Orfandad por feminicidio en CDMX: ¿qué necesitan las infancias y adolescentes en esta situación?

Durante la presentación de las acciones por la Alerta por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México, que se llevó a cabo el 8 de marzo de 2025,  la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la creación de un programa específico para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio. En su mensaje afirmó que ya existía un padrón y que este funcionaría a través de la Comisión de Atención a Víctimas.

Meses después, en su Primer Informe de Gobierno —presentado en septiembre—, la mandataria capitalina señaló que en el Registro de Víctimas estaban integradas 248 niñas, niños y adolescentes hijas e hijos de víctimas de feminicidio, a las que se les otorgaría un apoyo mensual de 2,500 pesos y que en septiembre se iniciaría la entrega para las y los primeros 86 identificados.

El Sabueso contactó al gobierno capitalino para saber cuáles fueron los parámetros utilizados para que los menores en orfandad por feminicidio fueran acreedores de dicho apoyo económico. Sin embargo, afirmaron que tal programa no existe y que la única ayuda que puede ser tramitada en favor de niñas, niños y adolescentes es la beca Leona Vicario.

“No damos apoyos en específico a este grupo de niñas y adolescentes, solo tramitamos la beca Leona Vicario, para NNA de 0 a 17 años 11 meses,  que viven situaciones de alta vulnerabilidad. La  última convocatoria fue del 25 al 29 de agosto del año pasado”.

De acuerdo con la página oficial, la beca es tramitada para menores de  0 a 17 años 11 meses de edad en situación de pobreza y alta vulnerabilidad en la Ciudad de México, y se prioriza a quienes se encuentren en una situación de vulnerabilidad extrema. 

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Organizaciones señalan falta de registro de orfandad por feminicidio 

Organizaciones civiles han advertido que el Estado mexicano no cuenta con un registro nacional consolidado que permita saber con exactitud cuántas niñas, niños y adolescentes han quedado en situación de orfandad por feminicidio. Por ejemplo, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) ha señalado públicamente que la ausencia de datos sistematizados impide diseñar políticas públicas adecuadas y dar seguimiento puntual a cada caso.

Además, afirman que la mayoría de las fiscalías estatales no generan estadísticas específicas sobre cuántas víctimas indirectas deja cada feminicidio, ni existe una base de datos pública que permita conocer si estos menores reciben atención psicológica, apoyo económico o acompañamiento jurídico.

Este vacío institucional tiene consecuencias concretas: sin cifras no se puede planear presupuesto suficiente ni evaluar el impacto de los programas existentes. Además, la falta de información también dificulta la rendición de cuentas.

Desde una perspectiva jurídica, Valeria Mondragón, abogada penalista especializada en derechos humanos y una de las facilitadoras de “EmpoderArte”, señala que una de las principales dificultades es que el Estado no cuenta con información sistematizada sobre cuántas niñas, niños y adolescentes quedan en situación de orfandad por feminicidio o desaparición y que tampoco se sabría de no ser por la organizaciones sociales que se han dedicado a realizar estimaciones. 

Por otra parte, aunque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publica anualmente las Estadísticas de Defunciones Registradas y los datos sobre homicidios, incluidos los feminicidios clasificados por autoridades ministeriales, estas bases de datos no incluyen el número de hijas o hijos que deja cada víctima. 

Es decir, el Estado mexicano contabiliza feminicidios, pero no sistematiza cuántas infancias quedan en situación de orfandad tras esos crímenes.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2025 se registraron 721 feminicidios en el país. Sin embargo, estas estadísticas únicamente contabilizan el delito y no incluyen información sobre si las víctimas tenían hijas o hijos, ni permiten conocer cuántas personas menores de edad pudieron quedar en situación de orfandad. 

Actualmente no existe un registro nacional consolidado que sistematice ese dato, por lo que el impacto en víctimas indirectas no puede determinarse con precisión a partir de cifras oficiales.

En 2024, resoluciones del entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)  ordenaron a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM)  transparentar la información sobre menores en situación de orfandad por feminicidio. Datos recopilados estimaban alrededor de 5,000 casos entre 2018 y 2021, aunque la cifra dependía de los reportes enviados por fiscalías estatales y no de un sistema homologado.

Por otra parte, la organización Justicia Pro Persona, ha contabilizado que más de 23,000 niñas, niños y jóvenes han quedado en situación de orfandad por feminicidio en la última década en México. En ese sentido, muchas infancias quedan al cuidado de familiares —principalmente abuelas—, quienes deben asumir la crianza en condiciones de precariedad económica, afectaciones emocionales y escaso acompañamiento institucional.

La organización también advierte que la falta de registros claros evidencia que no existe en el país una red nacional suficiente que garantice atención psicológica, apoyos económicos, acompañamiento educativo y protección a largo plazo para esta población, lo que deja a muchas familias enfrentando en solitario las consecuencias de la violencia feminicida.

En este contexto, Justicia Pro Persona ha brindado espacios de acompañamiento comunitario para las víctimas indirectas. Entre enero y febrero de 2026, la organización, junto con el apoyo del Fondo Canadá para Iniciativas Locales y en colaboración con Arte Obrera, implementó el proyecto “EmpoderArte: intervenciones comunitarias para una justicia transformadora”, dirigido a niñas, niños, adolescentes y personas cuidadoras afectadas por feminicidio y desaparición en la Ciudad de México y el Estado de México.

