“Necesito permiso para informar de ti”: Penguin Random House pelea veto a libro sobre Gloria Trevi
Daniel Medrano · 1 de octubre de 2026
La editorial Penguin Random House (PRH) llevó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, luego de que el organismo prohibiera usar el nombre y la imagen de Gloria Trevi en cualquier contexto, abarcando incluso el periodístico e informativo.
El dictamen administrativo, dictado el 27 de julio de 2026, fija una sanción económica de más de medio millón de pesos a la editorial y contempla multas acumulativas por cada día que el ejemplar Todo a la Luz, escrito por Karla de la Cuesta, permanezca en circulación.
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A través de un pronunciamiento público, la casa editorial defendió la naturaleza de la obra, explicándola como un trabajo de investigación periodística enfocado en el proceso penal donde la cantante resultó absuelta.
El volumen integra la vivencia de Karla De la Cuesta como sobreviviente de explotación laboral y sexual dentro de la estructura de Sergio Andrade, además de compilar declaraciones de más de diez víctimas, análisis de fallos judiciales y contraste de fuentes hemerográficas.
Penguin Random House puntualizó que la inclusión de Trevi responde a su rol central en la indagatoria. Respecto a las dos fotografías de la intérprete que aparecen en el libro, aclaró que se trata de material gráfico de archivo de prensa que formaba parte del propio expediente del caso.
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La orden del IMPI y la respuesta de Penguin Random House
El conflicto legal entre la editorial Penguin Random House y la cantante Gloria Trevi escaló a un terreno inédito para la industria editorial en México, luego de que el IMPI emitió una resolución definitiva en la que prohíbe el uso del nombre, retrato y cualquier elemento de identificación de la artista en el libro Todo a la Luz: El caso criminal que México dejó en la oscuridad.
La determinación administrativa no solo pretende vetar la mención de la figura pública en la obra, incluso con fines estrictamente informativos o periodísticos, sino que impuso a la editorial una multa superior a los 500 mil pesos y la amenaza de sanciones económicas diarias consecutivas en caso de mantener la distribución del ejemplar en el mercado nacional.
Ante lo que consideran una violación directa a la Constitución, Penguin Random House promovió una demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. A través de un pronunciamiento oficial, la casa editorial advirtió sobre la gravedad de la medida.
“Desde que publicamos nuestro primer libro en 1959, nunca habíamos recibido una orden de censura tan contundente, amplia y agresiva contra las libertades informativas“, se pronunció la casa editorial mediante un comunicado.
Eduardo de la Parra, representante legal de PRH, explicó a Animal MX la naturaleza del fallo del órgano regulador y los alcances que pretendió fijar la autoridad administrativa.
“La propia Ley Federal del Derecho de Autor y su reglamento protegen el derecho a la propia imagen y le dan facultades al IMPI para sancionar su uso sin autorización. Es muy importante aclarar que este no es un tema de registro de marcas, es un derecho a la propia imagen que se tiene por el hecho de ser persona”, explicó el abogado.
El litigante subrayó que la obra es una investigación periodística basada en expedientes penales, testimonios judiciales y archivos hemerográficos sobre el caso del denominado clan Trevi-Andrade, por lo que la orden del IMPI desconoce los límites constitucionales entre los derechos de imagen de una figura pública y el ejercicio del periodismo.
De la Parra señala que “en los términos de la resolución, lo que (el IMPI) dice es que, aunque se trate de una figura pública y se trate de una investigación sobre hechos de relevancia para la sociedad, aun así se requiere la autorización. La sanción fue de más de medio millón de pesos y una prohibición hacia el futuro de no volver a usar el nombre, los retratos o cualquier otro elemento que sirva para identificar a Gloria Trevi”.
El riesgo para el periodismo en México
Más allá de la disputa económica entre las partes, Penguin Random House advirtió que la postura asumida por el IMPI sienta un precedente sumamente peligroso para la libertad de prensa en México. De prevalecer el criterio del órgano administrativo, se crearía en la práctica un “derecho de veto” a favor de cualquier figura pública o actor relevante que sea objeto de una investigación periodística.
Bajo ese esquema, ningún medio de comunicación, periodista o editorial podría citar el nombre, difundir la imagen o criticar a una figura pública sin su consentimiento previo, bajo la amenaza de encarar procesos administrativos y sanciones económicas desproporcionadas. Este escenario generaría un severo “efecto inhibidor” sobre el trabajo de investigación y el debate público en el país.
La representación legal de la editorial dejó en claro que la figura de “persona pública” ampara legalmente un espectro muy amplio que trasciende al espectáculo.
“El concepto de figura pública incluye cantantes y actores, pero también incluye deportistas, empresarios, funcionarios públicos, servidores y políticos. El precedente es muy negativo, porque significaría que, aunque seas figura pública, no puedo criticarte, necesito pedirte permiso para criticarte o para informar sobre ti“, enfatizó el especialista.
¿Por qué el libro “Todo a la Luz” sigue vendiéndose en librerías?
A pesar de la orden de prohibición y las multas, el ejemplar Todo a la Luz: El caso criminal que México dejó en la oscuridad continúa comercializándose de manera regular en los estantes de las principales librerías del país y en plataformas digitales.
Esta situación no obedece a un desacato por parte de la casa editorial, sino a un mecanismo de protección jurídica activado ante el TFJA. Al interponer la demanda de nulidad, la defensa de Penguin Random House solicitó y obtuvo medidas cautelares que congelan temporalmente los efectos del dictamen administrativo.
El abogado de la casa editorial detalló la naturaleza técnica de esta suspensión y aclaró por qué los lectores aún pueden acceder a la obra, pues rescata que “no están surtiendo la resolución porque jurídicamente es como ponerle una pausa”.
