¿Qué plantea la comisión para investigar bots, desinformación e injerencia digital en elecciones?

En medio de la discusión sobre cómo prevenir la intervención de actores externos y la manipulación de la conversación pública durante los procesos electorales, diputados de Morena propusieron crear una comisión especial en la Cámara de Diputados que investigue posibles operaciones de injerencia digital y financiamiento extranjero que pudieran afectar las votaciones electorales en México.

Esta propuesta fue presentada el 14 de septiembre de este año por el diputado Sergio Gutiérrez Luna y el vocero de Morena en San Lázaro, Arturo Ávila Anaya, quienes aseguraron que el planteamiento surge de la preocupación por la manera en que las tecnologías digitales pueden utilizarse para difundir información falsa y amplificar determinados mensajes políticos.

Sin embargo, la propuesta no se limita a la circulación de contenidos engañosos, sino que también busca identificar las posibles estructuras, recursos y actores detrás de estas operaciones.

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Los objetivos de la comisión y cómo funcionaría   

De acuerdo con lo dicho por los diputados, este organismo llevaría por nombre Comisión Especial para el Seguimiento y Prevención del Financiamiento Extranjero, la Injerencia Digital y las Operaciones Automatizadas de Desinformación en los Procesos Electorales y su principal objetivo sería identificar y analizar posibles operaciones coordinadas que pretendan influir en la opinión pública durante los procesos electorales.     

Entre los fenómenos que se busca examinar en la comisión se encuentran el uso de bots —programa de computadora automatizado diseñado para realizar tareas repetitivas en internet más rápido que una persona—, perfiles no auténticos, trolls —usuarios que publican mensajes provocadores, ofensivos o fuera de tema en comunidades en línea para generar conflictos— y redes digitales coordinadas para amplificar mensajes, posicionar tendencias o difundir propaganda político-electoral.

Cabe destacar que, comúnmente, este tipo de prácticas involucran la publicación masiva de mensajes, la interacción artificial con determinados contenidos o la difusión coordinada de narrativas —en su mayoría conflictivas— para aumentar su visibilidad en redes sociales.

La propuesta también contempla investigar posibles esquemas de financiamiento extranjero relacionados con estas actividades, con el propósito de conocer quiénes podrían estar detrás de las operaciones, cómo se organizan y qué recursos utilizan.

Para reunir elementos que ayuden a comprender cómo funcionan estas prácticas, cuáles son sus posibles efectos y qué mecanismos podrían implementarse para prevenirlas y atenderlas, la comisión podría convocar a autoridades, especialistas, académicos, organizaciones de la sociedad civil, empresas tecnológicas, plataformas digitales y medios de comunicación

A partir de la elaboración de diagnósticos sobre la propaganda político-electoral en entornos digitales, se propone que formule propuestas legislativas para fortalecer la integridad electoral y establecer mecanismos de prevención frente a posibles operaciones de injerencia.

Cabe destacar que la comisión sería un órgano temporal de la Cámara de Diputados con participación plural de los distintos grupos parlamentarios y se plantea que permanezca vigente hasta la conclusión de la LXVI Legislatura, en agosto del siguiente año.

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Relación entre la propuesta y la desinformación electoral

La Unesco revela que con la expansión de las plataformas digitales, una problemática que ha tomado fuerza es la posibilidad de utilizar redes sociales y herramientas tecnológicas para alterar la percepción de la ciudadanía sobre determinados temas, candidaturas o procesos electorales.

Es decir, una operación coordinada podría buscar que una afirmación falsa sobre una candidatura alcance una difusión mayor mediante cuentas automatizadas o perfiles que aparentan ser usuarios independientes. También podría intentar posicionar una tendencia para dar la impresión de que existe un respaldo o rechazo social más amplio del que realmente hay.  

Por ejemplo, en dos ocasiones, el 8 y el 29 de julio de 2026, la consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, presentó en su programa Derecho de Réplica distintas gráficas de comportamiento digital como sustento para señalar “acciones coordinadas” que posicionaban narrativas en contra del gobierno mexicano actual en redes sociales. 

Si bien, la desinformación coordinada existe y puede ser identificada en campañas tanto a favor como en contra del gobierno, especialistas en seguridad digital de SocialTIC y Matías Di Santi, director de Medios de Chequeado, explicaron para nuestras colegas de Verificado que “una sola gráfica de volumen —sin transparencia metodológica— resulta insuficiente para comprobar una acción coordinada en contra del gobierno”. 

Otro ejemplo de esto sucedió en Brasil: el expresidente Jair Bolsonaro denunció un fraude electoral durante las elecciones de 2018 —en las que resultó ganador— como parte de su campaña, utilizando información falsa, de acuerdo con el medio brasileño Lupa. “La sustentación de que existió adulteración en las urnas electorales fue la desinformación más difundida durante la campaña electoral de ese año”, se puede leer en el Informe Elecciones 2021 en Argentina. Los desafíos de la desinformación a la integridad democrática. 

Además, la Unión Europea impulsa el concepto de Manipulación e Interferencia de Información Extranjera (FIMI, por sus siglas en inglés), el cual describe un comportamiento coordinado y engañoso de actores extranjeros como gobiernos, agencias estatales o grupos afines, los cuales manipulan el entorno informativo de otro país o región para influir en la opinión pública y desestabilizar democracias. 

Un caso en México fue la detección de una red rusa de cuentas desinformadoras que vincularon al gobierno ucraniano con cárteles mexicanos sin aportar pruebas y difundiendo contenido falso, tal como lo reportó El Sabueso y Verificado.

Por ello, es importante distinguir entre la desinformación, la propaganda política y la participación legítima en el debate público. De acuerdo con la Unesco, la difusión de información falsa o engañosa no necesariamente implica que exista una operación organizada, mientras que la coordinación entre cuentas, por sí sola, tampoco significa que se esté difundiendo desinformación.

De igual manera, las críticas a candidaturas, partidos o autoridades, así como las opiniones política de las personas usuarias, forman parte del debate público y no constituyen automáticamente una amenaza contra la integridad electoral.

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¿Qué falta por definir?

Aunque la propuesta ya fue presentada ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, no ha sido creada ni se ha instalado formalmente.

La propuesta busca que el Poder Legislativo participe en la identificación de riesgos digitales que podrían afectar los procesos electorales. Sin embargo, su alcance dependerá de las facultades que se establezcan y de los mecanismos que se definan para realizar sus investigaciones sin vulnerar ningún derecho.

Es importante resaltar que, por ahora, la iniciativa no constituye un mecanismo aprobado para vigilar o sancionar contenidos publicados en redes sociales.

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