El proyecto busca generar espacios seguros de creación artística y empoderamiento jurídico, donde las infancias y sus familias pudieran reflexionar sobre sus derechos humanos, compartir sus experiencias y fortalecer redes de cuidado colectivo frente a la violencia extrema en sus territorios. 

Durante el proceso, las y los participantes trabajan temas como acceso a la justicia, autocuidado y acompañamiento comunitario, utilizando el arte como una herramienta para expresar sus experiencias, sanar colectivamente y construir propuestas para la transformación social.

La iniciativa también permite visibilizar las condiciones que enfrentan muchas de estas familias. Personas cuidadoras participantes señalan que, tras los feminicidios o desapariciones, suelen enfrentar invisibilización institucional, fragmentación de apoyos y ausencia de atención integral, además de dificultades económicas y emocionales que impactan directamente en las infancias. En algunos casos, también documentan afectaciones como depresión, ansiedad, discriminación escolar y estigmatización.

De acuerdo con Yen Contreras, comunicóloga encargada de diseñar y redactar los materiales utilizados en “EmpoderArte”, uno de los hallazgos que más impacta al equipo es que muchas

de las personas menores de edad participantes vivían situaciones de acoso escolar relacionadas con su situación de orfandad. 

Durante los talleres, varias infancias comparten sus experiencias de rechazo, burlas e incluso agresiones por parte de compañeros en sus escuelas, lo que provoca que algunos acudan a esos espacios con ansiedad o sin sentirse seguros, además de dificultades para construir redes de amistad.

Según explica Contreras, estas situaciones evidencian que los espacios educativos aún carecen de condiciones para acompañar adecuadamente a las víctimas indirectas de la violencia feminicida. En algunos casos, las familias han acudido a autoridades escolares para denunciar estas situaciones, pero se han encontrado con respuestas insuficientes o poco sensibles frente a la realidad que atraviesan estas infancias. 

“Estas niñas, niños y adolescentes forman parte de los distintos espacios de socialización, y al menos dentro de los más importantes, como lo es el ámbito educativo, faltan muchas condiciones para que ellas y ellos puedan desarrollarse plenamente, no solo en términos pedagógicos, sino también psicosociales”, asegura. 

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Antecedente federal: padrón anunciado en la administración de López Obrador

La construcción de un registro de víctimas indirectas no comenzó con la actual administración capitalina, sino que se prometió desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando la Secretaría de Gobernación era encabezada por Olga Sánchez Cordero, quien presentó el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio durante la conferencia matutina del 29 de julio de 2020.

En ese momento se anunció que el protocolo permitiría identificar a las víctimas indirectas y articular acciones de apoyo. El objetivo era establecer lineamientos para que las entidades federativas integraran información sobre menores que hubieran perdido a sus madres por feminicidio. 

Sin embargo, este anuncio no derivó en la creación de un registro nacional obligatorio ni en una base pública consolidada. La implementación quedó en manos de cada estado, sin un mecanismo uniforme de reporte.

“Debería existir un programa que permita saber cuántas víctimas de feminicidio dejan niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, de qué edades son y qué ocurre con ellas y ellos después”, asegura la abogada Valeria Mondragón.

La experta en derecho también advierte que, más allá de los apoyos económicos que existen en algunos estados, las necesidades de estas familias son mucho más amplias. 

En su experiencia, muchas requieren acompañamiento psicológico, asesoría legal y redes comunitarias que les permitan enfrentar los cambios que ocurren tras el asesinato o desaparición de la madre.

Además, explica que los feminicidios pueden abrir procesos legales complejos en torno a la guarda y custodia de las niñas y niños, especialmente cuando existen disputas entre familiares o cuando la familia del agresor busca reclamar la custodia. En algunos casos, señala, las infancias incluso fueron testigos directos del feminicidio, lo que agrava las afectaciones emocionales y evidencia la necesidad de mecanismos de protección y acompañamiento especializados.

Para Mondragón, escuchar directamente a las infancias fue uno de los elementos más relevantes del proyecto EmpoderArte. A partir del trabajo con las y los 17 participantes del programa, el equipo pudo identificar que muchas de las necesidades de estas víctimas indirectas siguen sin ser consideradas en las políticas públicas.

Finalmente, ambas integrantes del proyecto lamentan que, a pesar de la visibilidad que ha tenido el proyecto y de las invitaciones realizadas a distintas instituciones, no ha existido un seguimiento por parte de autoridades para dar continuidad a este tipo de iniciativas o fortalecer los apoyos para las infancias afectadas por la violencia feminicida y la desaparición.

De acuerdo con Yen Contreras, aunque algunos espacios académicos muestran interés en difundir los resultados del proyecto —por ejemplo, mediante exposiciones del trabajo artístico realizado durante los talleres—, hasta ahora no se han concretado apoyos institucionales que permitan ampliar o sostener este tipo de iniciativas.

Frente a este panorama, el equipo de EmpoderArte busca que el proyecto no se limite a una intervención temporal. Más que lanzar nuevas convocatorias inmediatas, la intención es fortalecer las redes comunitarias que se formaron durante el proceso y mantener el vínculo entre las familias y las infancias participantes.