“Entonces no se puede cobrar la multa y el IMPI no puede ejercer la facultad de impedir que se distribuya el libro o poner las multas adicionales que vienen en la resolución por cada día en que se siga distribuyendo”, precisó el litigante.
Sin embargo, el abogado advirtió que el escenario comercial cambiará drásticamente si el tribunal administrativo emite un fallo definitivo favorable al órgano regulador. De confirmarse la validez de la sanción, la editorial enfrentaría restricciones que no solo impactarían las finanzas del grupo, sino que pondrían en jaque los propios derechos de la autora Karla de la Cuesta.
“Si se confirma la resolución del IMPI y su validez, entonces el libro tendría que salir de distribución y/o sacar una nueva edición donde no venga el nombre y no venga el retrato de Gloria Trevi, lo cual también implica afectar derechos de autor de la autora, porque hay un derecho moral que se llama derecho de integridad, en donde no puedes modificar el texto de un autor sin su autorización”, explicó el especialista legal.
Asimismo, señaló que, de levantarse las medidas cautelares en un fallo en contra, se activarían de inmediato el cobro del medio millón de pesos en multas y un bloqueo permanente para que la empresa vuelva a difundir cualquier obra vinculada con la cantante.
“Complica jurídicamente el escenario: se cobraría la multa y además la editorial ya nunca más podría publicar ningún contenido que aludiera a esta artista”, puntualizó.
La contradicción del IMPI y los precedentes de la Suprema Corte
La demanda promovida por Penguin Random House expone serias inconsistencias procesales y omisiones legales en la resolución del IMPI. El punto central de la defensa radica en que el órgano administrativo omitió valorar el marco legal aplicable al ejercicio periodístico y desconoció sus propias determinaciones previas sobre la obra.
En la contestación entregada a las autoridades, la editorial dedicó más de 17 páginas a fundamentar el criterio de interés público de la investigación sobre el caso Trevi-Andrade. Sin embargo, el IMPI no entró al análisis de dichos argumentos ni del Artículo 74 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, norma que exenta de infracción el uso de la imagen de una persona cuando se realiza con fines informativos, periodísticos o de libertad de expresión.
El abogado de la editorial reveló además un viraje institucional por parte del IMPI, autoridad que ya había avalado la difusión del libro meses atrás.
“Cuando en septiembre de 2024 el IMPI levantó las medidas restrictivas contra el libro, hizo un análisis de que es información que tiene derecho a ser conocida por la sociedad. Incluso determinó que si se seguía impidiendo la entrada del libro, se estaría incurriendo en censura previa”, explicó el litigante.
A pesar de haber reconocido que la obra involucra el derecho a la verdad de las víctimas y la libertad de expresión, el IMPI revirtió su postura en el fallo definitivo sin ofrecer una explicación jurídica sobre el cambio de criterio.
A esta contradicción se suma el desacato a jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Entre los precedentes omitidos destaca el amparo directo 3/2011, relativo al libro Los Demonios del Edén de Lydia Cacho, donde el máximo tribunal determinó que las investigaciones sobre figuras públicas en asuntos de interés general no vulneran el derecho a la propia imagen, un fallo en el que la propia casa editorial fue parte y que resulta directamente aplicable a este caso.
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La embestida judicial contra víctimas y la autora Karla de la Cuesta
El procedimiento iniciado ante el IMPI contra Penguin Random House es solo un frente dentro de una ofensiva judicial más amplia impulsada por la cantante. La defensa de la editorial reveló que existen más de una decena de recursos legales activos contra distintas personas que han vertido testimonios sobre el caso Trevi-Andrade.
Esta red de demandas abarca no solo a la empresa, sino también a la autora de la obra, Karla de la Cuesta. El abogado explicó cómo se han fragmentado los juicios y las acciones legales promovidas por la artista.
“Karla de la Cuesta está demandada también ante el IMPI en un procedimiento aparte por violación al derecho a la propia imagen. Se ha pedido que se unieran los procedimientos, pero el IMPI no quiso hacerlo”, detalló el litigante.
Ante esta situación, la autora interpuso un juicio de amparo contra la resolución del IMPI, debido a que el fallo afecta de forma directa el contenido de su investigación y sus derechos de autor sin que se le haya otorgado la oportunidad de defenderse en el expediente principal instaurado contra la editorial.
A estos expedientes administrativos se suman demandas en materia civil presentadas contra la editorial y la autora. La estrategia legal de la cantante incluso ha echado mano de figuras como la “competencia desleal” para frenar los relatos de quienes han hablado públicamente sobre los hechos.
Por esta razón, la defensa legal inscribió estas acciones dentro de la categoría conocida internacionalmente como SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation o litigios estratégicos contra la participación pública). Este tipo de acoso judicial busca utilizar la vía de los tribunales y las multas millonarias no para reparar un daño, sino para intimidar, desgastar financieramente a las partes e inhibir la difusión de asuntos de alto interés público.
La ruta hacia la CIDH
Ante la gravedad del asunto, Penguin Random House reiteró que agotará todas las instancias legales hasta que la resolución sea anulada de forma definitiva. Si el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no revoca el fallo del IMPI, la editorial promoverá un juicio de amparo directo con la intención de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el expediente y fije un criterio claro sobre los límites de los derechos de imagen frente a la libertad de expresión.
En el plano internacional, la defensa confirmó que acudirán a los organismos multilaterales para alertar sobre este intento de censura. Se dará vista formal a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que mantengan bajo observación el actuar de las autoridades mexicanas y se garantice el derecho a la información de la sociedad.