Rancho Santa Elena: un área protegida en riesgo por un camino que fragmentaría el bosque

El 31 de agosto de 2026, el Rancho Santa Elena —ubicado en el municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo— amaneció con el acceso cerrado en dirección a la hacienda. Una reja de color negro y una puerta improvisada con una lámina de aluminio oxidada bloqueaba la entrada a este sitio que, desde hace cuatro décadas se ha encargado de realizar labores de conservación de la naturaleza. 

“Desde el 31 de agosto no nos permiten la entrada de turismo. (Tres meses después, el 1 de noviembre) nos pusieron una zanja afuerita de nuestra puerta. Nosotros vivimos aquí, y no nos están dejando pasar el gas, no nos están dejando pasar el camión de la basura”, denunció Andrea Campuzano, bióloga y habitante del rancho.

Antes de la zanja que la comunidad cavó frente a la puerta, podían recibir algunos víveres en la reja y con la camioneta del rancho pasaban las cosas de un coche a otro. Ahora ya no es posible.

Santa Elena se ubica a una altitud que va de los 2,240 a los 2,980 metros sobre el nivel del mar, forma parte de la Sierra de las Navajas y se encuentra en el límite de la Sierra Madre Oriental y el eje Neovolcánico.

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Dicho espacio conserva 827 hectáreas de un sitio designado como Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC) certificada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en donde  los propietarios de un predio puedan preservar la biodiversidad de su territorio y los recursos que proveen.

Los propietarios de una ADVC  pueden ser una persona física, moral, privada, pueblos y comunidades indígenas o una organización social y pueden realizar actividades sustentables como ecoturismo, aprovechamiento forestal, agricultura, ganadería, acuacultura, cafetales, viveros, entre otras.

Una área protegida que alberga a especies amenazadas

Santa Elena  tiene registradas  674 especies de plantas, hongos y animales, de las cuales,  137 son endémicas y 38 están protegidas bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

Este lugar cuenta con una certificación de Ecoturismo Sustentable desde hace 12 años, siendo la única en el estado de Hidalgo.

Andrea Campuzano vive en Santa Elena, realiza ciencia ciudadana y trabaja con la comunidad. Además, administra el comedor como parte del servicio del Ecoturismo sustentable.

En entrevista  por primera vez para medios de comunicación, narró a Animal Político lo complicado que ha sido que autoridades como la Comisión de Áreas Naturales Protegidas intervenga en la conservación del bosque.

“Una de las razones por las que una ADVC se registra bajo esa denominación es porque hay instituciones cuyo compromiso es la defensa de los recursos naturales de la ADVC, y la realidad es que, hasta ahorita y espero que las cosas cosas cambien, no hemos tenido ese apoyo y creo que es muy importante”.

El pasado 28 de octubre, la CONANP  publicó en sus redes sociales oficiales acerca del conflicto que enfrenta la ADVC Rancho Santa Elena con autoridades ejidales vecinas, al señalar que “se trata de una controversia de carácter agrario, cuya atención y resolución corresponde a las autoridades competentes, sin que la CONANP tenga atribuciones para resolverla”.

El bosque de Santa Elena corre peligro

Animal Político visitó el rancho Santa Elena el viernes 6 de noviembre y documentó cómo una reja de seis metros de largo y dos metros de ancho impiden el paso de autos hacia la zona de conservación. A esto se suma la zanja.

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Este bloqueo ocurre en medio de un conflicto que fragmentaría el bosque pues el ejido vecino de Santo Domingo Agua Zarca solicita abrir un camino hacia el predio El Arco, que forma parte de la segunda ampliación del ejido. 

La ruta que proponen las autoridades comuntarias atravesaría la zona de conservación y ecoturismo del rancho Santa Elena, pese a que ya existe una vía que comunica al ejido con su ampliación.

Andrea Campuzano relata que durante 10 años han estado en  juicios agrarios en los cuales no se ha resuelto nada. Incluso en 2025, se inició un nuevo juicio.

“El gran problema es que sí hay un camino. En 1997 les entregan el predio con todo y sus servidumbres y ellos tienen un camino para entrar a su predio. Somos una área destinada voluntariamente a la conservación y tanto por el Ordenamiento Territorial de Huasca como el plan de manejo de la ADVC no permite hacer nuevos  caminos sin los estudios correspondientes  porque fracturarían  el área de conservación”.

Además de la amenaza de fracturar el bosque, la bióloga subrayó que los recursos que obtienen para sostener la conservación del bosque es por medio del ecoturismo sustentable que desde el 31 de agosto está detenido por el bloqueo en la entrada.

Animal Político consultó los documentos relacionados con esta problemática. Uno de ellos es el Convenio de Servidumbre con fecha del 13 de mayo de 2015 que celebraron tanto su padre, el ingeniero Roberto Gabriel Campuzano Velasco y el Ejido Santo Domingo Agua Zarca y Anexos representados por sus autoridades como el comisariado ejidal Leobardo Hernández González; el secretario Juan Aguilar Aguilar y el tesorero Leodegario Rosales Meneses para la solución y colaboración en la construcción de un camino a “El Arco” propiedad del ejido, a través de la pequeña propiedad  representada por el ingeniero citado anteriormente.

De acuerdo con el documento, en la fecha señalada ante la Procuraduría Agraria, la SEMARNAT, el gobierno del estado de Hidalgo y el municipio de Huasca de Ocampo, acordaron dar facilidades para hacer los estudios ambientales y forestales que evaluarán y analizarán si un camino era viable. 

El camino que desplazará a las especies que habitan en el bosque

En los resultados del convenio no se señala la creación de una servidumbre de paso; problemática que se discute actualmente en el juicio agrario 101/2025-55, en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 55.

El convenio especifica que el ejido realizaría todos los estudios necesarios para ver la viabilidad de abrir un camino con plazo de 60 días para cumplirse. De acuerdo con Campuzano, el ejido no realizó los estudios, por lo que el convenio ya no tiene vigencia.

Andrea Campuzano enfatizó que la apertura de un camino con las dimensiones que se proponen fragmentaría el bosque. Asimismo, pese a lo señalado en el convenio de 2015 las autoridades ejidales buscan ampliar el trazado del camino y quieren que las puertas permanezcan abiertas.

Incluso, los recursos para mantener las actividades de conservación de esta área natural protegida se verían amenazados ya que con la apertura de un nuevo camino no podrían garantizar la seguridad del sitio al perder el control del acceso al rancho.

“La construcción del camino implica  meter máquinas, hay que romper la piedra, talar árboles. En el primer juicio agrario se hizo un peritaje ambiental y resultó que era impactante para el ecosistema”, señaló.

Insistió en que no es viable hacer un camino porque hay que talar  “y en este momento de la vida es súper importante cuidar los ecosistemas y para nosotros, algo que es muy importante de Santa Elena es que el bosque provee de agua a 14 comunidades y alberga una biodiversidad impresionante”.

La bióloga espera que este conflicto se resuelva con las autoridades por la vía legal, por la importancia ambiental del bosque ya que, de realizarse un camino para extraer maderas se perdería el hábitat de especies pequeñas, como las salamandras, las ranas y los camaleones de montaña.

Además habría atropellamientos de ardillas, zorras, cacomixtles, tortugas y víboras de cascabel quedarían expuestos al paso de vehículos. Y el camino provocaría de manera paulatina erosión de la montaña, arrastrando tierra hacia arroyos y presas, de los que dependen las comunidades.