Verónica Santamaría · 15 de noviembre de 2026
Andrea Campuzano, bióloga y encargada de los proyectos de conservación en el Rancho Santa Elena, solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) su intervención en el conflicto ejidal por el que desde hace más de tres meses dicho espacio permanece cerrado al turismo.
En el documento también acusa inacción de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y falta de acompañamiento para proteger el sitio designado Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC).
“Estoy aquí para entregar una carta sobre esta problemática y pidiendo apoyo a Semarnat para que hablen con la Conanp para proteger los recursos naturales de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación”.

En entrevista para Animal Político, Campuzano denunció que, tras el conflicto, las personas del rancho han sido víctimas de difamación.
“No ha habido ninguna posición de las autoridades y se está haciendo una cosa mediática de muchísima difamación que no nos merecemos. Es triste que tengamos que ser nosotros quienes defendamos en redes sociales una área destinada voluntariamente a la conservación y no sean las instituciones a las que les corresponde salvaguardar los recursos naturales”, declaró.
En la carta, el Rancho Santa Elena destaca su inconformidad con la actuación del comisionado titular de la Conanp, Pedro Álvarez Icaza Longoria, y su asesor, Mayolo Hernández Hernández, por la falta de un posicionamiento oficial para la protección de la ADVC.
En particular, apuntan que la Conanp contactó a la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas A. C. (CODUC) y, desde ese momento, las problemáticas entre el rancho y personas de ejidos aledaños comenzaron a escalar, señala el documento, afectando la seguridad y tranquilidad de las personas que habitan en el área.
Por ello, el Rancho Santa Elena solicitó a la Semarnat que se esclarezca bajo qué condiciones se reunieron la Conanp y la CONDUC y que se realice una revisión institucional.
El documento presentado menciona que el Decreto de Ordenamiento Ecológico Territorial de Huasca de Ocampo, publicado en el año 2000, indica que tanto el predio de El Arco como Rancho Santa Elena tienen vocación de conservación y están sujetos a un régimen restringido.
Dichas categorías están certificadas por la autoridad ambiental federal con el número de folio CONANP-477/2021, lo cual reconoce al predio como área natural protegida de competencia federal.

En el Artículo 55, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) menciona que las áreas destinadas voluntariamente a la conservación pueden presentar características biológicas y ecológicas similares a reservas de la biosfera, parques nacionales, monumentos naturales, áreas de protección de los recursos naturales, áreas de protección de flora y fauna, santuarios, parques y reservas estatales, o bien, similares a las zonas de conservación ecológica municipales. Estas áreas pueden ser de pueblos indígenas, organizaciones sociales, personas morales, públicas o privadas, y personas físicas.
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Pese a que el Rancho Santa Elena está reconocido como una área protegida para la federación, el 8 de octubre, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas emitió un comunicado señalando que el comisionado titular Pedro Alvarez Icaza y el equipo jurídico de la institución, ha tenido acercamientos para solucionar la situación entre el ADVC y el Ejido Santo Domingo Agua Zarca, pero señalaron que esperarán a la resolución del Tribunal Agrario estatal, pese a ser un tema de jurisdicción federal.
“Desde la Conanp reconocemos que la mejor manera para llegar a acuerdos que beneficien a las comunidades es el diálogo, sin embargo, el caso se encuentra en el Tribunal Agrario del estado, por lo que esperamos que ambas partes reconozcan y sean empáticas con las necesidades de cada área para fortalecer el respeto mutuo y beneficios compartidos”.
Animal Político consultó con las áreas de comunicación de la Semarnat y la Conanp sobre los señalamientos del Rancho Santa Elena por la inacción de la comisión en la protección de esta área protegida.
La secretaría respondió que por el momento no tienen comentarios.

Andrea Campuzano recordó que el Rancho Santa Elena resguarda 827 hectáreas de conservación, se trata del área de este tipo más grande en Hidalgo.
El bosque de Santa Elena es de vital importancia porque ayuda a recargar el agua que abastece de agua potable a 14 comunidades. Además, existen 137 especies endémicas en vida silvestre y 38 de ellas están dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, que están en alguna categoría de riesgo y se deben proteger.

En este contexto, la plataforma Change.org lanzó la campaña “Ayúdanos a proteger Santa Elena, su biodiversidad y el agua de la región”, en la que han recolectado hasta ahora poco más de 81 mil firmas verificadas que entregarán a las autoridades la solicitud de ciudadanos que exigen la protección de esta ADVC.
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“Toca en este momento a las instituciones proteger y tener una postura”, subrayó Andrea Campuzano tras la entrega de la carta en Semarnat.