Rocha mantiene seguridad tras pedir licencia; “se hace un análisis de riesgo”: Sheinbaum
Redacción Animal Político · 4 de mayo de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa, mantiene seguridad en su entorno luego de que el gobierno de Estados Unidos lo acusara, junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de dicha entidad, de tener presuntos vínculos con el crimen organizado.
“Sí, normalmente en estos casos, como en cualquier otro, (…) se hace un análisis de riesgo y, sobre eso, se fortalece, se da o no seguridad; y en este momento, pues tiene la seguridad dada la condición que establece el propio Gabinete”, mencionó.
De acuerdo con la mandataria, la asignación de protección aplica para cualquier ciudadano que “tenga alguna consideración de riesgo para su persona”, y se determina tras una evaluación que realiza el Gabinete de Seguridad federal.
Sheinbaum también informó que indicó a Omar García Harfuch, Ricardo Trevilla y Raymundo Morales, secretarios de Seguridad, Defensa y Marina, respectivamente, reunirse con Yeraldine Bonilla Valverde, gobernadora interina.
“Instruí al Gabinete de Seguridad (…) reunirse con la gobernadora interina y poder explicarle cuál es el proceso de coordinación que tenemos allá (…) que sepa el pueblo de Sinaloa que mantenemos todas las fuerzas federales y que vamos a fortalecer la coordinación”, señaló.
EU acusa a funcionarios de Sinaloa de vínculos criminales
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa de presuntos vínculos con grupos dedicados al narcotráfico; entre ellos, el gobernador Rubén Rocha Moya; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el senador Enrique Inzunza; el exsecretario de Seguridad Gerardo Mérida Sánchez, entre otros.
Por esta situación, Rocha Moya solicitó licencia al cargo mientras se realizan las investigaciones correspondientes, lo cual ha sido criticado y considerado insuficiente por la oposición. El PRI exigió la renuncia inmediata del mandatario, mientras que el PAN insiste en que el Senado evalúe la desaparición de poderes en el estado.
De igual manera, organizaciones civiles demandaron que se investiguen a fondo y con total transparencia las acusaciones, y señalaron que esta situación vuelve a poner sobre la mesa problemas estructurales que han sido señalados de forma reiterada.
“Se compromete gravemente la integridad de las instituciones públicas, se distorsiona el ejercicio del poder y se vulneran de manera directa los derechos fundamentales de la población”, señalaron, refiriéndose a posibles vínculos entre autoridades y crimen organizado.