Guadalupe Fuentes · 18 de mayo de 2026
En México no existe un registro actualizado de fosas clandestinas, por lo que las organizaciones Artículo 19, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (PDH Ibero) crearon en septiembre de 2021 la Plataforma Ciudadana de Fosas.
De acuerdo con la última actualización de esta plataforma, el 13 de mayo de 2026, muestra que solo 10 fiscalías estatales entregaron información completa sobre el registro de fosas clandestinas en el país. En contraste, cinco fiscalías estatales negaron o se declararon incompetentes para entregar información sobre fosas clandestinas.
Con base en las respuestas obtenidas mediante transparencia, para esta última actualización, las organizaciones documentaron que las fiscalías estatales reportaron un total de mil 451 fosas, mientras que la FGR solo registró 94 y en los medios de comunicación se documentaron mil seis fosas.
De acuerdo con Jessica Alcazar, coordinadora de prevención de Artículo 19, por ley, en el país debe existir un Registro Nacional de Fosas Clandestinas y de Fosas Comunes, así como un Banco Nacional de Datos Forenses; sin embargo, esa información no está disponible de manera pública.
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Esta plataforma cuenta con información oficial y hemerográfica de fosas clandestinas en México desde 2006 hasta septiembre de 2024. La última actualización del 13 de mayo de 2026, incorpora información obtenida mediante solicitudes de transparencia a las 32 fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), además de integrar registros hemerográficos elaborados por el PDH Ibero para contrastar las cifras oficiales y documentar las fosas que no fueron reportadas por las autoridades.
La actualización de la Plataforma Ciudadana de Fosas evidenció que únicamente las fiscalías de Baja California, Coahuila, Chihuahua, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas entregaron información completa y estructurada sobre fosas clandestinas.
En contraste, 27 fiscalías solamente entregaron información parcial, incompleta o deficiente. Mientras que Baja California Sur, Durango, Hidalgo, Morelos y Veracruz no respondieron adecuadamente, se declararon incompetentes o negaron la información solicitada.
Jessica Alcázar explicó que en esta actualización encontraron más obstáculos para acceder a la información que en ejercicios anteriores. Señaló que algunas fiscalías negaron datos, remitieron las solicitudes a otras instituciones o argumentaron no tener competencia para responder. Además, durante la recepción de las respuestas a sus solicitudes de información, detectaron diferencias entre los índices de desaparición y la disposición de las autoridades para transparentar información.
En el caso de Baja California Sur, las autoridades negaron información sobre fosas clandestinas. También está el caso de Morelos, donde existen antecedentes documentados de fosas bajo resguardo estatal y, aun así, la fiscalía rechazó entregar datos.
“Antes había menos estados opacos. En esta actualización las fiscalías de Baja California Sur —así como Durango, Hidalgo, Morelos y Veracruz— negaron profundamente la información y declararon incompetencia”, afirmó.
En marzo de 2023, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) hizo público el Mapa de Hallazgos de Fosas Clandestinas, construido con información solicitada a la FGR y a las fiscalías estatales. La herramienta permitía consultar el número de fosas por entidad y municipio, pero no incluía el número de cuerpos o fragmentos humanos recuperados y tampoco integraba información de todas las fiscalías, ya que dependía de las autoridades que decidían transparentar sus datos.
Aunque el mapa representó uno de los primeros esfuerzos institucionales para concentrar información sobre fosas clandestinas, los datos disponibles llegaban únicamente a agosto de 2023 y solo incluían información de 15 de las 32 entidades federativas. En 2025, la CNB retiró el registro público y las autoridades aseguraron, tras ser cuestionadas, que el registro y la documentación era competencia únicamente de la FGR.

Del periodo de 2006 a 2024 las fiscalías estatales registraron 5 mil 532 fosas clandestinas, mientras que la FGR reportó únicamente 630 fosas para el mismo periodo. Y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana contabilizó 3 mil 637 fosas clandestinas y 8 mil 541 cuerpos reportados en medios de comunicación.
Tres estados concentraron el 37% de las fosas reportadas por fiscalías estatales:
Respecto a cuerpos exhumados, las fiscalías reportaron 6 mil 998 cuerpos y 6 mil 122 fragmentos de restos humanos. Jalisco encabezó el número de cuerpos exhumados con mil 120, seguido de Sonora con 894 y Guanajuato con 506.
Jessica Alcázar señaló que una de las principales inconsistencias detectadas fue la diferencia entre los registros de la FGR y los de las fiscalías estatales. Como ejemplo, explicó que mientras las fiscalías locales reportaron 786 fosas clandestinas durante 2024, la FGR informó únicamente 18 para ese mismo periodo.
“Hay una disparidad monumental incluso en los datos. Entre las propias autoridades no hay una trazabilidad de la información. Hay diferentes tipos de registros y contestan de manera diferenciada la Fiscalía General y las fiscalías locales”, explicó.
Asimismo, indicó que estas diferencias reflejan la falta de criterios homologados y coordinación entre las instituciones locales y la federal para llevar a cabo el registro de fosas, de los cuerpos y de los fragmentos recuperados. Además, añadió que los cambios de administración suelen modificar la manera en que la información solicitada es sistematizada.
“Creemos que es importante este ejercicio ciudadano de solicitar información y complementar los datos para dimensionar la crisis forense, pero esto tendría que ser responsabilidad del Estado”, mencionó.
La coordinadora también señaló que en algunas de las entidades se reportaron cero fosas pese a la existencia de registros periodísticos y hallazgos documentados por colectivos de búsqueda. Algunos casos tuvieron lugar en Ciudad de México, Quintana Roo, Yucatán y Campeche, donde las autoridades argumentaron diferencias en la clasificación legal o administrativa de los sitios de hallazgo.
En el caso de Ciudad de México, explicó que las autoridades sostienen que no existen “fosas clandestinas” porque algunos cuerpos fueron localizados en superficie o en sitios que legalmente clasifican como “sitios de hallazgo”.
“No es que no exista el fenómeno de la desaparición. El problema es cómo la categorizan y cómo la reportan”, explicó.
Aunque la plataforma reúne información nacional sobre fosas clandestinas y crisis forense, el trabajo es realizado por un equipo reducido. Jessica Alcázar explicó que únicamente cinco personas, distribuidas entre Artículo 19, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, participan directamente en la elaboración de solicitudes, revisión de respuestas, sistematización y monitoreo de información.
Las actualizaciones se realizan cada año y suelen publicarse con aproximadamente un año de desfase debido al tiempo que toman las respuestas de transparencia, los recursos de revisión y el procesamiento de la información.
Finalmente, la coordinadora explicó que el monitoreo también incluye una revisión minuciosa de fuentes abiertas y reportes periodísticos para identificar hallazgos que no aparecen en los registros oficiales. Además, señaló que el equipo realiza comparativos anuales para detectar cambios, inconsistencias y variaciones en la forma en que las autoridades reportan la información.
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