Daniela Martínez Martínez · 1 de octubre de 2026
El Senado aprobó la reforma constitucional que establece como requisito tener únicamente la nacionalidad mexicana para competir por la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El proyecto se aprobó el 29 de septiembre con 86 votos a favor y 42 en contra, y ahora fue enviado a los congresos de las entidades federativas. Este plantea reformar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política mexicana.
La reforma no elimina la doble nacionalidad en México para todos los ciudadanos ni establece que las personas que actualmente tienen dos nacionalidades deban perder una de ellas. El cambio solo es en los requisitos para acceder a estos tres cargos públicos.
El dictamen del Senado señala que una persona conserva la posibilidad de mantener ambas nacionalidades, pero tendría que renunciar a la extranjera para cumplir con el nuevo requisito para alguno de estos puestos.
Si una persona tiene otra nacionalidad, incluso por nacimiento, deberá renunciar a la extranjera para poder registrarse como candidata. Además, no podrá adquirir otra nacionalidad durante su mandato.
El proyecto establece que la reforma se aplicará a partir del proceso electoral de 2028 y que no afectará a quienes ya estén ejerciendo alguno de los cargos al momento de su entrada en vigor.
El artículo 82 actualmente establece, entre otros requisitos, que para ser presidente o presidenta se necesita ser ciudadano mexicano por nacimiento, hijo o hija de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años.
La reforma agrega que la persona debe “no tener ni adquirir otra nacionalidad” y que si cuenta con una, deberá renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidata o candidato. No podrán adquirir ni solicitar otra nacionalidad ni invocar ante una autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana.
También se prohíbe “el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante este y el acogerse a su protección diplomática”.

Estos mismos cambios se incorporarán a los artículos 116 y 122 de la Constitución, para que también apliquen a las gubernaturas y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Además, la reforma incorpora las formas femeninas de los cargos. Se agrega “gobernador o gobernadora”, “Presidenta o Presidente” y “Jefa o Jefe de Gobierno”, también expresiones como “ciudadana o ciudadano” y “candidata o candidato”.
Anteriormente, el constitucionalista Carlos Prado explicó a El Sabueso que los artículos que se planean reformar no debían analizarse de manera aislada, sino en conjunto con el artículo 32 constitucional. Este establece que los cargos y funciones para los cuales la Constitución exige ser mexicano por nacimiento se reservan a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad.
Desde esa interpretación, el artículo 32 ya establecía una restricción para quienes hubieran adquirido otra nacionalidad, aunque no especificaba qué ocurría cuando la persona tenía otra nacionalidad desde el nacimiento ni establecía expresamente que tuviera que renunciar a ella.
Ahora, la reforma busca hacer explícito ese supuesto al establecer que quienes aspiren a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno no podrán “tener ni adquirir otra nacionalidad”.
De esta forma, el término “tener” contempla a quienes ya poseen una nacionalidad extranjera, incluso si la obtuvieron desde el nacimiento, mientras que “adquirir” se refiere a quienes tengan otra nacionalidad después. Además, el texto establece que, si la persona ya cuenta con otra nacionalidad, deberá renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidata o candidato.
Para leer más: Senado aprueba tener únicamente la nacionalidad mexicana para gobernar en México.
Integrantes de Movimiento Ciudadano, Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN) denunciaron que la reforma es una regresión en derechos humanos y una medida discriminatoria que estigmatiza a la población migrante al tratarla como ciudadana “de segunda”.
Mientras tanto, la coalición de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) sostuvo que exigir exclusivamente la nacionalidad mexicana por nacimiento para esos cargos garantiza la lealtad institucional, la soberanía nacional y la certeza en el ejercicio del mando ejecutivo.