Dalila Sarabia · 10 de noviembre de 2026
Entre 2012 y 2018, un total de 521 mil 460 personas abandonaron la capital del país debido a que “el gobierno de la ciudad perdió su rumbo progresista, dejando una estela de corrupción y especulación inmobiliaria”, admitió el secretario de Vivienda capitalino, Inti Muñoz.
La tendencia, sin embargo, no se ha detenido. Cada año, unas 20 mil personas siguen dejando la capital para establecerse principalmente en el Estado de México, expulsadas por los costos de alquiler que, en algunas zonas, son similares a los que se pagan en ciudades conocidas por sus altos precios.
“La renta mensual media de un departamento en la Ciudad de México alcanza los 17 mil 267 pesos, y esto llega a promedios de 24 mil pesos en algunas alcaldías (…) en algunas colonias de la ciudad central, asciende a montos que en efecto, compiten con los montos de la renta de ciudades con rentas caras como Manhattan o como París”, sostuvo el funcionario durante su comparecencia ante comisiones del Congreso capitalino con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno.
“Esto no puede ocurrir. No puede seguir ocurriendo”, subrayó.

La problemática se enmarca en una crisis global. De acuerdo con datos de ONU Hábitat, a nivel mundial, 44 % de los hogares destina más del 30 % de sus ingresos al pago de la renta, lo que indica que no se trata de vivienda económica ni asequible; idealmente, no se debería destinar más de un tercio de los ingresos al pago de un alquiler.
Durante su comparecencia, Muñoz defendió el trabajo realizado por la Secretaría de Vivienda, que para diciembre próximo alcanzará 60 mil acciones de vivienda en la CDMX, con lo que de acuerdo al funcionario, se ha evitado que unas 240 mil personas abandonen la capital del país ante la imposibilidad de hacer frente a una renta.
“Tenemos que ampliar las opciones de vivienda social, mejorar las casas existentes, producir vivienda pública en renta y ofrecer financiamiento asequible. Cuando los precios se alejan de los ingresos de quienes viven y trabajan aquí, la oferta deja de responder a las necesidades de las familias”, dijo Muñoz.
“La especulación inmobiliaria profundiza esa distancia y convierte el acceso a un hogar en un privilegio. Garantizar el derecho a la vivienda no es incompatible con la propiedad privada; al contrario, queremos que más familias sean propietarias de su hogar”, agregó.
Entre octubre de 2024 y octubre de 2026, la Secretaría de Vivienda ha construido unas 16 mil viviendas, y nuevos espacios habitables. Se trata de 8 mil viviendas dentro del programa de vivienda en conjunto, otros 8 mil nuevos espacios de vivienda nueva y mil viviendas dañadas por el sismo de 2017, que han sido reconstruidas o rehabilitadas.
“Hemos entregado, a lo largo de la administración, 7 mil viviendas nuevas o rehabilitadas y estamos por entregar 6 mil viviendas nuevas ya concluidas para un total de 13 mil para fines de 2026”, detalló el funcionario.
Hasta septiembre pasado, informó el funcionario, el Gobierno capitalino había adquirido 131 predios con una superficie de alrededor de 230 mil metros cuadrados; además, la Secretaría de Vivienda cuenta con una cartera de más de 355 predios, que constituyen una reserva territorial de cerca de 380 mil metros cuadrados, con una capacidad proyectada para la construcción de 21 mil 279 viviendas, mediante una inversión estimada de 5 mil 304 millones de pesos.
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En el Centro Histórico, se iniciaron obras para construir más de mil viviendas nuevas en 199 predios y están por comenzar proyectos adicionales para otras mil 615 viviendas, añadió.
Durante su comparecencia, el secretario también se refirió a la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles de la Ciudad de México, actualmente en análisis en el Congreso capitalino.
Explicó que la propuesta busca establecer condiciones más equilibradas entre personas arrendadoras e inquilinas, fortalecer la certeza jurídica y evitar que los incrementos desproporcionados de las rentas provoquen el desplazamiento de las familias de sus barrios y comunidades.
