Recuerdan desalojos del Edificio Trevi ante debate por rentas en CDMX

Eréndira Aquino · 11 de noviembre de 2026

Recuerdan desalojos del Edificio Trevi ante debate por rentas en CDMX

Bajo consignas como “vivienda para vivir, no para invertir” y “ni un vecino menos”, activistas y personas desalojadas colocaron una placa conmemorativa de cemento en las inmediaciones del emblemático Edificio Trevi, ubicado frente a la Alameda Central. El acto busca mantener viva la memoria de las familias sacadas por la fuerza de este inmueble, exigir justicia restaurativa y expresar solidaridad con la huelga de inquilinos que se lleva a cabo en España.

La pieza de concreto, instalada como símbolo de resistencia frente a la gentrificación y la turistificación de la capital, lleva inscrita la leyenda: “Por 60 años fue vivienda y comercio popular”.

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Esta protesta ocurre en un momento clave, en medio de la discusión pública y legislativa sobre la Ley de Rentas Justas en la Ciudad de México. Durante el encuentro, exhabitantes del Edificio Trevi y vecinos afectados de otros predios del Centro Histórico —como el ubicado en República de Cuba 11— hicieron un llamado enérgico a las autoridades capitalinas para que no cedan ante el cabildeo y la presión de las plataformas y empresas como Airbnb.

De hogar vecinal a proyecto hotelero

Durante el acto, los vecinos dieron lectura a un posicionamiento en el que recordaron el proceso de expulsión ocurrido entre 2018 y 2020 en el Trevi, inmueble de arquitectura funcionalista de mediados del siglo XX que albergó durante décadas viviendas y locales populares, y que fue reconvertido para dar paso a un complejo comercial y al hotel “Boca”.

Foto: Erendira Aquino

“El uso de suelo pasó de uso habitacional a comercial y el gobierno de la CDMX ha cobijado al proyecto. Los colectivos que colocamos esta placa conmemorativa estamos convencidos de que la resistencia del Trevi merece no solo ser reconocida, sino buscar alternativas para una justicia restaurativa”, expresaron en el comunicado.

Los manifestantes calificaron el panorama actual de la capital como una “emergencia inquilinaria”, fenómeno que, aseguraron, se recrudeció tras la pandemia de COVID-19 debido al auge de los alojamientos temporales y la especulación inmobiliaria.

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De acuerdo con los datos expuestos por los colectivos, la crisis se aceleró tras los acuerdos institucionales con plataformas digitales: “La ciudad firmó un memorándum de entendimiento con Airbnb. Creció como pocas veces, de 19 espacios ofertados se pasó a 25 mil”, señalaron, advirtiendo que el costo promedio de los alquileres en la ciudad se ha disparado hasta un 60% y que “los desalojos no han parado desde entonces”.

Desgaste institucional y el ejemplo de República de Cuba 11

Carlos Acuña, periodista y uno de los últimos inquilinos desalojados del Edificio Trevi, relató que antes de ser expulsados, los habitantes buscaron ejercer su derecho del tanto para adquirir los departamentos que alquilaron durante décadas, pero fueron ignorados por los propietarios y las instancias judiciales.

Foto: Erendira Aquino

“Nosotros estábamos luchando por nuestro derecho a acceder a los departamentos a través de la compra. Nunca pedimos que se nos regalaran estos departamentos y se nos negó de todas las formas posibles, violando procesos en los tribunales”, denunció.

El afectado añadió que, tras el desalojo, las familias fueron incorporadas a un padrón oficial para acceder a proyectos de vivienda social; sin embargo, hasta la fecha no han recibido avances ni certeza jurídica. “Parece que están administrando el tiempo y la espera de los vecinos para que se cansen y desistan”, lamentó.

Acuña contrastó la falta de avances de este caso con la reciente resolución en el predio de República de Cuba 11, donde el gobierno capitalino anunció la expropiación del inmueble en favor de sus habitantes, sentando un precedente en la lucha por el derecho a la ciudad.

“Queremos que eso se replique en esos casos; hay muchos edificios en ese proceso, atorados por la burocracia y el interés inmobiliario”, concluyó.

Foto: Erendira Aquino

¿Qué propone la Ley de Rentas Justas?

La iniciativa de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles —impulsada en el Congreso de la Ciudad de México para reformar el Código Civil y la Ley de Vivienda local— surge como un intento por frenar la crisis de asequibilidad y el desplazamiento poblacional en las alcaldías centrales de la capital.

Entre sus ejes principales, la propuesta contempla topes al incremento anual de los alquileres, regulación de plataformas de rentas de corta estancia, registro digital de contratos, así como el fomento de la construcción de vivienda asequible para renta.

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En el centro de esta disputa política y territorial se libra un intenso pulso entre los anfitriones de plataformas digitales —respaldados por cámaras empresariales y desarrolladores inmobiliarios— y las organizaciones en defensa del derecho a la vivienda. Por un lado, quienes operan alojamientos de estancia corta sostienen que el alquiler turístico representa una fuente legítima de ingresos para miles de familias de clase media y pequeños propietarios, además de ser un motor económico para el comercio local.

Los colectivos señalan que detrás del discurso de los “pequeños anfitriones” se esconde un proceso acelerado de acaparamiento corporativo, donde fondos de inversión y grandes operadores administran decenas de inmuebles enteros tras expulsar a residentes de larga data. Para los defensores del derecho a la ciudad, la discusión no es meramente mercantil, sino de derechos humanos, por lo que exigen que el gobierno capitalino deje de privilegiar la derrama turística por encima del arraigo vecinal.