A 19 años de la despenalización del aborto en CDMX persisten fallas en el servicio de salud

Para garantizar los derechos reproductivos de mujeres y personas gestantes, el 24 de abril de 2007 la Ciudad de México fue la primera entidad del país en aprobar la despenalización del aborto, con lo que a partir de entonces ofrece el servicio de interrupción en hospitales públicos e instituciones de salud.  

La entonces Asamblea Legislativa del antiguo Distrito Federal aprobó reformas al Código Penal y a la Ley de Salud local para legalizar la interrupción legal del embarazo (ILE) de manera voluntaria hasta las 12 semanas de gestación. Esta reforma entró en vigor dos días después, tras su publicación en la Gaceta Oficial de la capital mexicana.    

Pese a que la Ciudad de México fue pionera en implementar la ILE, actualmente es la entidad con mayor número de carpetas de investigación por aborto: desde enero de 2015 hasta 2026 se abrieron 1,587, de las cuales 244 se registraron en 2025, señalan datos recopilados por GIRE obtenidos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

A 19 años de la despenalización del aborto en la capital mexicana, especialistas consultados por El Sabueso reconocen los avances que ha tenido el país respecto al acceso a la ILE como un derecho de salud, pero explican que las contradicciones en la legislación, el desabasto de medicamentos, las deficiencias en los servicios de salud y la criminalización continúan siendo una barrera para el acceso a un aborto seguro. 

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Desabasto de medicamentos y pocas clínicas habilitadas impiden el acceso a la ILE

En septiembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la criminalización del aborto debido a que obstaculiza el derecho a decidir. Con esta resolución, el aborto en el Código Penal tenía que despenalizarse y cualquier persona podría acceder a servicios relacionados con la ILE en instituciones federales de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), las cuales deben prestar servicio ante cualquier solicitud sin criminalizar esta acción. Pero esto no ha sucedido.

Solo 14 unidades médicas públicas de la Secretaría de Salud (Sedesa) y el IMSS-Bienestar proveen el servicio de ILE en la Ciudad de México, de las cuales cuatro otorgan atención únicamente con procedimiento medicado y tres brindan atención con procedimiento quirúrgico y medicado. “La capital se divide en 16 alcaldías y tiene una de las poblaciones más grandes del país; lo ideal —como cualquier servicio de salud— sería ampliarlo para que la clínica más cercana pueda atender a cualquier persona que lo requiera”, visibiliza Ninde MolRe, abogada especialista en derechos sexuales y reproductivos en Abortistas MX.

“Sí es posible que en cualquier consultorio de primer nivel se puedan brindar, al menos, los medicamentos para una ILE y que únicamente los casos que requieran intervención quirúrgica sean canalizados a servicios especializados. Además, se ha reconocido que el personal de partería —tanto profesional como tradicional—, así como el de enfermería perinatal y obstétrica, puede realizar servicios de aborto seguro. Esto ampliaría la disponibilidad de personal capacitado para brindar la atención”, agrega Ninde MolRe. 

De hecho, ya existen experiencias en ese sentido. Por ejemplo, en el Estado de México hay una unidad de aborto seguro en Tultitlán, la cual es atendida por personal de enfermería perinatal. “Son avances que muestran que el modelo es viable, mientras que la Ciudad de México, en este aspecto, se ha quedado más limitada”.

Además, personas que se han acercado a Abortistas MX para acompañar su ILE evidencian que hay un desabasto de medicamentos: “Nos cuentan que, a pesar de que les recetan, a veces no les brindan los medicamentos o se los dan incompletos, cuando la gratuidad de estos es una de las principales razones por las que acuden a servicios de salud públicos”, relata la abogada. 

Otra barrera en la implementación de la interrupción legal del embarazo en las clínicas de la capital mexicana es cuando las pacientes son atendidas por personal objetor —miembros del sistema de salud que se niegan a realizar un acto médico legalmente aprobado por contravenir sus creencias éticas, morales o religiosas—, pues en muchos casos se niega información sobre este proceso y se intenta manipular la decisión. 

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Contradicciones legales en la despenalización del aborto 

El aborto no ha sido despenalizado en la totalidad del país ni existe unanimidad entre las semanas de gestación que son consideradas legales. De acuerdo con Abortistas MX, en 23 estados, incluida la capital, es legal hasta las 12 semanas de gestación; en Sinaloa es legal hasta la semana 13, y en Aguascalientes, hasta las seis semanas. Mientras, en estados como Durango, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro y Morelos está prohibido con excepciones. 

A la par, la SCJN establece que es inconstitucional criminalizar el aborto, es decir, que incluso donde la legislación local no se ha actualizado no debería sancionarse penalmente a las mujeres o personas gestantes que solicitan una ILE.

“Esta decisión de la Corte es muy importante, pero es un avance a medias. No es lo mismo limitar al Estado para que te castigue, a que te garantice el acceso a estos derechos involucrados cuando una persona gestante quiere acudir a un aborto seguro. Es ahí donde aparece el vacío normativo”, explica Lisandro Morales, profesor de derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El derecho a decidir “se vuelve abstracto cuando la falta de infraestructura, de acceso, de personal capacitado y de protocolos claros generan una omisión del Estado, porque su obligación no solamente es permitir, sino garantizar que el servicio exista”, añade. 

Existe una gran distancia entre el reconocimiento jurídico y el acceso efectivo a este derecho, por ello el abogado profundiza: “Si no se puede ejercer en condiciones reales, no es un derecho pleno; en el mejor de los casos, es una promesa y en el peor, una simulación”.

“Hoy tenemos un país desigual en términos normativos generales. Despenalizar sin servicios genera un derecho incompleto, uno que existe en el discurso jurídico y en el papel —en este caso se expulsa como una despenalización—, pero que no se ejerce en condiciones reales”, asegura Lisandro Morales. 

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La criminalización del aborto no ha desaparecido, solo se transformó

Mariana Mancilla Pérez, referente de incidencia política en Médicos del Mundo Francia-México, dice que “es preocupante ver como aumentan las carpetas de investigación por el delito de aborto en la ciudad. Significa que, a pesar de que la instrucción es que es legal acceder a servicios de aborto, aún existen lagunas que abren la puerta a la criminalización”. 

Por ejemplo, cuando las mujeres están al límite de las semanas gestacionales hay mayor negación o retraso en los servicios de la ILE, o cuando la carga de trabajo es excesiva en el entorno jurídico es más tardado que aprueben el proceso. “En estos casos, las personas se movilizan para tener un plan B que haga efectivo su servicio de aborto”, explica Mariana Mancilla Pérez. 

Y agrega que —pensando especialmente en las mujeres y personas gestantes más jóvenes, en aquellas en contextos de movilidad y en quienes viven en zonas alejadas de los servicios de salud— es importante reconocer que muchas personas enfrentan desigualdades adicionales que dificultan aún más su acceso a la atención, pues a menudo tienen dependencia económica o personas a su cargo, lo que complica la posibilidad de trasladarse y atenderse oportunamente. 

Esta combinación de obstáculos provoca que retrasen la búsqueda de información o acompañamiento por parte de colectivos y organizaciones, recurran a prácticas inseguras o, en última instancia, se vean obligadas a continuar con embarazos no deseados, lo que deriva en maternidades impuestas, señala. 

Además, la criminalización no solamente es legal, sino que es un estigma social. “Muchas veces el tema del aborto se tiene que hablar por debajo del agua porque no todas las personas tienen la seguridad para decir abiertamente que está abortando, que abortó o que necesita un aborto. En realidad, no se eliminó la criminalización, sino que se transformó”, concluye Mariana Mancilla Pérez. 

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