Precisó que la iniciativa no congela las rentas ni establece un precio único, sino que refuerza el límite previsto en el Código Civil para que los incrementos anuales no superen la inflación.
“Establece en cambio, reglas claras, registro digital de contratos, límites a las garantías y cobros exigidos para acceder a una vivienda, sanciones específicas y servicios gratuitos de orientación, asesoría, mediación y conciliación (…) La ley protege a quienes rentan y a quienes ofrecen una vivienda, respeta la propiedad privada —insistimos en ello— y reconoce que cada persona conserva sus inmuebles y decide si decide ponerlos en renta. La certeza beneficia a las familias que buscan un hogar y a quienes desean rentar su patrimonio con derechos y obligaciones claras”, defendió.
Las autoridades, sostuvo, están abiertas para recibir propuestas que permitan fortalecer la iniciativa durante su discusión legislativa.
“Debe ser un esfuerzo en conjunto con ética de la responsabilidad, entendiendo que las viejas fórmulas privatizadoras fracasaron y solamente nos arrojaron una crisis de acceso a la vivienda. Trabajemos todos con el interés público por delante, escuchando a las mayorías y entendiendo que se está del lado del derecho humano a la vivienda o se está del lado de la gentrificación… Es muy importante que tomemos postura”, lanzó el secretario.
Ante la pregunta de la diputada Patricia Urriza, de Movimiento Ciudadano, quien cuestionó las razones por las que la propuesta enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, no contempla la regulación de las plataformas digitales de corta estancia, el funcionario suscribió la necesidad de hacerlo.
“Siempre he pensado que una cosa va con la otra. La regulación para la renta temporal, a través de plataformas digitales. Está en la Ley de Turismo, y ya entró en vigor el sistema y el registro de anfitriones. Se tiene que reforzar la tarea para que se inscriban ahí los anfitriones; mientras, por supuesto, se tiene que lidiar con un lobby que promueve amparos, que busca boicotear cualquier tipo de regulación, cosa que nos parece terrible”, lamentó
“Creemos que lo que establece la Ley de Turismo debe adicionarse con un trabajo conjunto que nos lleve a ver cómo hacemos con el problema que nos genera el que más de 20 mil, 25 mil casas, habitaciones, departamentos, etcétera, estén destinados a ese tipo de arrendamiento y sean uno de los factores determinantes del encarecimiento de las rentas”, agregó.
En su presentación, el titular de la Secretaría de Vivienda también presentó los avances de la estrategia de vivienda pública en arrendamiento, cuyo propósito es ofrecer alternativas habitacionales asequibles a personas y familias que no necesariamente pueden acceder a un crédito para adquirir una propiedad.
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El programa arrancará formalmente el primer cuatrimestre de 2027 con una oferta de 2 mil 243 departamentos que se rentarán preferentemente a personas jóvenes, madres solteras, adultos mayores y personas con alguna discapacidad.
“Es un programa que ampliará las opciones para quienes no pueden comprar una vivienda y necesitan una alternativa asequible. El objetivo es que el pago de la renta no supere por ningún motivo el 30% del ingreso del hogar y que las personas de atención prioritaria puedan vivir cerca también de los servicios públicos, de los empleos y del transporte”, explicó Muñoz.

Actualmente hay cinco proyectos en proceso, con una superficie conjunta de 77 mil 85 metros cuadrados y una capacidad de 2 mil 243 viviendas en las alcaldías Gustavo A. Madero, Coyoacán y Cuauhtémoc.
A esta oferta se suman 327 departamentos generados mediante procesos de redensificación en proyectos de vivienda apoyados después del sismo de 2017. Para una primera etapa de arrendamiento se consideran 125 departamentos y se preparan los lineamientos para su acceso.
“Estos proyectos concretan una nueva oferta pública y forman parte de una estrategia que combina suelo, vivienda social y reglas justas para rentar. Es el primer programa de vivienda pública para arrendamiento en México y América Latina”, celebró.