Sheinbaum contradice a Harfuch; asegura que Rocha Moya solicitó protección federal

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Rubén Rocha Moya pidió protección federal tras haber solicitado licencia como gobernador de Sinaloa. Esto, luego de que hace unos días el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, mencionara que no había sido solicitada.

“Se protege la vida como se protege la vida de cualquier persona que pudiera tener algún riesgo. Entonces, como gobernador de Sinaloa tenía su propia protección y ahora él solicitó protección y se le da, igual que se le da a otras personas que lo solicitan a partir de un análisis de riesgo”, señaló en su conferencia de este miércoles 13 de mayo.

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Lo anterior contrasta con lo dicho por el secretario García Harfuch el 4 de mayo, durante una conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad en Culiacán, cuando mencionó que se había asignado a Rocha Moya un equipo del Servicio de Protección Federal, a pesar de que él no lo había pedido.

“En este caso no fue una solicitud, sino que se recomendó también que tuviera un cuerpo de seguridad, con pocos elementos”, dijo en ese momento el funcionario federal.

Ese mismo día, pero horas antes, durante su conferencia matutina, la presidenta dio a conocer que Rocha Moya contaba con protección tras realizarse un análisis de riesgo, aunque sin detallar si hubo o no una solicitud del funcionario.

A nivel estatal, este 12 de mayo la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, dijo que el mandatario con licencia no ha requerido protección adicional al gobierno de Sinaloa, luego del ataque armado contra una de sus propiedades en la colonia Las Quintas, en Culiacán.

Acusaciones contra Rocha Moya

El gobierno de Estados Unidos acusó a diversos funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa de tener presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, entre ellos al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; al senador Enrique Inzunza; y al exsecretario de Seguridad estatal, Gerardo Mérida Sánchez, entre otros.

En ese contexto, la organización Defensorxs presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra 55 políticos de Morena y otros partidos, a quienes señalan de presuntos vínculos con el crimen organizado y de haberse beneficiado de la llamada “narcoelección” en Sinaloa durante el proceso electoral de 2021.

De igual manera, el PAN presentó en la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra Rocha Moya para buscar su separación definitiva del cargo, impedir que pueda regresar al gobierno estatal y solicitar su inhabilitación por presuntos vínculos con el crimen organizado.