad Universitaria.

“Que todas las fiscalías del país tengan una ley que permita acabar con la impunidad contra el feminicidio”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia. 

Sin embargo, las especialistas consultadas por El Sabueso, la unidad de verificación de desinformación de Animal Político, coinciden en que una ley general con un tipo penal homologado que establezca una investigación homogénea no garantiza que no haya impunidad.

“Acaba de presentar la presidenta de la República una propuesta de una ley general de feminicidio en donde dice que, como no está homologado, eso genera la impunidad. No; la impunidad son otros factores más allá de la propia figura delictiva”, sostiene Estrada.

No se trata de legislar más, se trata de cumplir las leyes para que haya justicia

Para el OCNF, no se trata de legislar más, sino de cumplir con las leyes que ya existen para que haya acceso a la justicia. El reto sigue siendo que el marco normativo se implemente, pues la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio no sería necesaria si las autoridades cuidaran cada uno de estos procesos.

“Antes de avanzar en cualquier reforma, es indispensable una evaluación profunda que establezca responsables, obligaciones claras y mecanismos de cumplimiento sobre lo que ya existe. Esto implica revisar, con seriedad, cómo el Estado está cumpliendo o fallando, en cada una de sus obligaciones: prevención, atención, investigación, sanción y reparación integral del daño”, se lee en el comunicado.

También hay que cumplir con lo ordenado por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el caso de Campo Algodonero (2009), hasta los casos de Digna Ochoa (2021), Ernestina Ascencio Rosario (2025) y Lilia Alejandra García Andrade (2026).

“Considero que justo no hay una consulta porque hay un temor grande de las instituciones en consultarnos porque saben que el estándar va a ser muy alto. Y particularmente va a ser alto porque tenemos convenios internacionales firmados por México que no se cumplen”, señala al respecto la activista por los derechos humanos Araceli Osorio.

La iniciativa de ley aumenta la sanción penal de 40 a 70 años de prisión. Mientras que la tentativa de feminicidio se sanciona con pena de prisión de entre la mitad hasta las dos terceras partes.

“Esto, por sí mismo, no garantiza que el delito va a estar a la baja. Si bien el hecho de que la prisión aumente garantiza que no estén en las calles y que no lastimen o asesinen a alguien más, en realidad, no repara en lo fundamental: ellas no van a volver. Esto no va a hacer que los potenciales feminicidas desistan de materializar un feminicidio y tampoco que los reincidentes dejen de hacerlo porque el problema es que en México hay una impunidad altísima y hay una serie de situaciones que no van a permitir que ellos concluyan esos 70 años en la cárcel”, lamenta Osorio.

Para las expertas, no se trata sólo del delito de feminicidio, sino del acceso a una vida libre de violencia de mujeres, niñas y adolescentes con acciones desde los distintos niveles de gobierno e instituciones. 

“Queremos acabar con la violencia contra las mujeres, pero no lo vamos a hacer desde una mirada únicamente normativa. Porque eso ya nos ha enseñado la vida que no es suficiente, la norma no es suficiente, lo que se necesita es un cambio de paradigma”, agrega. 

El llamado es a la presidencia, la fiscalía, la Secretaría de las Mujeres y la Comisión para la Igualdad de Género del Senado para tomar en cuenta el camino recorrido por sociedad civil, organizaciones y víctimas, y abrir el proceso antes de la aprobación de esta iniciativa de ley.

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