Alfonsina Ávila / Zona Franca · 26 de marzo de 2026
El asesino del buscador Francisco Javier Barajas Piña recibió sentencia condenatoria. Un hecho que representa un avance significativo en el acceso a la justicia en México y un precedente clave en los casos de ataques contra personas buscadoras.
Así lo externó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez a través de un comunicado, en el que también aclararon que el proceso aún no concluye y persisten retos para garantizar justicia plena.
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El pasado 27 de febrero de 2026, la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, encabezada por el magistrado Luis Alberto Valdez López, tomó la determinación por el homicidio calificado de Barajas Piña, ocurrido en mayo de 2021 en el municipio de Salvatierra.

La resolución fue considerada una noticia positiva tanto para la familia Barajas Piña como para el colectivo Ángeles de Pie Por Ti, al que pertenecía la víctima, y para el conjunto de familias buscadoras en el país.
“El fallo reconoce la responsabilidad penal de quienes privaron de la vida a Barajas Piña, quien realizaba labores de búsqueda de personas desaparecidas, incluida su hermana Guadalupe Barajas, desaparecida en febrero de 2019 y localizada posteriormente en una fosa en octubre de 2020, en un predio conocido como Rancho Nuevo del Llanito, cerca del río Lerma. En el sitio se localizaron a 81 personas”, recordaron.
Resaltaron que el caso ha estado marcado por un proceso largo y complejo, impulsado durante casi cinco años por los padres de la víctima, quienes incluso se vieron obligados a desplazarse fuera del estado ante los riesgos derivados de su exigencia de justicia.
“La sentencia también envía un mensaje sobre la urgencia de proteger a las personas buscadoras en México, particularmente en Guanajuato, entidad que concentra el mayor número de casos de este tipo”.
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Entre las pruebas consideradas por el tribunal destacan testimonios presenciales, uno de cuyos testigos fue desaparecido durante el proceso, la detención de los responsables en posesión del arma homicida y evidencia científica como la geolocalización de dispositivos móviles.

No obstante, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez indicó que el proceso judicial enfrenta un obstáculo: aún no se ha realizado la audiencia de individualización de sanciones debido a la interposición de un amparo directo por parte de uno de los sentenciados. La resolución de este recurso será determinante para la conclusión del caso.
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Ante ello, hicieron un llamado al Poder Judicial de la Federación para que resuelva el amparo con prontitud y conforme a estándares de protección a personas defensoras de derechos humanos, a fin de evitar que el caso quede inconcluso.
El homicidio de Javier Barajas Piña se suma a una preocupante realidad nacional. Desde 2010, al menos 34 personas buscadoras han sido asesinadas en México, lo que subraya la urgencia de garantizar condiciones de seguridad para quienes buscan a sus familiares desaparecidos.